Ana María de la Cueva Santoyo

Expediente 1831/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1831/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Ana María de la Cueva Santoyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia autorizada de la ejecutoria de veinticinco de abril de la anualidad, dictada en los autos de la queja 64/2019 de su índice, en la que determinó declarar infundado el recurso de queja hecho valer, asimismo devuelve copias certificadas del juicio de amparo 1831/2018-IVB, el juicio ejecutivo mercantil 588/2016 y un sobre cerrado. Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado, glósese el testimonio en comento, depúrense las copias certificadas devueltas respecto del presente asunto, ya que las mismas obran en autos y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse al Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, los anexos que remitió como complemento a su informe con justificación, consistentes en el juicio ejecutivo mercantil 588/2016 y un sobre cerrado.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja hecho valer; asimismo, informa que lo admitió y lo registró bajo el número 64/2019.

  3. Principal

    "...Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el catorce de los corrientes. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de catorce de los corrientes, acompañando el original y copia del escrito de agravios, copia certificada de todo lo actuado, así como los anexos consistentes en el juicio ejecutivo mercantil 588/2016 y un sobre cerrado..."

  4. Principal

    "...Agréguese el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual en cumplimiento al proveído de veintiséis de febrero de los corrientes, remite el juicio de amparo directo 888/2018 promovido por ..., formado con motivo de la incompetencia planteada por este órgano federal, el juicio ejecutivo mercantil 588/2016 y un sobre cerrado, por no haber aceptado la competencia planteada por los motivos ahí expuestos; por lo tanto, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de garantías. Acúsese recibo. ACTO RECLAMADO La parte quejosa señala como acto reclamado: Del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la resolución dictada en fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, donde se tiene por no presentado el recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra de la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 588/2016. La resolución que dicto el Juez responsable en fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, donde resolvió no admitir el recurso de queja en contra del auto que inadmitió el recurso de apelación. Consecuencias que produzcan los actos reclamados. La ejecución y cumplimiento de las resoluciones reclamadas. DESECHAMIENTO Al respecto, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De conformidad con la disposición reproducida, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo; salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones II, penúltimo párrafo, III, IV, último párrafo, VII y XII, de la Constitución Federal; 17, fracción IV, 20, 61, fracciones XVIII, incisos a), b), c), y d) XX, segundo párrafo y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, cuyo tenor es: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." De lo transcrito, se desprende que tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría esas facultades, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, se observa que en cuanto al acto reclamado, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código de Comercio, con el que se podía modificar o revocar el acto reclamado. Dicho medio de impugnación se encuentra previsto en el numeral 1334, del ordenamiento procesal que dice: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. .Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339, vigente en la época de presentación de la demanda." De los anteriores preceptos se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento mercantil aplicable prevé como medio defensa el recurso de revocación, mismo que puede tener por efecto revocar la determinación impugnada en esta vía. Mismo que se funda como un medio ordinario de defensa procedente en contra de los autos que no son apelables. Así, los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339 vigente en la época de presentación de la demanda, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación, a que se refiere el artículo 1334 del citado código que establece la procedencia del recurso de revocación, contra los autos que no fueren apelables y contra los decretos; en segunda instancia este recurso adquiere el nombre de reposición; y que conforme al artículo 1339 del código, sólo son recurribles en apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios que excedan de la cuantía determinada periódicamente, que en principio era de doscientos mil pesos; lo anterior, implica solamente que en los asuntos de cuantía menor quedó proscrita la apelación, pero para los demás recursos se conservó la regulación preexistente; y en estas condiciones, si los autos son revocables cuando no proceda contra ellos el recurso de apelación, y contra los autos emitidos en asuntos de menor cuantía no es apelable ningún auto, esto lleva a que todos son revocables. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Décima Época publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Página: 401, cuyo texto refiere: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Así como la diversa, Tesis: I.4o.C. J/31 de la Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Página: 1859, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA LOS AUTOS DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES INAPELABLES (Reforma al Código de Comercio, vigente desde el 18 de julio de 2008). La interpretación sistemática y teleológica, con apego al postulado del legislador nacional, del texto vigente de los artículos 1334, 1335, 1336 y 1339 del Código de Comercio, en su nuevo texto, pone de manifiesto que en los juicios mercantiles en que la sentencia definitiva es inapelable, todos los autos dictados por el Juez a quo son impugnables a través del recurso de revocación, y los del ad quem mediante el recurso de reposición, a menos que exista disposición legal que determine específicamente su total inimpugnabilidad. Este criterio encuentra apoyo en los siguientes argumentos: a) El sistema de recursos del Código de Comercio no contiene un apartado con disposiciones generales para todos los recursos, por lo que las disposiciones dadas para alguno de ellos no son aplicables a los demás; b) El artículo 1334 del código establece la procedencia del recurso de revocación, contra los autos que no fueren apelables y contra los decretos; c) En segunda instancia este recurso adquiere el nombre de reposición; d) Conforme al artículo 1339 del código, sólo son recurribles en apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios que excedan de la cuantía determinada periódicamente, que en principio era de doscientos mil pesos; e) Lo anterior implica solamente que en los asuntos de cuantía menor quedó proscrita la apelación, pero para los demás recursos se conservó la regulación preexistente; y f) En estas condiciones, si los autos son revocables cuando no proceda contra ellos el recurso de apelación, y contra los autos emitidos en asuntos de menor cuantía no es apelable ningún auto, esto lleva a que todos son revocables. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida por la reforma, de dar celeridad, agilizar y eficientar los procesos mercantiles, como se desprende de diversas partes de la exposición de motivos de la iniciativa que culminó con el decreto legislativo correspondiente." Y la jurisprudencia 1a./J. 101/2001de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Página: 138, cuyo rubro y texto refieren: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." De ahí que, la parte quejosa, estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación antes mencionado, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, porque la parte quejosa es parte el juicio de origen. De ahí que, con mayor razón, al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto reclamado. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII y 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata..."

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano