Ana María Quintero Mondragón

Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
82/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Ana María Quintero Mondragón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el veinte de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; así, una vez que la misma causó ejecutoria en auto de tres de abril del año en curso, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: Emitir de inmediato dentro del juicio ordinario laboral 3B963/2021, el auto en el que provea sobre la admisión o desechamiento de los medios de prueba ofertados por las partes, según corresponda conforme a derecho. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. En auto de trece de abril de dos mil veintitrés, se recibió el oficio J3-2023/2023-PRESIDENCIA, por medio del cual se tuvo a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo copias certificadas de las que se advierte, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, tuvo a la parte actora -aquí quejosa- desistiéndose lisa y llanamente de la demanda y de todos y cada uno de los demandados; dejando insubsistentes las fechas señaladas en autos; por tanto, ordenando el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. 3. Conclusión. En tales circunstancias, es dable concluir que, si bien la sentencia de amparo no fue cumplida, también es verdad que ello se debió a que los efectos de la ejecutoria que la responsable debía cumplir quedaron sin materia, a razón del desistimiento de la demanda laboral. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que no existe materia para la ejecución. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintitrés. Responsable informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sedeen esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copias de las últimas actuaciones del juicio laboral 3B-963/2021, de las que se desprende el desistimiento de la demanda realizado por la actora, aquí quejosa, así como el archivo del expediente de origen, lo que acredita con las constancias que anexa. Vista a las partes. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ANA MARIA QUINTERO MONDRAGON, LA DETERMINACIÓN DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintitrés. Responsable informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sedeen esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copias de las últimas actuaciones del juicio laboral 3B-963/2021, de las que se desprende el desistimiento de la demanda realizado por la actora, aquí quejosa, así como el archivo del expediente de origen, lo que acredita con las constancias que anexa. Vista a las partes. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 82/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Estado de Michoacán: La omisión de dictar auto de admisión de pruebas, dentro del expediende 3B-963/2021, sin que a la fecha se haya emitido el acuerdo respectivo, con lo que vulnera su derecho a recibir justicia pronta, expedita y sin dilaciones. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la omisión reclamada, pues de sus manifestaciones se advierte que ha sido omiso en dictar el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento del material probatorio, pues sostuvo que el retraso alegado fue debido a la pandemia de COVID-19. Asímismo, de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, se desprende que la autoridad demandada en el juicio ordinario laboral 3B-963/3031, por proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, radicó la demanda y en audiencia de catorce de junio de dos mil veintidós se reservó proveer sobre la admisión o desechamiento de los medios de convicción, señalando que el acuerdo de admisión de pruebas les sería notificado a las partes en forma personal, con lo cual dio por terminada la audiencia. CUARTO. Causales de improcedencia. En el presente juicio no se hizo valer alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, de la Ley de Amparo, ni este Juzgado la advierte de oficio, por tal motivo, procede analizar los conceptos de violación. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en los dispositivos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En sentido inverso, este derecho constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Por otra parte, del artículo 880, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo vigente conforme a la tramitación del juicio de origen dispone: Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. ... II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. ... IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. De lo anterior, se obtiene que en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas al concluir su ofrecimiento inmediatamente deberá proveerse sobre su admisión o desechamiento, de igual forma, señala que en caso de reservarse a acordar lo conducente, deberá emitir dicha determinación dentro de los cinco días siguientes. Luego, en el caso particular, quedó acreditado que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se celebró desde el catorce de junio de dos mil veintidós, por lo que resulta evidente que a la fecha ha transcurrido en exceso el término de cinco días con los que contaba la autoridad responsable para emitir el acuerdo en donde se pronunciara sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes. En consecuencia, los conceptos de violación de la parte quejosa son fundados y suficientes para otorgar el amparo que solicita, pues como ha quedado acreditado, la omisión de la Junta responsable transgrede en su perjuicio el artículo 17 constitucional, al haber transcurrido en exceso el término previsto en el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo. Por las consideraciones anteriores es que, resulta claro que la Junta responsable no se ha ajustado a los términos legales que establece la Ley Federal del Trabajo, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que el espectro protector del fallo constitucional tenga en el caso específico un alcance aún sobre las ulteriores actuaciones al acto reclamado, hasta en tanto no se emita el laudo correspondiente, pues de producirse omisiones y dilaciones en éstas etapas también se producirían vulneraciones al derecho de acceso a la justicia. No pasa desapercibido que la quejosa solicitó en su escrito de demanda que al proveer sobre los efectos de la sentencia la autoridad responsable tramite en forma pronta y expedita el juicio de donde emana el acto reclamado, esto es, que las actuaciones subsecuentes se tramiten dentro de los plazos establecidos en la Ley. Al respecto, se considera infundada dicha petición, en razón de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de omisiones que inciden en vulneraciones al derecho a la justicia pronta y expedita los efectos de la protección constitucional que se otorguen deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias Como sustento de lo anterior se cita el criterio de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". SEXTO. Efectos de la concesión. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: Emitir de inmediato dentro del juicio ordinario laboral 3B-963/2021, el auto en el que proveea sobre la admisión o desechamiento de los medios de prueba ofertados por las partes, según corresponda conforme a derecho. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto del presente fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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