Ana María Fernández Villalva
Expediente 543/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana María Fernández Villalva
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el Conflicto Competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, al que correspondió el número 35/2022, de su índice; de lo anterior, queda enterado este Juzgador Federal y agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes, para que obre como corresponda y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, uno de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede Acapulco, Guerrero, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de siete de junio del año en curso; en atención a su contenido, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero. En ese orden de ideas, y dado que el Juzgado precitado, estima que no le corresponde la competencia legal para conocer de la demanda de amparo que le envió este órgano jurisdiccional, al considerar que: ".no se tiene la certeza de que los actos combatidos se esté ejecutando materialmente en el territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, por lo que se estima que el conocimiento del presente asunto no le corresponde al Juzgador, y en su caso, el juzgador declinante fue la autoridad ante quien se presentó la demanda de amparo por elección de la parte quejosa y, por ende, el órgano jurisdiccional a su digno carga previno el conocimiento de la misma, por lo que es aquel quien debe seguir conociendo del sumario constitucional en que se actúa, o resolver lo que en derecho corresponda." Al respecto, este juzgador difiere de los argumentos realizados por el juzgado aludido, e insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado órgano jurisdiccional e insiste en carecer de competencia legal para conocer y resolver el fondo del asunto planteado en la demanda de amparo que nos ocupa, dadas las razones señaladas en el auto de incompetencia de catorce de marzo del año en curso, que de manera breve se expresan enseguida, conviene determinar los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. De la demanda se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "a) Del Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con domicilio indicado se reclama la orden verbal que emitió al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos de dicha delegación, para que me diera de baja del servicio médico a la quejosa como derechohabiente de la base de datos denominada SIPE (sistema integral de prestaciones Económicas del ISSSTE), como desconocer u omitir considerarla como pensionada ante dicha institución, no obstante de poseer una afiliación con tal carácter, por mi derecho directo que genere como trabajadora jubilada, ya que gozo de una pensión de jubilación ante dicha institución, al igual de desconocerme mis derechos como pensionada por concubinato, y cuya acción ha privado mi derecho vitalicio de acceder al servicio médico, para ser atendida ante las clínicas y nosocomio del mismo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acción que me discrimina y vulnera mi derecho de acceso a la salud. c) Del Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio indicado se reclama la ejecución de la baja en mi expediente electrónico SIPE, que aplicó el 01 de diciembre de 2021, al cambiar mi vigencia como inactivo, asentar clínica adscripción sin derecho, como en consecuencia la privación del seguro médico, que disfrutaba la suscrita como pensionada directa por jubilación y como pensionada por concubinato por los derechos que generó mi concubino Orlando González Benítez y demás prestaciones que se encuentran suspendidas, por dicha causa. d) Del Director de la Clínica Hospital de Ciudad Altamirano, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio indicado se reclama la ejecución del acto reclamado dictado por las ordenadoras, respecto la inminente privación del seguro médico, derivado a que en su base de datos que se ubica en su área de vigilancia de derechos fui informada que me encuentro dada de baja del servicio médico y que por dicha razón no sería considerada como paciente ni atendida para consulta médica y todo lo concerniente al seguro de salud por dicha causa, ante la orden verbal que emitió el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que aplicó el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no obstante de ser pensionada directa por jubilación y pensionada por concubinato. e) Las consecuencias lógicas y jurídicas que deriven o emanen de los actos reclamados, precisando que son aquellos actos administrativos, suscitados desde la fecha en que se ordenó mi baja del servicio médico, es decir lo que no se aprecien en los documentos que se acompañan, pero que sean complementarios a los mismo, y que deriven de aquellos, pero de igual medida perjudiciales en la esfera de la suscrita." Asimismo, conviene precisar que los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad, refieren en su capítulo de antecedentes en la parte que interesa, lo siguiente: "4.- ahora bien, el pasado 19 de mayo del año en curso, con motivo de que sufrí una recaída en mi salud, al tener mareos y al encontrarme de visita en la ciudad de Pungarabato, Estado de Guerrero, conocida también como Ciudad Altamirano, acudí a la Clínica Hospital de Ciudad Altamirano del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de recibir atención médica, es el caso que previo a recibir la consulta médica, e área de urgencias por protocolo paso a verificar mi vigencia de derechos para poder recibir la atención correspondiente como paciente, lo que realizó en su base de datos denominada SIPE (SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS), lugar donde me informaron que me encontraba dada de baja, a partir del 1 de diciembre de 2021, es decir sin derecho a servicio médico, a lo que le conteste que tal vez era un error, pues, por el solo hecho de ser pensionada por jubilación, y mis pagos, los he recibido en forma normal, por lo que debería tener vigentes mis derechos en dicho sistema, ya que los genere en forma directa, es el caso que la persona que me recibió me informo que no podría recibir atención médica por esa causa, por lo que no fui atendida, además que en ese momento me fue expedida como comprobante la constancias o caratula de mi expediente de la base de datos SIPE, que establecía, en efecto que no tenía derecho de disfrutar el derecho del servicio médico, y que la fecha de mi baja del servicio médico se había aplicado el 01 de diciembre de 2021, misma que acompaño al presente escrito en original. 