Ana María Basaldua García
Expediente 1367/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana María Basaldua García
- Diocelina Basaldua García
Actuaciones
- Principal
Razón Vista la razón actuarial del fedatario judicial, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio número 25158/2019 dirigido al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, dado que al constituirse en las oficinas que ocupa dicha autoridad fue informado que el personal se encuentra gozando de su período vacacional. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos para que se constituya nuevamente en las oficinas de dicha responsable y entregue el aludido comunicado, ello a partir del dos de enero de dos mil veinte, fecha en la que reanuda labores. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: FRANCISCO JAVIER BASALDÚA GARCÍA, POR SU PROPIO DERECHO Y DIOCELINA, ANA MARÍA, MARÍA MARGARITA, JOSÉ ABRAHAM, TODOS DE APELLIDOS BASALDÚA GARCÍA, MA. O MARÍA GUADALUPE BASALDÚA NARANJO Y NICACIO, MANUEL, ALICIA Y MAGDALENA, TODOS DE APELLIDOS OROZCO BASALDÚA, POR CONDUCTO DE QUIEN SE OSTENTA COMO SU APODERADO ABEL GÓMEZ ELÍAS. Registro de demanda Con el oficio 7362, suscrito por uno de los actuarios del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, se le tiene informando que en resolución de veintiuno de noviembre del presente año determinó lo siguiente (se transcribe texto): ÚNICO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito carece de competencia legal para conocer y resolver en única instancia de la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Basaldúa García, por su propio derecho y Diocelina, Ana María, María Margarita, José Abraham, todos de apellidos Basaldúa Naranjo y Nicacio, Manuel Alicia y Magdalena, todos de apellidos Orozco Basaldúa, por conducto de quien se ostenta su apoderado Abel Gómez Elías, contra la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado Titular de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en el recurso de reconsideración JA-R0342/2019-II, derivado del juicio administrativo JA-1237/2017-Ill. Remítase al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo en mención con sus anexos para los efectos legales procedentes, previa copia certificada que de la misma se deje en autos, de lo que deberá acusar recibo. En consecuencia, con la demanda de amparo presentada por Francisco Javier Basaldúa García, por su propio derecho y Diocelina, Ana María, María Margarita, José Abraham, todos de apellidos Basaldúa García, Ma. o María Guadalupe Basaldúa Naranjo y Nicacio, Manuel, Alicia y Magdalena, todos de apellidos Orozco Basaldúa, por conducto de quien se ostenta como su apoderado Abel Gómez Elías, tal y como se advierte de las constancias que integran el juicio administrativo JA-1237/2017-Ill, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyen al Magistrado Titular de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número VI-1367/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Consideraciones previas Como puede advertirse de la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Magistrado Titular de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Al respecto, conviene mencionar que, a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1279/2016, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por tanto, se considera que no se encuentra en aptitud de conocer del presente juicio de amparo, por las razones que se exponen a continuación: Los impedimentos, para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consiste en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, quien desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, pues contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, las cuales constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada por dos aspectos, a saber: a) La competencia propia del órgano; y, b) La persona del juzgador. Esto es, el ejercicio de la función jurisdiccional, por una parte, se limita objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez y, por otra, subjetivamente, en virtud de todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Así, la existencia de algún impedimento hace presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento y, ante tal circunstancia, la Ley de Amparo establece que el juzgador debe manifestarlo para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva. En atención a lo anterior, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Mexicana señala: Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Ordinal del cual se desprende lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y, 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por consiguiente, todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el precepto constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que el fin de la Ley de Amparo, al prescribir en el artículo 51 las causas de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hace inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una resolución justa. En efecto, sobre el tema el citado artículo 51 de la Ley de Amparo: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. De lo antes transcrito, puede advertirse que, de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y es por ello que el legislador niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 del citado ordenamiento legal, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándole así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Del texto del artículo 51 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causas correspondientes. Impedimento Atendiendo a lo dispuesto en el numeral citado, a consideración de este juzgador, se actualiza una causa que impide conocer del presente asunto, en virtud de que, en el caso concreto, tengo parentesco por afinidad con el Magistrado Titular de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, licenciado Arturo Bucio Ibarra, quien resulta ser mi cuñado al estar casado con una hermana del suscrito. