Ana María de Lourdes Gómez Motolinia

Expediente 295/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
295/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Ana María de Lourdes Gómez Motolinia

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria relativa al recurso de queja 136/2022, interpuesto por Ana María de Lourdes Gómez Motolinia, anexando el original del juicio de amparo 295/2022. Por cuanto el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlo a los presentes autos, pues sus originales obran en el juicio; en consecuencia, se ordena su destrucción, glosándose al expediente de este sumario únicamente las actuaciones originales que obran en el mismo. Acúsese de recibo a la Superioridad. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto la superioridad confirmó el desechamiento de la demanda de amparo, este órgano considera innecesario que la comunicación se haga de manera personal, en la medida en que la firmeza adquirida por dicha resolución y el sentido del proveído, no afecta a la seguridad procesal de las partes ni los deja en estado de indefensión, aunado a que el presente proveído no se ubica dentro de los supuestos de notificación personal que indica el dispositivo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, porque no se trata del desechamiento primigenio de la demanda, sino de la confirmación de esa decisión, máxime que los acuerdos pronunciados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, citados con anterioridad, no precisan su notificación en vía personal; por lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que la notificación de este proveído se haga por lista. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Juan Carlos de León Betanzos, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de abril de dos mil veintidós. Visto; el oficio firmado criptográficamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo, y anexos, además informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto, recayéndole el número 136/2022. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, téngase a la superioridad acusando de recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto, el escrito signado por Ana María de Lourdes Gómez Motolinia, parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de once de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el ocurso de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la accionante. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el once de marzo de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 295/2022-VIII, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ana María de Lourdes Gómez Motolinia. Por tanto, remítase a la brevedad el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Ana María de Lourdes Gómez Motolinia, contra actos de la Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente bajo el número 295/2022-VIII, y provéase lo conducente. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo consistente en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en el Recurso de Revisión interpuesto en contra del acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el Juicio Contencioso Administrativo número 449/2020 antes TJA/JCA/273-C/2019, en el que declaró fundado el recurso de revisión interpuesto por el Jefe de la Unidad Jurídica y en representación del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, y determinó modificar el auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, respecto a la admisión de la prueba documental ofrecida por la parte actora aquí quejosa, no afecta de modo directo o inmediato alguno de los derechos sustantivos de la promovente ni trasciende de un modo irreparable en su esfera jurídica, pues sólo constituye una afectación de carácter procesal, ya que, en todo caso la afectación o violación a sus derechos se podría materializar hasta que se resuelva en definitiva el juicio natural, que finalmente puede resultar favorable o no a los intereses de la parte quejosa. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del señalado acto reclamado habrá afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicen: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, caso contrario si las violaciones que señala como acto reclamado en la demanda que se provee, trascienden al resultado del fallo, habiendo dejado sin defensa a la parte promovente, podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra la respectiva resoluicion, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo vigente, en ese tenor, los aspectos que reclama en su demanda de amparo constituyen propiamente cuestiones intraprocesales. Por ende, este acto no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto de las violaciones al procedimiento, la misma Ley de amparo vigente en el artículo 171, primer párrafo indica: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Por su parte, las fracciones III y XII, del artículo 172, de la Ley de Amparo vigente, establece alguno de los supuestos jurídicos, que debe ser impugnable en amparo directo, y que a saber dice: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Es aplicable al caso por analogía, la tesis de texto y rubro siguiente: PRUEBAS OFRECIDAS POR EL TRABAJADOR. EL DESECHAMIENTO POR LA JUNTA DE DOS O MÁS DE LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR UN MISMO HECHO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Conforme al artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo las Juntas de Conciliación y Arbitraje están facultadas para desechar las pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando los motivos para ello. Ahora bien, si el trabajador ofrece dos o más pruebas para acreditar un mismo hecho, ello no es motivo para que la Junta las deseche, en primer lugar, porque la ley no impide el ofrecimiento de pruebas en dichos términos; y, en segundo, porque al resolverse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas no se está en aptitud de conocer lo que pretende demostrarse con ellas, a menos que se prejuzgue sobre su alcance probatorio, pero si la Junta lo hace resulta indebido porque limita el derecho de las partes de probar sus pretensiones y, por ende, actualiza una violación a las leyes del procedimiento laboral, en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, que amerita su reposición. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Boulevard Salomón González Blanco número 3454, Primer Piso, de esta ciudad. Se tiene como autorizados a Alfredo Nuriulú Moscoso y Humberto de los Santos Coello, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y como autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, parte in fine, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, a José Luis Wenceslao Camacho Espinosa, Jorge Luis López Castellano Castellanos de la Cruz y María Yazmín Ramírez Pérez, por así haberlo solicitado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a la parte quejosa el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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