Ana María Orozco Ramírez

Expediente 408/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
408/2018
Año
2018
Actuaciones
38
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Juez de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán.
  • Ana María Orozco Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Parte quejosa no desahogó vista. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa feneció, el cual fue otorgado para que manifestara si existe alguna circunstancia que le impida cumplir con la publicación de los edictos a su costa a efecto de que se lleve a cabo el emplazamiento del tercero interesado Manuel Lemus Orozco y/o José Manuel Lemus Orozco. Emplazamiento por edictos al tercero interesado. Ahora bien, y tomando en consideración que este juzgado federal agotó los medios de localización a su alcance para obtener algún domicilio donde pudiera ser localizado el tercero interesado tercero interesado; como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, en concordancia con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se ordena emplazar a juicio al tercero interesado Manuel Lemus Orozco y/o José Manuel Lemus Orozco, mediante edictos, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico Excélsior, o bien, El Sol de México, por ser de los de mayor circulación en la República Mexicana. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 22/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre 2015, tomo I, página 24, registro 2009913, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." En los mencionados edictos, se le hará saber a la parte tercera interesada que debe presentarse ante este juzgado, dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última publicación; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la legislación invocada. Asimismo, fíjese en la puerta de este juzgado, una copia íntegra del edicto por todo el tiempo del emplazamiento. De conformidad con los artículos 22 y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que cuenta con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para el efecto de que recoja los edictos, los entregue para su publicación y acredite ante este Órgano Jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Quedando a su disposición en la secretaría de este juzgado los edictos para su publicación. En apoyo a lo anterior, es de aplicar el criterio jurisprudencial P./J. 27/2015, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto refiere: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Apercibida que en caso contrario, se sobreseerá el juicio de amparo en que se actúa. De igual manera, se le hace saber a la parte quejosa que tiene el derecho de manifestar si tiene alguna circunstancia que le impida cumplir con la publicación de los edictos ordenados, debido a la falta de recursos económicos para cubrir su costo. En razón de lo anterior, y con la finalidad de que la parte quejosa pueda comparecer a recoger los edictos y el tercero interesado esté en aptitud de comparecer a juicio, dentro de los treinta días otorgados, la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, queda sin efectos; y, se ordena reservar su señalamiento, hasta en tanto acredite la parte quejosa la publicación de los edictos de que se trata. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Josué Romero Mena, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos sin mayor trámite, el oficio que suscribe el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, por el cual informa que mediante oficio 2512 de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, remitió el despacho 404/2018 (número de orden 1144/2018); en virtud de que por auto de nueve de noviembre de la citada anualidad, se ordenó agregar a los autos (fojas 167 y 168), lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Director de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, mediante el cual informa que en sus archivos no encontró registro alguno a nombre del tercero interesado Manuel Lemus Orozco y/o José Manuel Lemus Orozco, sin embargo, no ha lugar a mayor trámite, en virtud de que la Arquitecta Gladys Butanda Macías, Directora de Orden Urbano (foja 124), dio cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinte de septiembre de la presente anualidad (fojas 88 y 89). Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Despacho sin diligenciar. Téngase por recibido el oficio que suscribe el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, al que adjunta sin diligenciar el despacho número 408/2018 (número de orden 1144/2018); todo lo cual, se manda agregar a los autos para que surta sus efectos legales; comunicación que deberá darse de baja en el libro respectivo. Requerimiento parte quejosa. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que integran este juicio, se advierte que se agotaron los medios de investigación a fin de localizar al tercero interesado Manuel Lemus Orozco y/o José Manuel Lemus Orozco (fojas 137 a 138); por lo que previo a proceder a su emplazamiento por medio de edictos, como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en concordancia con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada. Con el objeto de que no se violen las reglas del procedimiento y se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, désele vista para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si existe alguna circunstancia que le impida cumplir con la publicación de los edictos a efecto de que se lleve a cabo el emplazamiento del tercero interesado antes indicado, como sería la falta de recursos económicos para cubrir su costo. Aplica a lo anterior, la tesis sustentada por Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 1771, libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, Tesis VII 2° (IV Región) 1k, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Así como el criterio jurisprudencial P./J. 22/2015, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, consultable en la página 24, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Una vez logrado lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda, respecto al emplazamiento por medio de edictos. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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