Ana María del Rocío Ramírez López

Expediente 1255/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1255/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Ana María del Rocío Ramírez López

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. De igual forma, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor de dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexa. Personalidad Asimismo, remite copia certificada del auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual, reconoció personalidad a ********************. En consecuencia, se reconoce personalidad a ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa, dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado, personalidad que es admitida en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que, mediante auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se reservó a proveer sobre los autorizados; hasta que se reconociera la personalidad del apoderado legal situación que ya a aconteció, por tanto se provee. En consecuencia, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a las personas que refiere, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Estado procesal Por otro lado, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, página 38, tomo IX, junio de 1999, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de resolver el incidente de liquidación dentro del expediente laboral ********************. Además, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictó la resolución correspondiente en el juicio laboral ********************. Razón por la cual, si la parte peticionaria de amparo el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, reclamó la omisión de resolver el incidente de liquidación dentro del expediente laboral ********************, y toda vez que la autoridad responsable el veintisiete de septiembre del año en curso, dictó la resolución correspondiente en el juicio laboral ********************, entonces, han cesado los efectos de la omisión reclamada. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta y cuatro minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito firmado por ********************quien se ostenta como apoderado legal de********************, mediante el cual, en atención a la prevención formulada en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, realiza diversas manifestaciones y cumple con lo requerido. En consecuencia, este Juzgado se encuentra en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Admisión de demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ********************quien se ostenta como apoderado legal de********************, respecto de la autoridad y acto siguientes: I.- Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión de resolver el incidente de liquidación dentro del expediente laboral ********************. Del incidente de suspensión Atento a lo establecido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado De conformidad con lo previsto en los numerales 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. Y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Apercibidas que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que, de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional Se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTO DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este asunto en el que se reclama una omisión en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, ya que la afectación que le pudiera causar está supeditada a que la responsable acuerde favorable la petición que realiza la parte actora en el juicio de origen, por lo que en este momento, no se puede considerar válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la parte quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues aún no se encuentra legitimado para defenderse en el juicio de amparo al no haber una actuación que vulnere sus derechos, dado que al no haber un pronunciamiento por la responsable no le acarrea un perjuicio. Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación. De la personalidad del promovente Tomando en consideración que el promovente exhibe copia del acuse de la promoción mediante la cual solicitó copia certificada del documento con el que acredita la personalidad con la que se ostenta, con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que, al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoció la personalidad a ********************como apoderado legal de********************, dentro del juicio laboral de origen. Con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el numeral 254 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, página 297, tomo XXIX, junio de dos mil nueve, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La regla que prevé la potestad del Juez Federal para requerir a la autoridad omisa la aportación de los documentos solicitados por las partes para exhibirlos como prueba en el juicio de garantías, haciendo uso de los medios de apremio, debe también aplicarse tratándose de la expedición de las constancias solicitadas oportunamente por el promovente para justificar el reconocimiento de su personalidad ante aquélla, cuando al desahogar la prevención para comprobar esa circunstancia, manifieste bajo protesta de decir verdad la imposibilidad para hacerlo debido a la falta de expedición de las constancias, y solicite al Juez su intervención para obtenerlas, pues al no existir en la Ley de Amparo disposición expresa que faculte al juzgador para requerir esa documentación, la cual debe exhibirse previamente a la admisión de la demanda en términos de la jurisprudencia P./J. 23/2009, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", la aplicación de aquella regla resulta indispensable para salvaguardar el derecho del promovente a la prosecución del juicio. Lo anterior no implica que la admisión de la demanda deba diferirse hasta en tanto se expidan las citadas documentales, ya que conforme a los numerales 120, 122 a 124, 130 y 145 a 148 de la Ley de Amparo, el acuerdo respectivo