Ana María Puentes Duarte
Expediente 1022/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ana María Puentes Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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Juicio de amparo: 1022/2021 El ocho de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción con folio 2084. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por la autoridad responsable Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil con sede en León, Guanajuato; mediante la cual acusa recibo del oficio 34876/2022, del índice de este juzgado. Lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González,, secretario de Juzgado quien autoriza y da fe. *karina 197 95 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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... Zacatecas, Zacatecas, a seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos en el que se sobreseyó; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse al juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región León, con residencia en León, Guanajuato, las constancias que en su momento allegó con su informe justificado, consistentes en dos tomos; lo anterior, en razón de que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. ...
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1022/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, ante la secretaria de guardia del Juzgado Regional de Oralidad mercantil región León, Guanajuato, Ana María Puentes Duarte, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales señalados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del asunto como amparo directo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, bajo el amparo directo civil número 928/2021. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Presidente de dicho Tribunal Colegiado determinó que carecía de competencia legal para conocer del asunto y ordenó remitir el asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en León, a fin de que se procediera al conocimiento del asunto. CUARTO. Incompetencia declinada por otro Juzgado de Distrito. La demanda de amparo aludida se turnó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, recibió la competencia declinada por la Superioridad; sin embargo, el citado órgano jurisdiccional, al momento de analizar la demanda de amparo, determinó que no era competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, dado que el bien inmueble que defendía la parte quejosa, se encontraba en la jurisdicción territorial de Zacatecas, Zacatecas. En tales condiciones, ordenó remitir la demanda al Juez de Distrito en turno, en el estado de Zacatecas. QUINTO. Aceptación de la competencia. La demanda de amparo aludida se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia declinada, así como el conocimiento del asunto y se registró bajo expediente 1022/2021; asimismo, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, cumpliera lo siguiente: 1).- Manifestara si era su deseo, señalar como acto reclamado la diligencia de embargo de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. 2).- En caso de ser afirmativo, señalara la autoridad a la cual le atribuía tal acto, así como los conceptos de violación con los cuales pretendía demostrar la inconstitucionalidad del acto 3).- Exhibiera las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y formar el cuaderno de suspensión por separado. Atendiendo a que la parte quejosa, tenía su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, se giró atento exhorto al Juez de distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a fin de que notificara a la parte quejosa el acuerdo respectivo y la requiriera para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, se realizarían las subsecuentes notificaciones por medio de lista. SEXTO. Recepción de exhorto y admisión de la demanda de amparo. En proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el exhorto que fuera enviado al Juez de distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y que por razón de turno, le correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito, del que se advirtió que la parte quejosa fue notificada del auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno mediante lista de acuerdos publicada el once del citado mes y año por la autoridad exhortada, sin que a esa fecha haya dado cumplimiento. En tales condiciones, por los restantes actos reclamados y autoridades responsables, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, conforme al acta que antecede. SÉPTIMO. Vista para ampliación. Por otro lado, en auto de seis de julio de dos mil veintidós, se destacó que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato, esto es, del expediente 439/2019, se lograba apreciar que la parte quejosa fue emplazada mediante diligencia practicada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se procedió al embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas, por conducto de la Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital; de ahí, que se advirtió la existencia de un nuevo acto reclamado a la citada autoridad que podría dejar sin defensa a la parte quejosa. En consecuencia, se requirió a la quejosa para que dentro del término de quince días hábiles legalmente computados, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el emplazamiento practicado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, así como la diligencia de embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas y como autoridad al Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital. Ahora, en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, al haber transcurrido el término de quince días que le fue otorgado para que ampliara su demanda de amparo y al no hacer manifestación alguna, se continuó el trámite del juicio, únicamente respecto de los actos reclamados y autoridades responsables indicados en el escrito inicial de demanda. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VII de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo por autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: 1).