Ana María Fernández Villalva

Expediente 506/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
506/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Ana María Fernández Villalva

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 17149/2022, recibido vía ordinaria signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, mediante el cual informa qué aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, y por ende admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Ana María Fernández Villalva, misma que fue registrada en este Juzgado Federal como amparo indirecto 506/2022-IV, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E"; y notifíquese a las autoridades responsables a través de oficio que al efecto se gire. Por tanto, al no quedar cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, dado que el presente juicio de amparo se encuentra dentro de los supuestos que prevé el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes citado, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su DESTRUCCIÓN. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; de igual forma, que en caso de que la autoridad responsable a la fecha no haya reanudado labores o en su caso exista algún impedimento material o jurídico para realizar la entrega del oficio respectivo, levante la razón correspondiente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de junio de dos mil veintidós. Se tienen recibidos la boleta de turno, oficio 49, signado por Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, y anexo que acompaña, consistente en la resolución del impedimento 4/2022, de su índice. Acúsese recibo. Asimismo, la misiva 8149/2022 del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta urbe, del cual se advierte que remite el juicio original en (I) un tomo del juicio de amparo 423/2021 promovido por Ana María Fernández Villalva. Acúsese recibo. Ahora bien, del primer oficio de cuenta, se advierte que el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, declaró fundado el impedimento 4/2022 en el que la Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta urbe, expuso los motivos por los cuáles no podía seguir conociendo del juicio de amparo indirecto 423/2021; asimismo ordenó se turnara nuevamente en la Oficialía de Correspondencia Común en la cual por razón de turno tocó conocer a éste órgano jurisdiccional. Del segundo oficio que se recibe, se advierte que en cumplimiento a lo anterior la homóloga federal remitió el original del juicio de amparo 423/2021 de su estadística, en cumplimiento a lo resuelto por la superioridad en el impedimento aludido en lo que antecede. Ahora bien, como de los oficios de cuenta y expediente original del juicio de garantías que se remite, se advierte: a) Que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo recibida la demanda de amparo promovida por la quejosa Ana María Fernández Villalva, contra actos del Jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otro. b) El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, registró dicha demanda bajo el número 423/2021; sin embargo, desechó la misma. c) Consecuente a ello, el once de noviembre del año pasado, la homóloga federal tuvo a la promovente de amparo, por interponiendo el recurso de queja contra la determinación que desechó la demanda y ordenó su remisión al tribunal de alzada. d) El tres de diciembre de la anualidad anterior, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primero Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, informando que admitió el recurso de queja reseñado en lo que antecede, mismo que registró bajo el número 240/2021. e) El doce de mayo de la presente anualidad, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, resolvió fundado el recurso de queja antes descrito. Por lo anterior, en estricto cumplimiento a lo resulto por la superioridad se provee: Vista la demanda de amparo que promueve Ana María Fernández Villalva, por propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en Acapulco, Guerrero y otra autoridad responsable. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), como juicio de amparo indirecto 506/2022, fórmese expediente impreso y electrónico. Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: ""Del Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio indicado, se reclama los actos siguientes: a) La orden verbal de suspensión y/o cancelación del pago mensual de mi pensión de concubinato, a partir del mes de noviembre del año en curso, así como de mi concesión de pensión de la pensión de concubinato expedida con el número 1347930 otorgada el 16 de octubre de 2017, con derecho a cobro a partir del 17 de agosto de 2017, sin previo juicio, ni resolución dictada por autoridad competente que funde y motive su proceder. b) La falta de fundamentación en el oficio DEG/DP/2683/2021 de 24 de septiembre de 2021, expedido por el Jefe de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que refiere suspender mi derecho al pago de la pensión que me fuera expedida por el fallecimiento de mi concubino. c) La orden de retención y cancelación de pago mensual de mi pensión de concubinato, contenida en el oficio antes citado, en los pagos que se generen a partir de la mensualidad de noviembre del presente año y los pagos mensuales subsecuentes, y los que se sigan generando. Del Jefe del Departamento de Finanzas en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio indicado, reclamo: d) La ejecución de la orden verbal y la que se haya dictado en seguimiento al oficio DEG/DP/2683/2021 de 24 de septiembre de 2021, expedido por el Jefe de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para la retención y cancelación de los pagos mensuales de mi pensión de concubinato, en los pagos que se generen a partir de la mensualidad de noviembre del presente año y los pagos mensuales subsecuentes, y los que se sigan generando. De las dos autoridades antes indicadas y que precise reclamo: e) Las consecuencias lógicas y jurídicas derivadas de dichos actos que sean igualmente perjudiciales a los impugnados." Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de garantías, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Así, de la demanda de amparo se desprende que si bien es cierto que la quejosa Ana María Fernández Villalva, reclama la orden de cancelación o retención de la pensión que percibía como concubina del finado Orlando González Benítez emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo precisamente en Acapulco, Guerrero, al ser dicho lugar en donde se ordenó y se llevó acabo la baja del servicio médico a la quejosa, al referirse en la demanda que el Jefe del Departamento de Finanzas en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, FUE QUIEN EJECUTÓ DICHA ORDEN DESDE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, zona donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado indefectiblemente tuvo ejecución material; por lo que es dable concluir que la cancelación o retención de la pensión como concubina lleva implícita una ejecución cuya materialización debe contemplarse para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Corrobora lo anteriormente dicho la tesis siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". (Registro No. 189167, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Agosto de 2001, Página: 1299, Tesis: I.1o.A.44 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, Común). En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se ejecutó materialmente el acto reclamado. Con las constancias relativas, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Isabel La Católica número treinta y seis (36), fraccionamiento Capellanía Grande Aeropuerto de esta ciudad, código postal 39010, y como sus autorizados con las facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Morales Barrientos, José Manuel Morales Barrientos, Juan López Sánchez, Arturo Martínez Melo, Martín Agustín Delgado García, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Guillermo Tim Morales, Reynold Guinto Reyes y Miguel Mercado Salgado, por no reunir el anterior requisito y así solicitarlo expresamente. Notifíquese personalmente.

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