Ana Luz Ramírez Pérez

Expediente 219/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
219/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Ana Luz Ramírez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de veintidós de marzo del año en curso, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Notifiquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito a la misma; mediante los cuales, rinden sus informes justificados ... En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. ... Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito firmado por **, quienes se ostentan como albaceas mancomunadas de la sucesión testamentaria a bienes de **, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulado por auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete y aclara que el nombre correcto de la promovente es Areli Marmolejo Malo y no como quedó en la demanda de amparo; por tanto este Órgano Jurisdiccional provee al respecto. En mérito de lo anterior, se tiene aclarando el nombre de la quejosa, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el precepto 11 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostentan **, en virtud de que exhiben copia certificada del reconocimiento de herederos y designación de albacea relativo al juicio sucesorio testamentario, del cual se advierte que se reconocen como albaceas mancomunadas de **. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo, en sus términos, en el que señalan como acto reclamado la omisión de tramitar la acumulación del expediente de sucesión testamentaria**. Con fundamento en el numeral 128 de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con soporte en lo previsto en el dispositivo 237, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Dése a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada Ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas consistentes en las documentales que anexa, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifiquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en el que se actúa, se advierte que por acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda promovida por la quejosa Elvira González Martínez; atento a lo anterior, a efecto de que las partes se impongan del contenido de dicha ampliación, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese.

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