- Del Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato: La falta de citación y emplazamiento al juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, así como el inminente remate del inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, Fraccionamiento Lomas de San Francisco de Zacatecas. 2).- Del Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado de oralidad mercantil citado: La falta de citación y emplazamiento al juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, así como la inminente ejecución de la sentencia dictada en el juicio principal y las sentencias interlocutorias que se hayan dictado. 3).- Del Registrador Público de la Propiedad del estado de Zacatecas: La inscripción del embargo practicado dentro del juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, tramitado ante el Juzgado Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato. En este apartado, se hace la precisión que en auto de seis de julio de dos mil veintidós, se requirió a la quejosa para que dentro del término de quince días hábiles legalmente computados, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el emplazamiento practicado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, así como la diligencia de embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas y como autoridad al Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital. Sin embargo, al no hacer manifestación alguna, se continuó el trámite del juicio, únicamente respecto de los actos reclamados y autoridades responsables indicados en el escrito inicial de demanda. De ahí, se logra apreciar que la parte quejosa no señaló como actos reclamados el emplazamiento practicado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, ni tampoco la diligencia de embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas, menos aún designó como autoridad responsable al Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato y Secretario de acuerdos de su adscripción, al rendir sus informes justificados, manifestaron que eran parcialmente ciertos los actos, bajo los siguientes argumentos: a).- En cuanto al acto de que no fue debidamente emplazada la quejosa, negaron ese hecho, pues en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se desprendía que quien atendió la diligencia fue la propia quejosa Ana María Puentes Duarte, admitiendo que la firma en el pagaré era suya, que no contaba con la cantidad, ni tampoco con bienes que señalar para embargo, por lo que, se procedió a embargar el bien señalado en su demanda de amparo. b).- Por otro lado, reconocieron que ya se dictó sentencia definitiva el ocho de julio de dos mil veinte. c).- Finalmente, refirieron que es cierto que se señaló fecha para remate, sin que se haya realizado acto alguno tendiente a su ejecución. Ante ello, se tienen por ciertos los actos reclamados. Por otro lado, el oficial del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe de ley, aceptó la anotación de un embargo practicado dentro del juicio oral mercantil SOM 439/2019 del índice del Juzgado Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato Así pues, los actos reclamados se encuentran contenidos en el original del expediente número SOM 0439/2019 y copias fotostáticas certificadas de la anotación marginal, mismas que remitió el juez y oficial del Registro Público de la Propiedad señalados como responsables en apoyo a su informe justificado; documentales públicas que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." A).- Artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo (Hipótesis actualizada). Ahora, respecto a los actos reclamados consistentes en la falta de citación y emplazamiento al juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, así como la inminente ejecución de la sentencia dictada en el juicio principal y las sentencias interlocutorias que se hayan dictado, atribuidos al Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado de oralidad mercantil, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, los invocados artículos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. En el caso se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable al Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado de oralidad mercantil; sin embargo, se estima que entre las facultades de dicho servidor público se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez. Por tanto, el secretario únicamente autoriza en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria. De ahí que se estime que no se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 87 del Tomo VII enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.- Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del Secretario de Acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el Juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el Juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido Secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". Luego, se insiste, la función del secretario es limitada ya que no tiene ninguna injerencia en la decisión o resolución que firme, es decir, el secretario de acuerdos no actúa con imperio o autonomía. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo previsto por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos atribuidos al Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado de oralidad mercantil. B).- Artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo (Hipótesis actualizada). En otro aspecto, el suscrito juzgador advierte que en lo relativo a los actos reclamados consistentes en la falta de citación y emplazamiento al juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, que se atribuyen al Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". De los anteriores preceptos se obtiene que el juicio de amparo se torna improcedente; cuando dicha improcedencia devenga de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley de Amparo; así, del segundo de los preceptos y fracción, se obtiene que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y, del último de los numerales y fracción invocados, se advierte que como requisito de la demanda de amparo, debe expresarse la autoridad responsable de la emisión de acto. De la interpretación en sentido contrario de los artículos transcritos, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso omita señalar en su demanda, a la autoridad que emitió el acto reclamado. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa reclama la falta de citación y emplazamiento al juicio oral mercantil número SOM 0439/2019. Ahora, del original del Juicio oral mercantil número 439/2019 se logra apreciar que la demandada Ana María Puentes Duarte fue emplazada mediante diligencia practicada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se procedió al embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas, por conducto de la Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital. Circunstancias que de manera evidente, demuestran que la autoridad responsable que ejecutó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos del Juicio oral mercantil número 439/2019, en la que se emplazó de manera personal a la demanda Ana María Puentes Duarte y en la que se procedió al embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas, lo fue el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la ciudad de Zacatecas. Asimismo, es de precisarse que el citado diligenciario, llevó a cabo los actos ordenados en el juicio oral mercantil número 439/2019, en auxilio de las labores del Juzgado Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato; es decir, su actuación se realizó en su calidad de autoridad ejecutora, que como quedó precisado, sólo realizó los actos en apoyo al juez de origen y además, el Ministro ejecutor no fue señalado como autoridad responsable. No obstante ello, en autos se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el emplazamiento practicado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, así como la diligencia de embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas y como autoridad al Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital, sin embargo, al no hacer manifestación alguna, se continuó el trámite del juicio, únicamente respecto de los actos reclamados y autoridades responsables indicados en el escrito inicial de demanda. Por tanto, dado que el Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital, de quien se demostró que llevó a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos del Juicio oral mercantil número 439/2019 y no fue llamada a juicio, en virtud de que la parte quejosa fue omisa en señalarla como autoridad responsable, aun y cuando se le requirió para que dentro del plazo de quince días, manifestara si ampliaba su demanda respecto de dicha autoridad y no hizo manifestación alguna, se concluye que no es posible examinar la litis constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 44, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." En suma, al surtirse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto de los actos atribuidos a la responsable precisado en este considerando, de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. C).- Artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo (Hipótesis actualizada). Por otro lado, en relación a los actos consistente en el inminente remate del inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, Fraccionamiento Lomas de San Francisco de Zacatecas y la inscripción del embargo practicado dentro del juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, que se atribuyen al Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato y oficial del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]". Dicha causa se fundamenta también en la jurisprudencia VI. 2º. J/998, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". En términos del precepto legal y la jurisprudencia antes citados, se tiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos tácitamente y no se impugna por vicios propios. En efecto, al aceptar un acto expresa o tácitamente, el gobernado debe aceptar y someterse a sus consecuencias jurídicas, por servirle de sustento, pues antijurídico e ilógico sería estar de acuerdo con el primero, pero no aceptar los segundos como sus efectos. La anterior consideración tiene apoyo en la tesis 179, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Para tener por actualizado el motivo de improcedencia invocado, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: 1. Que el acto reclamado carezca de autonomía e individualidad, siendo consecuencia necesaria, directa e inmediata de otro. 2. Que ese otro acto, del cual deriva el impugnado por la vía del juicio de amparo, se repute por la ley como consentido. Ahora, de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierten los siguientes antecedentes: 1. La demandada Ana María Puentes Duarte fue emplazada mediante diligencia practicada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se procedió al embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas, por conducto de la Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital - fojas 118-119 del tomo de pruebas 1/1 -- 2. El ocho de julio de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a la demandada Ana María Puentes Duarte, al pago de la cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como al pago de interés interbancario (fojas 133-140 Ibídem). 3.