Ana María Guerrero Perez
Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ana María Guerrero Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
CERTIFICACIÓN. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, el secretario CERTIFICA: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiocho al treinta de septiembre de la presente anualidad. No existe recurso pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional concedió la protección de la Justicia Federal solicitada; para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la protección de la Justicia de la Unión. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión de la tutela constitucional consisten en que la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, así como aquellas autoridades dependientes del ISSSTEZAC que se encuentren obligadas a cumplir la sentencia de amparo, en el correspondiente ámbito de sus competencias: Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague al quejoso Ana María Guerrero Pérez, la prestación de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno y futuros, derivada de la pensión por jubilación a la que tiene derecho y que no le ha sido pagada, sin que sea sujeta a reducción; y en el caso de insistir en suspender o reducir el monto, deberán promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia." Resolución que causó ejecutoria por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, fecha en la que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Luego, la responsable dio cumplimiento en fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós, circunstancia que comunicó por oficio registrado con folio 16888 recibido por este juzgado el veinte de septiembre de la presente anualidad, indicando que ya se había realizado el pago a la quejosa de la prestación de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, y que, para corroborar lo anterior remitió el comprobante de trasferencia electrónica a favor de la quejosa. Con lo anterior, se dio vista a las partes por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que se hiciera manifestación alguna. Por tanto, toda vez que se han acatado los efectos del fallo protector; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ARCHIVO En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público Federal. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: CERTIFICACIÓN. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, el secretario CERTIFICA: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiocho al treinta de septiembre de la presente anualidad. No existe recurso pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional concedió la protección de la Justicia Federal solicitada; para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la protección de la Justicia de la Unión. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión de la tutela constitucional consisten en que la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, así como aquellas autoridades dependientes del ISSSTEZAC que se encuentren obligadas a cumplir la sentencia de amparo, en el correspondiente ámbito de sus competencias: Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague al quejoso Ana María Guerrero Pérez, la prestación de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno y futuros, derivada de la pensión por jubilación a la que tiene derecho y que no le ha sido pagada, sin que sea sujeta a reducción; y en el caso de insistir en suspender o reducir el monto, deberán promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia." Resolución que causó ejecutoria por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, fecha en la que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Luego, la responsable dio cumplimiento en fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós, circunstancia que comunicó por oficio registrado con folio 16888 recibido por este juzgado el veinte de septiembre de la presente anualidad, indicando que ya se había realizado el pago a la quejosa de la prestación de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, y que, para corroborar lo anterior remitió el comprobante de trasferencia electrónica a favor de la quejosa. Con lo anterior, se dio vista a las partes por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que se hiciera manifestación alguna. Por tanto, toda vez que se han acatado los efectos del fallo protector; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ARCHIVO En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público Federal.
- Principal
El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con folio 16888. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Delegado de la autoridad responsable, por el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y adjunta la constancia con la que lo acredita; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo que se agregan, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El ocho de septiembre de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado certifica: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiocho de abril al trece de mayo, para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y para la autoridad responsable del veintisiete de abril al doce de mayo, todos de dos mil veintidós; sin que hubieran interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa. Que sí se tramitó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva. Que no se exhibió billete de depósito sobre el cual haya que proveer. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiere sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia solicitado; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: ". la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, así como aquellas autoridades dependientes del ISSSTEZAC que se encuentren obligadas a cumplir la sentencia de amparo, en el correspondiente ámbito de sus competencias: Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague al quejoso Ana María Guerrero Pérez, la prestación de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno y futuros, derivada de la pensión por jubilación a la que tiene derecho y que no le ha sido pagada, sin que sea sujeta a reducción; y en el caso de insistir en suspender o reducir el monto, deberán promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia. Con la obligación de efectuar el pago de manera retroactiva, esto es, desde el momento en el que le fue suspendido el pago de la prestación en cuestión.". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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