Ana María Lara Chacón
Expediente 1394/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1394/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana María Lara Chacón
Actuaciones
- Principal
Vista la razón actuarial del fedatario judicial, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa Ana María Lara Chacón por la razón que indica, toda vez que ésta no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en su escrito de demanda. Por tanto, con base en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), notifíquesele el proveído de dieciséis de diciembre del presente año, así como los subsecuentes, por lista, hasta en tanto acuda a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Acúsese recibo del oficio 7493 del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa la ejecutoria pronunciada por ese tribunal, el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, relativa al incidente de inejecución de sentencia 8/2019, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Es infundado el incidente de inejecución de sentencia. SEGUNDO. Se confirma la resolución de que existe imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento total a la sentencia constitucional." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos legales correspondientes, las anotaciones del caso en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN y por lo que ve al original del cuaderno incidental éste es susceptible de destrucción, toda vez que se negaron la suspensión provisional y definitiva. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberán ser transferidos al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente principal, así como en los cuadernos incidentales. Con apoyo en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que hubiesen allegado al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Por otro lado, como resulta innecesario que en este juzgado obre el tomo de pruebas que remitió el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, se ordena enviárselo, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que diversas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, se encuentran gozando del segundo período vacacional correspondiente a este año, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en el supuesto, hasta en tanto reanuden labores. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ANA MARÍA LARA CHACÓN. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Ana María Lara Chacón, por su propio derecho; fórmese expediente y regístrese con el número VI-1394/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. Para la emisión de la presente determinación, es pertinente señalar que de la lectura integral de la demanda de amparo, analizada como un todo, se aprecia que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, Michoacán, el auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve y por consecuencia el acta de requerimiento de embargo de nueve de octubre de dos mil diecinueve. Al actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el acta de requerimiento de embargo de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve. Consideraciones previas. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo de la quejosa Ana María Lara Chacón, se advierte que precisó los actos reclamados en la forma siguiente: a) Del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, Michoacán, el auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve y por consecuencia el acta de requerimiento de embargo de nueve de octubre de dos mil diecinueve. b) Al Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el acta de requerimiento de embargo de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta, por lo que respecta a los actos reclamados. En ese sentido, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Ley. Concomitante con lo anterior, el numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, del ordenamiento legal antes invocado establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Lo subrayado es propio de este juzgado para resaltar la parte medular que se invoca). De lo anterior, tenemos que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De lo que se sigue que de la intelección de los numerales 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: La primera consiste en que este procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de los derechos humanos, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia o durante la sustanciación del procedimiento de remate, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. Y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en el entendido de que la última resolución es aquella en la que se ordene la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, lo que puede suceder de forma coetánea o separada. Al caso concreto, es aplicable por identidad jurídica sustancial la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, que dispone lo siguiente: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa y de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Luego, la parte quejosa reclama, substancialmente: a) Del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, Michoacán, el auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve y por consecuencia el acta de requerimiento de embargo de nueve de octubre de dos mil diecinueve. b) Al Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, el acta de requerimiento de embargo de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve. Asimismo, de la narrativa de antecedentes formulada por la promovente bajo protesta de decir verdad, se desprende esencialmente lo siguiente: Que la promovente solicitó un préstamo a la parte actora en el juicio natural Angélica Salazar Sosa por la cantidad de 500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional), con la condición de que antes se debía empezar un juicio ejecutivo mercantil, por lo que firmó un pagaré con fecha anterior y vencimiento ficticio de cuatro de mayo de dos mil catorce, mismo que incluía el pago de intereses, por tanto dicho documento mercantil fue suscrito por la cantidad de 650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos moneda nacional); 2. Asimismo, manifiesta que fue emplazada dentro del juicio ejecutivo mercantil 179/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el cual el seis de julio de dos mil diecisiete se dictó sentencia al tenor de los puntos resolutivos siguientes: TERCERO.