- Una vez que quedó firme la sentencia definitiva, se procedió a continuar con la etapa de ejecución, en la que emitió el avalúo del bien inmueble de referencia, por lo que, en proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se fijó día y hora para la audiencia de remate, siendo la postura legal la cantidad de $771,802.66 (Setecientos setenta y un mil ochocientos dos pesos 66/100 moneda nacional); asimismo, se convocó a postores y acreedores; de igual forma, se ordenó dar publicidad a la almoneda en la puerta del juzgado exhortado (fojas 294-295 Ibídem). De lo anterior, se advierte que el acto reclamado, consistente en el inminente remate del inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, Fraccionamiento Lomas de San Francisco de Zacatecas y la inscripción del embargo practicado dentro del juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, carecen de autonomía, por cuanto a que son una consecuencia directa de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos del Juicio oral mercantil número 439/2019, en la que se emplazó de manera personal a la demanda Ana María Puentes Duarte y en la que se procedió al embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, colonia Lomas de San Francisco en Zacatecas, por lo que es indudable que existe una relación entre ambos, surtiéndose así el primer requisito para ser un acto derivado de otro consentido. Lo anterior es así, porque el remate del inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, Fraccionamiento Lomas de San Francisco de Zacatecas y la inscripción del embargo practicado dentro del juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, únicamente constituyen una consecuencia real y directa del embargo practicado en el citado procedimiento; por lo cual se advierte que las citadas autoridades responsables no actuaron de manera autónoma sino en cumplimiento a la etapa de ejecución, en la que se procedió a la valuación del inmueble y a la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Ahora, el segundo requisito también se cumple, pues "el otro acto", es decir, el embargo del bien inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, Fraccionamiento Lomas de San Francisco de Zacatecas y la inscripción del embargo practicado dentro del juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, que se llevó a cabo mediante diligencia practicada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, por conducto de la Ministro Ejecutor adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la Capital, fue consentido por la parte quejosa, al omitir inconformarse en su contra, como se analizó en párrafos precedentes. Igualmente, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, registro 232011, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Primera Parte, Materia Común, Página 9, de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". De igual manera, en relación con el acto que se analiza, se actualiza la causa de contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" En efecto, del escrito de demanda no se advierte que: a) Se haya dictado acuerdo en el que se dio por cumplida la sentencia de ocho de julio de dos mil veinte emitida en el juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, del índice del Juzgado Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato; o b) Que se haya decretado la imposibilidad del cumplimiento de dicha resolución; o c) Que el juez de origen haya ordenado el archivo definitivo del expediente. En esta tesitura, se aprecia que no se está en el supuesto para la procedencia del juicio de amparo, porque una vez iniciada la etapa de ejecución de la sentencia, conforme a la ley de la materia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de resoluciones dictadas o actuaciones practicadas intermedias en ese periodo; puesto que a contrario sensu, el controvertido constitucional únicamente resulta procedente frente a la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, en donde se podrán alegar las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es importante destacar que el periodo que abarca la etapa de ejecución de sentencia, constituye la satisfacción de la obligación emanada del fallo dictado en el juicio respectivo, lo que estriba en un verdadero título que proviene directamente de la condena determinada en esa resolución y dicha ejecución puede llevarse a cabo de manera forzosa o voluntaria; es volitiva, cuando quien se encuentra obligado otorga cumplimiento espontáneamente; en cambio es forzosa, cuando la satisfacción se alcanza a través de los medios previstos por la ley con independencia de la voluntad del obligado o aún en su contra. En este orden de ideas, la etapa de ejecución inicia cuando existe la declaratoria por parte de la autoridad judicial de que la sentencia causó ejecutoria y se elevó a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por lo fallado, con la consiguiente obligación para quien perdió la contienda, de efectuar el pronto y cabal cumplimiento en la satisfacción de la condena a favor del actor, pues es inconcuso que los derechos litigiosos emanados de la controversia, al dictarse el fallo y considerarse con efectos irrecurribles, en virtud del auto que la declara ejecutoriada, dota al enjuiciante de la posibilidad de pedir en el menor término posible y dentro de los cauces de la ley, el cumplimiento de la sentencia. Sobre esta tesitura, el periodo de ejecución debe entenderse como un lapso en el que debe privar la celeridad. El espíritu sobre la prontitud en la integración y término de dicha fase procesal se encuentra recogido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuya finalidad primordial lo constituye el hecho de que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra todos aquellos actos que tiendan a la obstrucción del proceso de ejecución del que se habla, limitando la posibilidad que las partes puedan acudir a su promoción, sino es frente a la última determinación dictada en el procedimiento ejecutorio respectivo, o sea, aquélla que decreta el cumplimiento total de lo sentenciado o en su defecto la imposibilidad para dar cumplimiento o se haya ordenado el archivo del expediente. Es así que la razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el proceso de ejecución, por constituir el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencias o laudos a la última resolución que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe citar al respecto la jurisprudencia bajo el rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así como la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", Tomo XVII, junio de 2003, página 11, tesis 1a./J. 29/2003; "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del país estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga". En el caso concreto, los actos reclamados consistentes en el el inminente remate del inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, Fraccionamiento Lomas de San Francisco de Zacatecas y la