Ana Maria Lopez Bustillos
Expediente 379/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ana Maria Lopez Bustillos
- ANA MARIA LOPEZ BUSTILLOS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de treinta de junio del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Por otra parte, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación, dado que se concedió a la quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase el presente juicio de amparo y su incidente de suspensión al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa por sí o a través de sus autorizados legales no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, en relación con el oficio y documental allegados por la autoridad responsable Director de la Unidad de Medicina Familiar número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada vía electrónica el pasado veintitrés de agosto; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el treinta de junio del año en curso, en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ********************, para el efecto de que: ".Realizar a la quejosa ********************, los estudios y análisis clínicos que su padecimiento requiere, para valorar su estado de salud y de ser procedente otorgar los medicamentos e incapacidad correspondiente. .". En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, exhibió el oficio sin número, recibido en este juzgado el siete de julio de dos mil veintitrés, al cual anexó nota médica y receta individual, ambas del pasado cuatro de julio, en las que se desprende resumen médico, valoración física, indicaciones higiénico-dietéticas, diagnóstico y tratamiento a seguir por parte de la quejosa. Posteriormente, el cuatro de agosto del año en curso, la responsable remitió al presente asunto, un informe médico en el cual detalló a las fechas en las cuales la quejosa fue atendida en sus instalaciones, en el cual asentó la atención médica, el diagnóstico, resumen clínico, exploración física, entrega de medicamentos, y el otorgamiento de incapacidad a la quejosa, además de enviarla a atención médica de traumatología y ortopedia a segundo nivel, agendándole cita para el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, además anexó notas médicas de cuatro, siete, catorce y veintiuno, todas del mes de julio pasado, referencia-contrareferencia de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, y resultado de análisis clínicos del pasado dieciocho, realizados a la quejosa. Y finalmente, mediante oficio sin número, recibido en este Juzgado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la responsable remitió al presente asunto, un informe médico en el cual detalló a las fechas en las cuales la quejosa fue atendida en sus instalaciones, en el cual asentó la atención médica, el diagnóstico, resumen clínico, exploración física, entrega de medicamentos, y el otorgamiento de incapacidad a la quejosa, además de enviarla a atención médica de traumatología y ortopedia a segundo nivel, agendándole cita para el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, además anexó notas médicas de veintiuno y veintiocho, ambas del mes de julio, de cuatro, once y dieciocho, del mes de agosto, todas del año en curso. De esas documentales se advierte que a la quejosa se le ha proporcionado la atención médica en relación a su padecimiento, y se la han otorgado incapacidades. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable Director de la Unidad de Medicina Familiar número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, le brindara a la quejosa la atención médica adecuada, los tratamientos médicos procedentes con relación al problema de salud diagnosticado, y se le otorgara las incapacidades necesarias de acuerdo al padecimiento que presenta. Entonces, como se vio, la responsable realizó las acciones tendentes a ello, lo que se aprecia de las constancias remitidas por la misma y de las cuales la parte quejosa fue notificada, por lo que ESTE JUZGADOR CONSIDERA QUE DEBE DE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el doctor ***************, en su carácter de Director de la Unidad de Medicina Familiar número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual en acatamiento a lo ordenado por este Juzgado, informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes y conocimiento de las partes. En esa virtud, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas en este acto las documentales allegadas por la autoridad oficiante, y dese vista a las partes con dichas constancias para que se impongan de su contenido. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el oficio de cuenta y sus anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por el licenciado Luis Javier Jiménez González, en su carácter de autorizado de la quejosa *************************, mediante el cual en cumplimiento a la vista que se le dio en proveído del pasado siete de agosto, hace diversas manifestaciones en torno a que la autoridad responsable, no dio cumplido con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ya que para que se dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, se deberá de realizar la consulta con el especialista en traumatología y ortopedia un dictamen de jubilación elaborado por la Dirección de Asuntos, y de la documentales remitidas por la responsable se confirma la necesidad de dicha atención médica especializada, pero que no que se haya canalizado a dicha especialidad, ni mucho menos que se le hubiere agendado la consulta respectiva como se observa de las citadas documentales exhibidas; agréguese a los autos. En atención a lo manifestado por el autorizado de la quejosa en el escrito de cuenta y considerando el estado que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad señalada como responsables no ha dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en el presente asunto. Lo anterior, debido a que por sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo solicitado por la quejosa ********************, para el efecto de que la autoridad responsable Director de la Unidad de Medicina Familiar número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: ...... En ese sentido, requiérase al Director de la Unidad de Medicina Familiar número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de ser omiso, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se haría acreedor a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; pudiendo en caso de incumplimiento remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito.".
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