Ana María Martínez Espinosa
Expediente 935/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana María Martínez Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que signa la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión de siete de noviembre del presente año, dictada en el recurso de queja ********************. La resolución emitida por el órgano en mención, en su punto resolutivo, señala lo siguiente: "ÚNICO. ES INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ******************** contra el acuerdo emitido el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 935/2023-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez." Acúsese recibo a la superioridad, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado vía electrónica por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual, acusa recibo del diverso proveniente de este juzgado e informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra del auto que desechó la demanda, y lo radicó bajo el número 302/2023; de lo que se toma conocimiento y se está a la espera de la resolución que se dicte en dicho medio de defensa. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo y dado a que, hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Asimismo, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión. Además, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el número de red #350 1237, teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1237. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la quejosa consisten en: La sentencia definitiva dictada dentro del expediente 268/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil, Juicio Especial Hipotecario. La ilegal, improcedente e inoperante diligencia, consistente en el emplazamiento supuestamente formulado al juicio 268/2013, es decir la falta de emplazamiento del hoy tercero extraño Miguel Pulido García. La diligencia de remate en primera almoneda del bien inmueble, sin que todas las partes hayan sido llamadas a juicio; "por lo que se me está dejando en un total estado de indefensión." DESECHAMIENTO Atento a ello, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. (.)". En ese sentido, de los antecedentes de los actos reclamados, se desprende que la quejosa es parte en el juicio de origen del que hace derivar el acto reclamado, pues manifiesta entre otras cosas lo siguiente: Encontrándose en tiempo y forma, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, mediante la cual expuso excepciones y defensas que estimó pertinentes y en las cuales manifestó la calidad y condiciones en las que se encontraba dentro de tal contrato. Por auto de techa siete de octubre de dos mil catorce el juez de única instancia, tuvo presentada la contestación de la aquí quejosa en tiempo y forma; por lo que hace a MIGUEL PULIDO GARCIA el a quo lo declaró en rebeldía, debido a que no contestó la demanda y, por tanto, se le tuvo por contestada la demanda en sentido negativo. Inconforme con la sentencia antes mencionada, la solicitante del amparo interpuso recurso de apelación mediante escrito de fecha veintinueve de abril de dos mil quince; sin embargo, en fecha dos de septiembre del año dos mil quince, el a quo no admite trámite el recurso de apelación interpuesto por la quejosa por no proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 691, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Luego entonces, queda plenamente acreditado que a la quejosa no le recae el carácter de tercera extraña a juicio, pues evidentemente es parte formal y material del proceso jurisdiccional del que emanan los actos reclamados. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de criterios 2a./J. 47/2011 (10a.), sostenida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1627, Libro V, del tomo II (febrero de 2012), Décima Época, con registro digital 2000293, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". Asimismo, de su escrito de desahogo, se desprende que el expediente 268/2013, se encuentra en etapa de ejecución, lo anterior es así, pues de la transcripción que la promovente hace de la sentencia que por esta vía reclama, se advierte, se resolvió lo siguiente: (.) PRIMERO.- La vía elegida para la tramitación del presente juicio fue procedente en el cual la parte actora SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, acredito su acción planteada y la parte demandada MIGUEL PULIDO GARCIA no contestó la demanda así como la codemandada ANA MARIA MARTINEZ ESPINOSA no justificó sus excepciones y defensas planteadas. SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo estipulado para cumplir el importe del crédito otorgado, cubriendo así la pretensión reclamada en el escrito inicial de demanda inciso A). TERCERO.- Se ordena a la parte demandada al pago de las siguientes cantidades: la cantidad de 56, 624. 20 UDIS en su equivalente a moneda nacional, por concepto de suerte principal, la cantidad de 24.56 UDIS en su equivalente a moneda nacional al momento de realizarse el pago, por concepto de interés moratorios generados al 11 de febrero de dos mil trece, cantidad que deberá de cubrir dicha parte demandada en su equivalente que tenga en pesos al momento del pago, en un término de cinco días contados a partir del día siguiente en que el presente fallo cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, quedando apercibida que de no hacerlo se sacará en remate el bien inmueble materia de la hipoteca, consistente en: "VIVIENDA "D" DEL CONJUNTO EN CONDOMNIO MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL 18, DE LA CALLE BOSQUE DE ALIES, EDIFICADO SOBRE EL LOTE 11 DE LA MANZANA 4 DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "REAL DEL BOSQUE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, con las medidas, linderos y superficie que se precisa en el instrumento notarial exhibido como base de la acción, previa tramitación del procedimiento de ejecución correspondiente y con su producto se hará pago a la actora. CUARTO.