5.- Dado lo anterior relatado, ese Juzgado, debe apreciar que las autoridades responsables, han emitido órdenes y que han aplicado en mi perjuicio, que afectan mis derechos humanos, mismas que a suscrita ignora, pero que se han materializado en darme de baja en mi expediente electrónico del SIPE, con la emisión de la caratula de mi expediente electrónico, como al quitarme mis derechos de gozar de los seguros y prestaciones de Ley, entre las que se encuentra el servicio médico. 6.- La certeza de que fueron las autoridades responsables las que emitieron los actos reclamados, es también con motivo de que son quienes las facultades de llevar acabo los registros de los pensionados, derechohabientes, como ordenan su actualización, en los expedientes de los pensionados, asimismo quienes aplican y llevan los registros, además porque son quienes operan dicha base de datos y los registros en los expedientes electrónicos." Así se tiene que la quejosa Ana María Fernández Villalva, reclama la orden de baja del servicio médico como derechohabiente de la base de datos denominada SIPE (Sistema Integral de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo precisamente en Acapulco, Guerrero, al ser dicho lugar en donde se ordenó y se llevó acabo la baja del servicio médico a la quejosa, al referirse en la demanda que el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, FUE QUIEN EJECUTÓ DICHA ORDEN DESDE EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CAMBIANDO LA VIGENCIA A INACTIVO Y SIN DERECHO, zona donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a uno de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin que tenga absolutamente nada que ver que la quejosa se haya presentado a recibir atención médica en la clínica respectiva ubicada en Pungarabato, Guerrero, ya que aunque la quejosa se hubiera presentado en cualquier clínica del Estado de Guerrero, siempre se tendrá que la ejecución de la baja de dicho servicio lo fue en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, ya que es un hecho notorio que las oficinas centrales se encuentran en esa ciudad y puerto. De ahí que, la ejecución, según lo manifestado por la parte quejosa se llevó o llevará a cabo en Acapulco, lugar donde se encuentran radicados a fin de llevar a cabo su encomienda como autoridades con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero; en consecuencia, se determina que este Juzgado federal es incompetente legalmente para conocer del presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado del cual deriva la baja del servicio médico como derechohabiente de la base de datos denominada SIPE (Sistema Integral de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), el cual se efectuó de forma material en la ciudad y puerto antes referido. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". En mérito de lo anterior, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en el diverso auto de catorce de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 543/2022, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que conozca del conflicto competencial. Sin necesidad de formar cuaderno de antecedentes toda vez que ya existe el formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de catorce de marzo del año en curso; por tanto, únicamente se ordena anexar el presente proveído, y demás constancias necesarias para quedar debidamente integrado dicho cuaderno. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
PERSONAL. -CITATORIO- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede Acapulco, Guerrero, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de siete de junio del año en curso; en atención a su contenido, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero. En ese orden de ideas, y dado que el Juzgado precitado, estima que no le corresponde la competencia legal para conocer de la demanda de amparo que le envió este órgano jurisdiccional, al considerar que: [...] Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. De la demanda se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: [...] Así se tiene que la quejosa ***, reclama la orden de baja del servicio médico como derechohabiente de la base de datos denominada SIPE (Sistema Integral de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo precisamente en Acapulco, Guerrero, al ser dicho lugar en donde se ordenó y se llevó acabo la baja del servicio médico a la quejosa, al referirse en la demanda que el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, FUE QUIEN EJECUTÓ DICHA ORDEN DESDE EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CAMBIANDO LA VIGENCIA A INACTIVO Y SIN DERECHO, zona donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a uno de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin que tenga absolutamente nada que ver que la quejosa se haya presentado a recibir atención médica en la clínica respectiva ubicada en Pungarabato, Guerrero, ya que aunque la quejosa se hubiera presentado en cualquier clínica del Estado de Guerrero, siempre se tendrá que la ejecución de la baja de dicho servicio lo fue en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, ya que es un hecho notorio que las oficinas centrales se encuentran en esa ciudad y puerto. De ahí que, la ejecución, según lo manifestado por la parte quejosa se llevó o llevará a cabo en Acapulco, lugar donde se encuentran radicados a fin de llevar a cabo su encomienda como autoridades con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero; en consecuencia, se