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EXISTE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD ENTRE UN MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y UNO DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO COLEGIADO CUANDO ÉSTE TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo citado se advierte como causal de impedimento legal para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito, o las autoridades que conozcan de los juicios de garantías conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, la existencia de parentesco por consanguinidad o afinidad con alguna de las partes o de sus abogados o representantes, en línea recta, sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la colateral por consanguinidad, o dentro del segundo, en la colateral por afinidad. Por otro lado, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de la materia señala que son partes en el juicio la autoridad o autoridades responsables. En ese sentido, si un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene parentesco por consanguinidad con uno de los integrantes del órgano colegiado que tiene el carácter de autoridad responsable por haber dictado el acto reclamado, es incuestionable que se actualiza la causal prevista en la fracción I del artículo 66 de la Ley de Amparo." Asimismo es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito , cuyo contenido es el siguiente: IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE. De la interpretación sistemática de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se determina que el parentesco por afinidad en segundo grado, existente entre el juzgador que debe participar en la resolución del incidente de nulidad de notificaciones, derivado de un juicio de amparo directo, y el actuario judicial cuya actuación se cuestiona en dicha incidencia, constituye un elemento objetivo que puede derivar en el riesgo de pérdida de imparcialidad del primero en favor del segundo, lo que crea un motivo suficiente para considerar que aquél debe abstenerse de participar en el conocimiento y la resolución del referido incidente. Ello, en razón de que el ánimo del juzgador, por la situación de parentesco, se vería afectado al momento de resolver el asunto, lo que repercutirá en detrimento de alguna de las partes del juicio de amparo, con la consecuente vulneración al derecho a la imparcialidad reconocido en el aludido numeral 17 de la Constitución Federal. Y, la diversa jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito , que indica: IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA AL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO LA EXPEDICIÓN DE UNA NORMA GENERAL, Y ENTRE EL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO Y UNO DE LOS DIPUTADOS QUE LO INTEGRAN, EXISTE PARENTESCO EN LÍNEA COLATERAL POR AFINIDAD DENTRO DEL SEGUNDO GRADO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS P. XXV/2007). En términos del artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo, existe impedimento de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra el Congreso del Estado de Durango, a quien se le reclama la expedición de una norma general, si entre dicho juzgador y uno de los diputados integrantes de esa Legislatura Local, existe parentesco en línea colateral por afinidad dentro del segundo grado. Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 5o., fracción II, de la citada legislación, dicho Congreso es parte en el juicio de amparo; además, conforme al artículo 66 de la Constitución Política del Estado, éste se compone de veinticinco diputados electos cada tres años de manera popular y conforme a los principios de votación de mayoría relativa y representación proporcional. En ese sentido, si el Juez de amparo manifestó tener dicho parentesco con uno de ellos, es decir, con un diputado integrante de ese órgano legislativo señalado como autoridad responsable, es incuestionable que se actualiza la causa de impedimento de que se trata y fundada la excusa planteada por el funcionario judicial de referencia. Criterio que se sustenta, por analogía, en la tesis P. XXV/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 11, de rubro: IMPEDIMENTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EXISTE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD ENTRE UN MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y UNO DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO COLEGIADO CUANDO ÉSTE TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE., la cual es aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia. En mérito de lo expuesto, el suscrito estimo encontrarme legalmente impedido en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo (parentesco por afinidad, ya que mi cuñado es el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán) para conocer del presente juicio. Remisión de autos al Tribunal Colegiado de Circuito A fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en la fracción I del artículo 51 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes, hágase del conocimiento la anterior circunstancia al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, remitiéndole al efecto el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado. Suspensión del acto reclamado Sin que en el caso resulte necesario pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado, conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no solicitó expresamente la medida cautelar en comento. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y como autorizado para tal efecto al profesionista que indica, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que no cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, según se advierte de la certificación de inicio, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues el presente asunto versa en materia administrativa. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de comunicaciones oficiales; capturas y anotaciones del expediente A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Ana Lorena Paredes Romanillo231/2021
- Ana Luisa Herrera Uribe1126/2019
- Ana Luisa Sánchez Alanis21/2015
- Ana María Aguilar García1228/2019
- Ana María Altamirano Ramos225/2020
- Ana María Basaldua García119/2019
- Ana María Casares Rodríguez517/2018
- Ana María Castro Orozco435/2022
- Ana María González Arreola146/2018
- Ana María Guadalupe López Calderón407/2018
- Ana María Guerrero Malfavón1190/2019
- Ana María Lara Chacón1394/2019