Ana María Carrillo Mendoza

Expediente 692/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
692/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2015

Partes del expediente

  • Ana María Carrillo Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término a que se refieren al artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido a los autos de veintisiete de mayo del año en curso, por lo cual se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia: en consecuencia, con fundamento el diverso 86, en correlación con el diverso 81, fracción I, inciso d), del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LOS TERCEROS PERJUDICADOS DE INCIALES C.C.J., O.C.J., J.J.R., M.J.R., M.J.R., V.J.R. Y A.J.R. EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE: "Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de veintiuno de agosto de dos mil trece (fojas 300 a 312), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, para los efectos siguientes: ".la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro en Toluca, Estado de México, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario 389/1998, promovido ***, a partir de la orden de emplazamiento de la parte demanda, en cual deberá de tener como interesado al juicio al quejoso y así ordene que se le emplace y éste se realice correctamente y conforme a lo que establece la ley, para que comparezca el agraviado a juicio, a dar contestación a la demanda, ofrecer pruebas y formular alegatos, para que se cumplan de manera efectiva su derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Posteriormente, mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil trece (fojas 340 a 348), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, Gerardo Jiménez Rebollo, en su carácter de tercero perjudicado en la época de los hechos, interpuso recurso de revisión contra la sentencia descrita en el párrafo que antecede, mismo que por acuerdo de doce de septiembre de dos mil trece, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 350). Por razón de turno conoció del medio de impugnación intentado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; órgano colegiado que mediante resolución de cinco de diciembre de dos mil trece, en los autos de la revisión principal 223/2013, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Benito Jiménez Rebollo, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero..." Así, en acuerdo de siete de enero de dos mil catorce (fojas 395 a 397), y diversos, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En respuesta, mediante oficios números T.U.A.-24/82/2014, T.U.A.-24/101/2014, T.U.A.-24/122/2014, T.U.A.-24/190/2014, T.U.A.-24/261/2014, T.U.A.-24/1241/2014, T.U.A.-24/1307/2014, T.U.A.-24/1387/2014, T.U.A.-24/1684/2014, T.U.A.-24/1811/2014, T.U.A.-24/1959/2014, T.U.A.-24/2267/2014, T.U.A.-24/2393/2014, T.U.A.-24/3006/2014, T.U.A.-24/3086/2014, T.U.A.-24/3459/2014 y T.U.A.-24/314/2015 presentados el catorce, dieciséis, diecisiete y treinta y uno de enero; cinco de febrero, veintiocho de mayo, cuatro, diez, veintiséis de junio, diez de julio, seis y veintiocho de agosto, once de septiembre, veintitrés y veintinueve de octubre, veintiocho de noviembre, todos de dos mil catorce y veintiséis de enero de dos mil quince (fojas 470 a 473, 476 y 477, 482 a 485, 501 a 505, 510 a 521, 524 a 536, 540 y 541, 543 a 545, 547 a 551, 554 a 557, 559 a 563, 568 a 570, 576 a 581, 593 a 610, 617 a 619, 626 y 627, 633 a 642), respectivamente, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24 en Toluca, Estado de México, comunicó las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector, y remitió copias certificadas de diversas constancias, precisando, que de las mismas se advierte que la responsable ordenó el emplazamiento del aquí quejoso y conforme a lo que establece la ley, permitió su intervención en el juicio de origen, para así, poder ejercer su derecho a dar contestación a la demanda, ofrecer pruebas y formular alegatos, para así cumplir de manera efectiva con sus derechos fundamentales, lo que se concatena con la de la resolución de veinte de enero de dos mil quince, en la que el Tribunal Agrario resolvió tener a Benito Jiménez Rebollo y otros, reconocido jurídicamente como sucesor de los derechos agrarios de la extinta Antonia Rebollo Jiménez, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, en proveído de treinta de enero de dos mil quince (foja 643), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues el veinte de enero de dos mil quince, en la que el Tribunal Agrario resolvió tener a Benito Jiménez Rebollo y otros, reconocido jurídicamente como sucesor de los derechos agrarios de la extinta Antonia Rebollo Jiménez, con lo que acredita, que la responsable ordenó el emplazamiento del aquí quejoso y conforme a lo que establece la ley, permitió su intervención en el juicio de origen, para así, poder ejercer su derecho a dar contestación a la demanda, ofrecer pruebas y formular alegatos, para así cumplir de manera efectiva con sus derechos fundamentales, en estricto acatamiento a los argumentos vertidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Lo que se robustece con la jurisprudencia visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, Tomo I, Libro 12, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional." POR MEDIO DE LISTA

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE. " POR MEDIO DE LISTA (CITATORIO)

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