determina que este Juzgado federal es incompetente legalmente para conocer del presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado del cual deriva la baja del servicio médico como derechohabiente de la base de datos denominada SIPE (Sistema Integral de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), el cual se efectuó de forma material en la ciudad y puerto antes referido. [...] En mérito de lo anterior, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en el diverso auto de catorce de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 543/2022, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que conozca del conflicto competencial. Sin necesidad de formar cuaderno de antecedentes toda vez que ya existe el formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de catorce de marzo del año en curso; por tanto, únicamente se ordena anexar el presente proveído, y demás constancias necesarias para quedar debidamente integrado dicho cuaderno. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Ana María Fernández Villalva, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, y otras autoridades responsables. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), como juicio de amparo indirecto 543/2022-II, fórmese expediente impreso y electrónico. Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "a) Del Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con domicilio indicado se reclama la orden verbal que emitió al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos de dicha delegación, para que me diera de baja del servicio médico a la quejosa como derechohabiente de la base de datos denominada SIPE (sistema integral de prestaciones Económicas del ISSSTE), como desconocer u omitir considerarla como pensionada ante dicha institución, no obstante de poseer una afiliación con tal carácter, por mi derecho directo que genere como trabajadora jubilada, ya que gozo de una pensión de jubilación ante dicha institución, al igual de desconocerme mis derechos como pensionada por concubinato, y cuya acción ha privado mi derecho vitalicio de acceder al servicio médico, para ser atendida ante las clínicas y nosocomio del mismo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acción que me discrimina y vulnera mi derecho de acceso a la salud. c) Del Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio indicado se reclama la ejecución de la baja en mi expediente electrónico SIPE, que aplicó el 01 de diciembre de 2021, al cambiar mi vigencia como inactivo, asentar clínica adscripción sin derecho, como en consecuencia la privación del seguro médico, que disfrutaba la suscrita como pensionada directa por jubilación y como pensionada por concubinato por los derechos que generó mi concubino Orlando González Benítez y demás prestaciones que se encuentran suspendidas, por dicha causa. d) Del Director de la Clínica Hospital de Ciudad Altamirano, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio indicado se reclama la ejecución del acto reclamado dictado por las ordenadoras, respecto la inminente privación del seguro médico, derivado a que en su base de datos que se ubica en su área de vigilancia de derechos fui informada que me encuentro dada de baja del servicio médico y que por dicha razón no sería considerada como paciente ni atendida para consulta médica y todo lo concerniente al seguro de salud por dicha causa, ante la orden verbal que emitió el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que aplicó el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no obstante de ser pensionada directa por jubilación y pensionada por concubinato. e) Las consecuencias lógicas y jurídicas que deriven o emanen de los actos reclamados, precisando que son aquellos actos administrativos, suscitados desde la fecha en que se ordenó mi baja del servicio médico, es decir lo que no se aprecien en los documentos que se acompañan, pero que sean complementarios a los mismo, y que deriven de aquellos, pero de igual medida perjudiciales en la esfera de la suscrita." Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de garantías, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Así, de la demanda de amparo se desprende que si bien es cierto que la quejosa Ana María Fernández Villalva, reclama la orden de baja del servicio médico como derechohabiente de la base de datos denominada SIPE (Sistema Integral de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), por el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo precisamente en Acapulco, Guerrero, al ser dicho lugar en donde se ordenó y se llevó acabo la baja del servicio médico a la quejosa, al referirse en la demanda que el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, FUE QUIEN EJECUTÓ DICHA ORDEN DESDE EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CAMBIANDO LA VIGENCIA A INACTIVO Y SIN DERECHO, zona donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado indefectiblemente tuvo ejecución material; por lo que es dable concluir que la ejecución de la orden de baja del servicio médico lleva implícita una ejecución cuya materialización debe contemplarse para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Corrobora lo anteriormente dicho la tesis siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". (Registro No. 189167, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Agosto de 2001, Página: 1299, Tesis: I.1o.A.44 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, Común). En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se ejecutó materialmente el acto reclamado. Con las constancias relativas, fórmese cuaderno de antecedentes. AUTORIZADOS Y DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones en los estrados que se fijan en este Juzgado Federal; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Morales Barrientos y José Morales Barrientos, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Antonio Morales Adame, por no contar con el anterior requisito. Notifíquese personalmente.
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