- Se condena a la parte demandada al pago por concepto de interés moratorio así como al pago de pena convencional reclamada en la prestación, mismos que deberán liquidarse en ejecución de sentencia mediante el incidente correspondiente. QUINTO.- Se condena al demandado al pago de costas causadas en esta instancia, notificándose a las partes, al C. MIGUEL PULIDO GARCIA por edictos y en términos de la ley a la codemandada ANA MARÍA MARTINEZ ESPINOSA". En ese sentido, cabe precisar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos de ejecución, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán alegarse las violaciones procesales cometidas en el mismo. Es decir, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia como presupuesto de procedencia del juicio de amparo promovido en la vía indirecta, que se reclame "la última resolución" dictada en el procedimiento respectivo; en el entendido que, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, cuando la parte quejosa, es parte en el procedimiento y ha comparecido al mismo, se considera que la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía bi-instancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J.32/2001 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31 del tomo XIII (abril de 2001), Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente ". Con lo cual se persigue limitar la procedencia del amparo hasta la última resolución que se dicte en la fase de ejecución de sentencia, a efecto de evitar abusos de juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia. Por otra parte, también debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado supuestos de excepción a aquella regla, es decir, que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata, siempre y cuando sean independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, pero que puedan generar a la parte quejosa una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: a) Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; y, b) Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos que no se vinculen a la ejecución de la sentencia. Por tanto, se estima que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución, la cual aún no culmina, y no se ubica en alguno de los supuestos de excepción señalados. Pues, el juicio de amparo, de conformidad con la causa de improcedencia en estudio, sólo puede controvertirse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrán reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que la hubiesen dejado sin defensa, lo que en el caso no acontece, pues la sentencia que reclama no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues no es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 293, Libro 81, Tomo I, (Diciembre de 2020), Décima Época, registro digital 2022499, que prevé: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva.". También, tiene aplicación, por identidad jurídica, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del decreto de expedición de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Por otra parte, no se soslaya que la parte quejosa haya manifestado que el catorce de julio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el remate en primera almoneda, por lo que tiene temor fundado que la desalojen del inmueble de que se trata; sin embargo, aún en ese supuesto el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, debido a que al ser parte formal y material del juicio de origen, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, el proceso constitucional procede contra aquélla determinación que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de la posesión de los bienes embargados, previo agotamiento del principio de definitividad. Por lo tanto, si de las manifestaciones formuladas por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, no se advierte que se haya emitido alguna de estas actuaciones, mucho menos que hubiera interpuesto el recurso ordinario respectivo, en contra de tal resolución, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de criterios 1a./J. 13/2016 (10a.), sostenida por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1066, Libro 29, del tomo II (Abril de 2016), Décima Época, con registro digital 2011474, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XXIII, ésta en relación con el 107, fracción IV, ambos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda presentada por ********************, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Ana María Alcantara Castro y Otros.771/2019
- Ana María Alcántara Castro252/2020
- Ana María Areizaga Jiménez270/2020
- Ana María Cristina Liberato Hernández1423/2022
- Ana María de la Cueva Santoyo1831/2018
- Ana María López Pineda528/2023
- Ana María Martínez Mendoza1981/2018
- Ana María Martínez Pérez800/2023
- Ana María Ontiveros Espinosa1400/2018
- Ana Maria Reyna Galicia Guerrero1769/2018
- Ana María Reyna Galicia Guerrero1342/2018
- Ana Martha López Edwards1543/2017