que provee también sobre la suspensión provisional no puede postergarse más allá del plazo extraordinario establecido en el indicado artículo 146 para regularizar la demanda, dada la urgencia de la medida cautelar para preservar la materia del amparo; de ahí que, en el supuesto señalado, el juzgador deberá admitir la demanda sin perjuicio de acordar lo conducente a la personería del peticionario del amparo cuando la autoridad responsable expida las constancias solicitadas o informe sobre ellas". De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que se adjuntaron al escrito de demanda, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica por ********************quien se ostenta como apoderado legal de******************** contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 1255/2023-III, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Prevención Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. De la demanda de amparo se desprende que el promovente señala como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "III. LA AUTORIDAD (ES) RESPONSABLE (S). Lo son: 1) H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 1º FRACCIÓN Y 107 FRACCIÓN III INCISO B, FRACCIÓN V DE LA LEY DE LA MATERIA. Consiste en denegación de justicia pronta y expedita consistente en la omisión por parte de la responsable de pronunciarse y notificarme de manera personal la resolución interlocutoria consistente en el Incidente de liquidación promovido por esta parte, asimismo, notificar a la parte demandada en lo principal de dicha resolución; toda vez, que se obstaculiza la continuación del procedimiento en su etapa de ejecución del laudo correspondiente, retardando y omitiendo notoriamente con ello el mismo, ya que la responsable ha agotado con demasía el plazo legal para efectuar dicha diligencia. Por lo tanto, la autoridad responsable con su omisión injustificada obstaculiza la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, ya que ha transcurrido en exceso el tiempo establecido sin que la autoridad haya cumplido con la disposición legal citada. Lo que implica que debe realizar los actos tendientes a emitir la resolución correspondiente y necesaria para tal fin, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige, siendo dicho acto de omisión, lascivo y violatorio de mis garantías y derechos humanos, puesto que tal y como se advierten de las constancias que integran los autos ha transcurrido en demasía el término que prevé la Ley Federal del Trabajo para que la autoridad responsable se avoque a la resolución del conflicto, dejando en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al hoy quejoso. SOLICITANDO A ESTE H. JUZGADO, TENER POR NO CUMPLIDO EL AMPARO EN MENCIÓN HASTA EN TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUMPLA TODOS LOS ACTOS TENDIENTES LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL AMPARO QUE NOS OCUPA". Ahora bien, al fallar el recurso de inconformidad 282/2013, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó el criterio de que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Al respecto, en una nueva reflexión, la Segunda Sala razonó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Dicha tesis aislada es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, registro 2005150, y dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Luego, de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que la quejosa solicita a este Juzgado, tener por no cumplido el presente juicio de amparo hasta en tanto la autoridad responsable cumpla todos los actos tendientes a la ejecución de la sentencia. Por tanto, deberá precisar en forma clara y concreta, qué acto reclama a la autoridad que señala como responsable. Sin que el señalamiento de los actos reclamados pueda quedar al arbitrio del órgano de control constitucional, en razón de que se trata de un derecho exclusivo de la parte quejosa, en el cual, no opera la suplencia de la deficiencia de la queja. Lo anterior, toda vez que es obligación de las partes señalar en la demanda de manera clara y precisa, los actos que reclama de las autoridades responsables, como lo exige el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, deben ser concretos y precisos, sin que en los mismos se admitan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones. Es aplicable al caso, la tesis aislada XX.57 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página 861, registro 202853, que reza: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Con el apercibimiento a la peticionaria de amparo que, de no cumplir íntegramente con lo requerido, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Autorizados Por último, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas a las personas que refiere para oír y recibir notificaciones, sin embargo, respecto de tenerlos por autorizados con facultades amplias, se reserva, hasta que le sea reconocida la personalidad al promovente. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Usuario Toda vez que la parte quejosa solicita la consulta del expediente de manera electrónica, con fundamento en los artículos 21 y 36, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes citado, se autoriza el acceso al expediente electrónico, así como las notificaciones, siempre y cuando se realice sobre la base del usuario ********************, y se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, se faculta a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al usuario antes precisado, la consulta del Expediente Electrónico a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo precisado en párrafos que anteceden. Domicilio No ha lugar a tener por señalado como domicilio procesal el lugar que refiere, en razón de que señala usuario y solicita que las notificaciones se realicen por medios electrónicos, lo que ha sido acordado de modo favorable en el presente auto. Uso de medios electrónicos Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. notif personalmente.

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