- La parte actora Angélica Salazar Sosa, por su propio derecho demostró los hechos constitutivos de la acción cambiaria directa ejercitada en la vía ejecutiva mercantil, frente a Ana María Lara Chacón, quien no compareció a excepcionarse. CUARTO.- Se declara procedente la referida acción por consiguiente se ordena a la demandada a cubrir a la parte accionante el pago de la suerte principal, señalado en el considerando segundo. QUINTO.- No condena a la enjuiciada al pago de gasto y costas de esta instancia. SEXTO.- Hágase trance y remate del bien embargado en autos para con su conducto se realice el pago a la acreedora de las prestaciones materia de condenación. 3. Cabe precisar que la quejosa refiere que a fin de pagar el préstamo aludido, vendió un bien inmueble ubicado en la calle Andrés Quintana Roo número 471, en esta ciudad capital. 4. Así, seguido el trámite de remate respectivo al inmueble rústico ubicado en Zimpanio (el cual fue señalado por la quejosa como garantía de pago), en el expediente natural se señaló el quince de octubre del año en curso para realizar el remate de dicho bien inmueble en su primera almoneda. 5. Empero, el trece de septiembre siguiente la responsable tuvo a la actora ratificando el desistimiento del embargo y autorizando uno nuevo en perjuicio de la promovente. 6. Virtud a lo anterior, el nueve de octubre de los actuales, el actuario adscrito al juzgado responsable, al realizar nuevo requerimiento de pago en el domicilio ubicado en la calle Andrés Quintana Roo número 471, en esta ciudad, y al no encontrar a la quejosa presente procedió a embargar el bien inmueble ubicado en el domicilio antes descrito. 7. Finalmente, manifiesta la quejosa Ana María Lara Chacón, que el veintidós de noviembre pasado compareció a solicitar copias en el juicio mercantil subyacente, por lo que no obstante que sí fue emplazada y de que no compareció a dicho procedimiento, se enteró de la situación que guardaba el expediente respecto de la sustitución del bien embargado. De la narrativa que antecede se advierte que la promovente es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 179/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, del cual tuvo pleno conocimiento desde su inicio, pues como lo refiere fue emplazada dentro de dicho procedimiento. Asimismo, se desprende que el acto reclamado tiene su génesis después de concluido el juicio, específicamente dentro del procedimiento de remate, pues como lo señala bajo protesta de decir verdad, en aquel sumario se dictó sentencia y, en cumplimiento a ésta, se ordenó rematar el bien inmueble señalado como garantía por la aquí quejosa, el cual posteriormente, fue sustituido por otra propiedad. Lo anterior, trae como consecuencia que, para que el embargo decretado en la propiedad de la parte quejosa ubicada en la calle Andrés Quintana Roo, números 469, 471, 465 o 475, del centro de esta ciudad, registrada bajo el número 00000041 del tomo 00015234, de veinte de junio de dos mil diecinueve, en el libro de propiedad, correspondiente al distrito de Morelia, Michoacán, expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, con sede en esta ciudad (bien embargado en último término), pueda causarle una afectación sustancial a sus derechos, es necesario que éste sea transferido en propiedad a tercera persona, lo cual, se logra una vez que sea sustanciado el procedimiento de remate, el cual culmina haciendo entrega del bien mueble al adjudicatario o, en definitiva, con la orden de entrega de la escritura de adjudicación correspondiente, tratándose de bienes inmuebles. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que el acto reclamado constituye una actuación dictada para efecto de la sustanciación del procedimiento de remate, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine dicho procedimiento, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante esta etapa. En ese orden de ideas, en atención al principio de que donde impera la misma causa debe aplicarse la misma razón, resulta aplicable la tesis 2a. VIII/98 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Lo anterior, tomando en consideración que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto dictado en el procedimiento de remate, pues para que la autoridad responsable esté en condiciones de ordenar la entrega o escrituración de los bienes respectivos, previamente debe existir el embargo correspondiente. En esa tesitura, dicha actuación no puede considerarse como aquella determinación que revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, párrafo segundo, en virtud de no ser aquélla la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XIX.1o.P.T.3 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que dispone lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento. En abono a lo anterior, es necesario precisar que la procedencia del juicio de amparo en tratándose de remates, se rige por la última resolución que se dicte en esa etapa -la que de forma indistinta ordena la entrega o escrituración del bien rematado-; lo anterior se estima así, porque, es esta determinación la que afecta el derecho sustantivo de propiedad de la parte quejosa al privarla de ésta, virtud a que dicha determinación incorpora derechos en su favor; de ahí que se considere que contra toda determinación dictada en la fase de remate no proceda el juicio de amparo, virtud a que tiende a retrasar o dilatar el cumplimiento de la ejecución de la sentencia; máxime si se toma en consideración que aquellas violaciones suscitadas en etapas intermedias del remate se pueden reclamar en el amparo biinstancial que se promueva contra la determinación que le ponga fin a dicha fase. En esas condiciones, es incuestionable que en el caso concreto cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando sólo imponerse de autos y recibir notificaciones a María Rosario Negrete Cázares, en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.
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