Ana María Espinoza Wilson
Expediente 1402/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Ana María Espinoza Wilson
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en actuación de veintitrés de noviembre del año en curso, remite copia certificada del oficio ISSTECH/UJ/0527/2023, de cinco de julio del año en curso, así como, del escrito y anexos presentado el ocho de junio de la presente anualidad. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexos. En tal virtud, se tiene por cumplimentado el requerimiento formulado en la actuación que se cita; por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Ahora bien, tocante a las constancias adjuntas al oficio que se provee, con apoyo en los preceptos, 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas la documentales que exhibe; las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica; las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Finalmente, con el contenido del mismo y las constancias, DÉSE VISTA a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; I. El estado de autos, de los que se advierte que no obra constancia de notificación del oficio 28961/2023 dirigido a la responsable Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por lo que el término otorgado mediante actuación de veintitrés de noviembre de la presente anualidad, en la que se requirió copias certificadas legibles y completas de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, en específico la notificación practicada a la parte quejosa, respecto del oficio ISSTECH/UJ/0527/2023, de cinco de julio de dos mil veintitrés, de cinco de julio de dos mil veintitrés, aun no transcurre. II. El estado de autos, se advierte que la parte quejosa en la demanda de amparo hace diversas manifestaciones tendentes a reclamar violaciones al artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos, relativas a que no cuenta con algún régimen de seguridad social. III. Que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy. Al efecto, se acuerda: Respecto a lo precisado en el punto I que antecede, concatenado con lo destacado en el diverso punto III de prelación, para dar margen a que la autoridad responsable de referencia se imponga del contenido del proveído de referencia, y se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a lo ahí requerido, ello con objeto de estar en posibilidad de integrar debidamente el presente asunto así como no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarla por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."" Ahora bien, respecto al punto II, a efecto de contar con mayores elementos para dilucidar la Litis constitucional, tomando en consideración que el quejoso aduce ser trabajador adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a dicha dependencia para que dentro del término de TRES DÍAS, contadas a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, informe a este juzgado si la quejosa ***, se encuentra inscrita o estaba inscrita en algún régimen de seguridad social, así como la fecha de su alta, o baja en su caso, y remita copias certificadas de las constancias con las que acredite su dicho, o bien en su caso, manifieste el impedimento legal que tiene para hacerlo. De igual modo, informe a este órgano Jurisdiccional todas las prestaciones de seguridad social con las que cuenta la parte quejosa, debiendo remitir las constancias que lo acrediten Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, en relación con el diverso 259, de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tal efecto, remítasele copia de la demanda de amparo, a fin de que la autoridad requerida pueda proveer lo conducente a la petición planteada supralíneas. Cobra aplicación a lo acordado la jurisprudencia cuyo rubro y contenido es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELA CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de septiembre de la actual anualidad, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. No obstante, del análisis efectuado por esta Juzgadora del citado informe, se advierte que la autoridad responsable no remitió la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado. Al efecto, se acuerda: En relatadas circunstancias, dado que para resolver el presente juicio de amparo, resulta imprescindible contar con las constancias completas que dieron origen al acto reclamado, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, a partir del siguiente a la notificación de este auto, remita: a) Copias certificadas legibles y completas de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, en específico la notificación practicada a la parte quejosa, respecto del oficio ISSTECH/UJ/0527/2023, de cinco de julio de dos mil veintitrés; esto con la finalidad de que esta Juzgadora esté en posibilidad de analizar las constancias que sirvieron de base para emitir el oficio reclamado. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para tal efecto, con fundamento en el artículo 234, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de Medidas y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo acordado la jurisprudencia cuyo rubro y contenido es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELA CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Roberto Bautista Díaz, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Autotransporte Público de Taxis y Colectivos "Los Arcángeles", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por medio del cual solicita copias simples de: 1) informe rendido por la autoridad responsable Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, en representación de las autoridades responsables de dicha secretaría, 2) de las constancias que se tuvieron por recibidas en proveído de veinte de septiembre del año en curso; y, 3) de la inspección ocular practicada el veintitrés de agosto del año en curso, autorizando para recibirlas a José Juan Domínguez Robles. II. La certificación que antecede de la que se advierte que Juan Roberto Bautista Díaz, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Autotransporte Público de Taxis y Colectivos "Los Arcángeles", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no tiene registrado usuario para consultar electrónicamente el juicio en que se actúa. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. Asimismo, con fundamento en el numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, expídanse las copias simples que solicita, de las constancias que obran únicamente en el expediente físico, previa razón y recibo que deje en autos para debida constancia. Lo anterior, toda vez que el presente asunto se encuentra regulado acorde al lineamiento establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a partir del trece de enero del año en curso. En tal virtud, a partir de la data supracitada, toda documentación recibida en el presente juicio vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc.) o generada de esa forma (acuerdos, notificaciones electrónicas), consta únicamente en el expediente electrónico; considerándose certificada electrónicamente al incluir la evidencia criptográfica; ello, en tratándose de los documentos que cuenten con firma electrónica de quien, en su caso, los suscribe. No obstante, dado que de la certificación que antecede se advierte que el quejoso, no cuenta con usuario para consultar el expediente electrónico, por única ocasión, imprímasele los autos que obren en el mismo. Finalmente, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se reitera a la parte quejosa que uno de los principios rectores del acuerdo antes mencionado es el impulso tecnológico, pues por regla general, se debe optar por documentos, servicios y procesos digitales de forma preferente a aquéllos realizados en papel, salvo en casos cuya excepción sea debidamente justificada; por lo que, se le exhorta a realizar sus promociones y la consulta del expediente, por esa vía; ya que las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden descargar en su equipo de cómputo toda la documentación que integra el mismo; esto es, tanto de las constancias recibidas en forma impresa como las generadas electrónicamente. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Norma Gipsy Villanueva Trejo, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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