Ana Maria Hernandez Salazar

Expediente 578/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
578/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Ana Maria Hernandez Salazar
  • Tribunal Unitario Agrario del Distrito Doce

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo******************** e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el cuaderno en que se actúa como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: El presente cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, encuadra en la clasificación prevista en el punto Segundo, fracción XX, del citado acuerdo, que dispone que son expedientes auxiliares: aquellos tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; por tanto, de conformidad con el diverso punto Vigésimo, fracción I de dicho Acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO y no obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda presentado por ******, por propio derecho; contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 578/2019 y fórmese expediente. Ahora, de la demanda de amparo, se desprende que la promovente del amparo, hace consistir su acto reclamado en: IV. Norma General o Acto de Omisión reclamada. Se violan en mi perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la responsable ordena el archivo definitivo del expediente como asunto concluido de donde emana el acto reclamado y ello transgrede las garantías individuales y de seguridad jurídica, contempladas en los artículos constitucionales anteriormente citados." Asimismo, de los antecedentes de su acto reclamado, en la parte que interesa, manifiesta: "OCTAVO.- La autoridad responsable mediante acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, acuerda: único. De la revisión que se practicó a los autos en que se actúa, se observó que la parte actora no ha dado cumplimiento al requerimiento que le realizó este tribunal, a través del proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, referente a que proporcionara el domicilio de DANIELA LLUVIAS FLORES, así también como copias simple de su demanda y sus documentos base de su acción, para su debido emplazamiento y dado que ya le feneció el término que le otorgó a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado con anterioridad y se le tiene al promovente por desinteresado en la prosecución del juicio, ordenándose el ARCHIVO del expediente como asunto concluido, haciéndose las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno". (lo resaltado es nuestro). De lo anterior, el suscrito juzgador arriba a la convicción de que el conocimiento de la presente demanda de amparo corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado que hace consistir en el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente T.U.A.12-36/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Doce, formado con motivo de la demanda presentada por Ana María Hernández Salazar; constituye un resolución que pone fin al juicio en términos de lo que dispone el numeral 47 de legislación en cita. Para así considerarlo, se presenta a continuación el contenido de los precisados numerales de la Ley de Amparo. "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en el que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. ." Preceptos que en el caso concreto, nos permiten establecer los siguientes postulados: I. Por resoluciones que ponen fin al juicio, debe entenderse aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y II. La competencia para conocer del amparo en contra de tales resoluciones, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, desde luego en la vía directa; debiendo incluso ser presentado ante la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de Amparo. En tal contexto, es evidente que el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente T.U.A.12-36/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Doce, reclamada por la quejosa, constituye una resolución que pone fin al juicio en razón de la siguiente cuestión fundamental: a) Porque aun sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido, como se advierte de los antecedentes que expuso la quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad y de las documentales que anexó a su escrito de demanda. De ahí que su legalidad sólo pueda ser examinada mediante el juicio de amparo directo, por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, en términos del Acuerdo General 72/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito. En tal virtud, este juzgador federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por Ana María Hernández Salazar y determina que sea remitida el original y copias de la citada demanda, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para lo que tenga a bien determinar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Julio ****, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con la certificación secretarial que antecede.

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