inscripción del embargo practicado dentro del juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, que se atribuyen al Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato y oficial del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad; sin embargo, esos actos solo constituyen una actuación proveniente de un órgano jurisdiccional emitido en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio oral mercantil; sin embargo, dichos actos no constituyen la última resolución de esa fase (de ejecución), pues en ellos no se ha aprobado el cumplimiento total de lo sentenciado o que se haya decretado la imposibilidad para ello u ordenado el archivo definitivo del expediente. Por lo que las violaciones procesales que en su caso pudieran derivar del acto tildado de inconstitucional, es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto hasta en tanto se pronuncie en el juicio natural el aludido mandato. Esto es así, pues el acto reclamado, que constituye una decisión tomada por la autoridad responsable, claramente puede considerarse que no se trata de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, sino que constituye una determinación intermedia dictada dentro del citado procedimiento a fin de lograr el debido cumplimiento del fallo definitivo, sobre todo, por lo narrado por la parte quejosa en su demanda, no se desprende dato o elemento de convicción alguno que demuestre, sin lugar a dudas, que se haya dado cumplimiento a la sentencia civil que pudiera tener por cumplida la sentencia, y si bien es factible que durante el procedimiento respectivo puedan surgir algunos vicios, la impugnación de éstos no debe realizarse en forma aislada a través del juicio de amparo, sino hasta el dictado de la última resolución por imperativo del artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En estas circunstancias es que este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para analizar la legalidad de los actos de autoridad reclamados, dado que en el particular con la emisión de tales actos, no se encuentran actualizadas las hipótesis de excepción a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora, no debe pasarse inadvertido que la única circunstancia que exime al solicitante de protección constitucional para interponer el amparo sin esperar el dictado del último acuerdo en la ejecución de sentencia (habiendo sido parte en el juicio de origen) es cuando éste no haya sido llamado a juicio o habiendo sido emplazada no se haya realizado conforme a las reglas que marca el procedimiento, lo que en el caso en concreto no acontece, en virtud de que de autos ha quedado demostrado que la quejosa perdió la calidad de tercera extraña al haber quedado firme el emplazamiento de que fue objeto. Aunado a lo anterior, es evidente que los actos reclamados consistentes en el inminente remate del inmueble ubicado en calle Privada Sierra Nevada número 131, Fraccionamiento Lomas de San Francisco de Zacatecas y la inscripción del embargo practicado dentro del juicio oral mercantil número SOM 0439/2019, derivan de otro consentido y, por ende, con fundamento en los artículos 61, fracción XIII, y 63, fracción V, de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo biinstancial. Tiene sustento a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "TRANCE Y REMATE DE LOS BIENES EMBARGADOS. SI NO EXISTE EN AUTOS INCONFORMIDAD EN CONTRA DEL EMBARGO REALIZADO, NI DEL PROCEDIMIENTO MERCANTIL QUE DIO LUGAR AL ACTO RECLAMADO, AQUEL CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.- Si el tercero extraño a juicio promueve amparo indirecto en contra de la resolución que ordena el trance y remate de los inmuebles de su propiedad, y de los actos derivados de ésta, pero no existe en las constancias de autos inconformidad alguna en contra del embargo realizado, a través del cual se aseguraron los bienes inmuebles materia de la litis, ni en contra del procedimiento mercantil de donde emana el acto reclamado, tal juicio de garantías debe declararse improcedente en términos de la fracción XI, del artículo 73, de la Ley de Amparo, en razón de que la sentencia reclamada constituye un acto derivado de uno consentido." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso -terminar la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al fondo planteado-, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados al oficial del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ana María Puentes Duarte, por propio derecho, respecto de los actos reclamados al Juez Regional del Sistema de Oralidad Mercantil Región León, Guanajuato y Secretario de acuerdos de su adscripción; y oficial del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza, el día de hoy dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. L´JMZG En Zacatecas, Zacatecas a dieciocho de octubre de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
Juicio de amparo: 1022/2021 El suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, CERTIFICO: Que el juicio de amparo 1022/2021, se encuentra con audiencia celebrada, toda vez que se señalaron las nueve horas con diez minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós, encontrándose pendiente de emitir la resolución correspondiente. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con folio 17332. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el mencionado juicio de amparo 1022/2021, se encuentra con audiencia celebrada, toda vez que se señalaron las nueve horas con diez minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes y agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Capital, mediante la cual ofrece pruebas, sin que haya lugar a proveer respecto de las mismas, en virtud de que resulta extemporánea su presentación. Luego una vez que se emita dicho fallo, sin posterior acuerdo glósese al citado expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. CUADERNO DE ANTECEDENTES JUICIO DE AMPARO 1022/2021 FORMADO CON MOTIVO DE QUE EL JUICIO DE AMPARO CITADO SE ENCUENTRA CON AUDIENCIA CELEBRADA EL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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