Ana María Escalona del Carmen
Expediente 492/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana María Escalona del Carmen
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil 109/2021. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Del cual se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió: ".PRIMERO. Resulta INFUNDADO el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se CONFIRMA el acuerdo recurrido." En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que ese órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, mismo que quedó registrado con el número ********************; lo que comunica en vía de notificación y para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito firmado por Lenin Braine Dolores Díaz, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que éste órgano jurisdiccional emitió el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovido por Ana María Escalona del Carmen, por propio derecho, quien promueve contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 492/2021 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Ana María Escalona del Carmen, reclama la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca civil 201/2021, en el cual determinó confirmar el auto emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo civil del Distrito Judicial de Tabares, en la audiencia de pruebas, celebrada en catorce de diciembre de dos veinte, en el expediente 364/2019-1, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Rosa Hernández Merino, por propio derecho y Juventino Estévez Hernández, como albacea de la sucesión intestamenaria a bienes de Manuel Estévez Santiago, en contra de Ana María Escalona del Carmen, Notario Público número siete del Distrito Notarial de Tabares, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado y Encargado del Archivo General de Notarias del Estado, Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, guerrero y Delegado del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en Acapulco de Juárez, Guerrero, por medio del cual se calificaron las posiciones articuladas al actor de referencia, al desahogarse la prueba confesional a su cargo. Lo anterior, de acuerdo con el criterio plasmado en la Tesis Aislada 2a. CV/2013 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la página 732, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, de número de registro 2005150, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, del análisis de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen a la agraviada una ejecución de imposible reparación. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De lo anterior se colige que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial, en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales que el Estado Mexicano tenga suscritos y no que solamente tengan una consecuencia procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo resolución favorable en el incidente. Así, el acto reclamado consistente en la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca civil 201/2021, en el cual determinó confirmar el auto emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo civil del Distrito Judicial de Tabares, en la audiencia de pruebas, celebrada en catorce de diciembre de dos veinte, en el expediente 364/2019-1, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Rosa Hernández Merino, por propio derecho y Juventino Estévez Hernández, como albacea de la sucesión intestamenaria a bienes de Manuel Estévez Santiago, en contra de Ana María Escalona del Carmen, Notario Público número siete del Distrito Notarial de Tabares, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado y Encargado del Archivo General de Notarias del Estado, Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, guerrero y Delegado del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola en Acapulco de Juárez, Guerrero, por medio del cual se calificaron las posiciones articuladas al actor de referencia, al desahogarse la prueba confesional a su cargo, a consideración de este juzgado es una violación intraprocesal, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que no deja sin defensa a la parte quejosa, por no tener el carácter de irreparable, que pudiera ser reparada si obtiene resolución favorable. En estas condiciones, sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, resulta una violación procesal cuyos efectos podrán ser extinguidos en caso de que la parte quejosa obtenga resolución favorable en el juicio de que se trata, es decir, el perjuicio formal que le hubiera podido originar, desaparecerá de obtener una resolución favorable, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, entre otros. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/175, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo diez, octubre de mil novecientos noventa y nueve, página mil ciento ochenta y siete, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." En tales condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Barragán Martínez, Edna Guadalupe Zagal Barrera, Uribel Herrera Morales, Gustavo Alejandro Gutiérrez Beltrán y Julio Sánchez Aguilar, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tiene como su autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona que designa, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lizette González Díaz, Lenin Braine Dolores Díaz y Antonio Hernández Salto, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personsa que designa, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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