Ana María Gonzalez Lopez

Expediente 413/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
413/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Ana María Gonzalez Lopez
  • Fiscal General del Estado de Sinaloa, Culiacan, Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en relación con el oficio y documentales allegados por el Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación del Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la quejosa el pasado dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a la quejosa Ana María González López, la protección constitucional contra el acto reclamado al Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, consistente en el oficio 0645 de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación de la responsable, por violentar su derecho de petición al no ser congruente la respuesta dada, con la petición realizada por escrito, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el quince de octubre de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la respuesta contenida en su oficio 0645, de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y, en su lugar, emitiera uno nuevo de manera pronta, con libertad de jurisdicción pero de manera completa, congruente y motivada, en el que determinara, de acuerdo a sus facultades, si procedía o no la solicitud formulada por la quejosa Ana María González López o, en su caso, le indicara la autoridad facultada para resolver lo peticionado en su escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, asimismo, en tal supuesto y en caso de ser procedente, canalizara el escrito a esa otra autoridad, notificándole personalmente la respuesta que otorgara a la petición que se le formuló. Por su parte, mediante oficio 3635 presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación del Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, remitió copia certificada del oficio 3588 de treinta de noviembre de ese mismo año, con sus anexos, con el que le informó que se remitió la solicitud ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas para efecto de que determinara si es procedente o no la petición formulada, por ser la autoridad competente; atendiendo con ello lo pretendido por la impetrante de amparo. Por tanto, mediante auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa con el oficio y documentales allegadas por el Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación del Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, la amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificada. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo, como se anotó, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la respuesta contenida en su oficio 0645, de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y, en su lugar, emitiera un nuevo oficio, de forma pronta, con libertad de jurisdicción, pero de manera completa, congruente y motivada en la que determinara, de acuerdo a sus facultades, si procedía o no la solicitud formulada por la quejosa Ana María González López o, en su caso, le indicara la autoridad facultada para resolver lo peticionado en su escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, asimismo, en tal supuesto y en caso de ser procedente, canalizara el escrito a la misma, notificándole personalmente la respuesta que otorgue a la petición que se le formuló, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA ANA MARÍA GONZÁLEZ LÓPEZ, EL ACUERDO DE SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE:Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en relación con el oficio y documentales allegados por el Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación del Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la quejosa el pasado dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a la quejosa Ana María González López, la protección constitucional contra el acto reclamado al Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, consistente en el oficio 0645 de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación de la responsable, por violentar su derecho de petición al no ser congruente la respuesta dada, con la petición realizada por escrito, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el quince de octubre de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la respuesta contenida en su oficio 0645, de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y, en su lugar, emitiera uno nuevo de manera pronta, con libertad de jurisdicción pero de manera completa, congruente y motivada, en el que determinara, de acuerdo a sus facultades, si procedía o no la solicitud formulada por la quejosa Ana María González López o, en su caso, le indicara la autoridad facultada para resolver lo peticionado en su escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, asimismo, en tal supuesto y en caso de ser procedente, canalizara el escrito a esa otra autoridad, notificándole personalmente la respuesta que otorgara a la petición que se le formuló. Por su parte, mediante oficio 3635 presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación del Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, remitió copia certificada del oficio 3588 de treinta de noviembre de ese mismo año, con sus anexos, con el que le informó que se remitió la solicitud ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas para efecto de que determinara si es procedente o no la petición formulada, por ser la autoridad competente; atendiendo con ello lo pretendido por la impetrante de amparo. Por tanto, mediante auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa con el oficio y documentales allegadas por el Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación del Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, la amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificada. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo, como se anotó, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la respuesta contenida en su oficio 0645, de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y, en su lugar, emitiera un nuevo oficio, de forma pronta, con libertad de jurisdicción, pero de manera completa, congruente y motivada en la que determinara, de acuerdo a sus facultades, si procedía o no la solicitud formulada por la quejosa Ana María González López o, en su caso, le indicara la autoridad facultada para resolver lo peticionado en su escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, ???????????? asimismo, en tal supuesto y en caso de ser procedente, canalizara el escrito a la misma, notificándole personalmente la respuesta que otorgue a la petición que se le formuló, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el telegrama y el oficio 3635 de cuenta, enviado y signado por Director General Jurídico de la Fiscalía General, en representación del ********************,********************, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y con el segundo adjunta diversas constancias. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.

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