Ana María Carmona Paulino
Expediente 936/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2021
Partes del expediente
- Ana María Carmona Paulino
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación en el punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por A**********, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 936/2020-III-D. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS Es oportuno señalar que la quejosa reclama del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios y del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios: La omisión de expedir el dictamen de pensión por jubilación solicitada el veintitrés de octubre de dos mil veinte. DESECHAMIENTO En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a los artículos 61, fracción XIII de la Ley de Amparo y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En esa tesitura, el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. De igual manera, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y, recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 79, publicada en la página 89, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS.- La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Así como, la tesis XXI.1o.P.A.36 A, publicada en la página 1897, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2005, tomo XXII, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Ahora bien, en el caso se advierte que la petición que reclama la quejosa se encuentra regulada en el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que establece: "ARTICULO 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido a causa de alguna omisión o error, la persona que recibió el pago indebido deberá devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. Cuando el pago indebido sea ocasionado por información proporcionada por la institución pública, el Instituto se resarcirá con cargo al presupuesto de la misma El órgano competente del Poder Legislativo, o en su caso de la institución pública proporcionará al Instituto y a los servidores públicos la información que requieran para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes." Del artículo anterior se advierte que las autoridades tienen un plazo de treinta días para dar respuesta a las peticiones de pensión. Sin embargo, la solicitud de pensión impugnada se presentó el veintitrés octubre de dos mil veinte, según se advierte del acuse de recibo de dicha solicitud que la quejosa anexó a su escrito de demanda. Por su parte, la demanda de amparo fue presentada el nueve de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada al día siguiente a este órgano jurisdiccional. En ese contexto, si en términos del artículo el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, las autoridades responsables contaban con un plazo de treinta días para dar contestación a la solicitud formulada por la quejosa, y la demanda de amparo se presentó el nueve de diciembre del año en curso, como se precisó con anterioridad; resulta evidente que no ha transcurrió el plazo en el que deben pronunciarse las autoridades responsables al momento de la presentación de la demanda respecto de la solicitud de la quejosa, tal y como se advierte del calendario que a continuación se cita: OCTUBRE 2020 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Día que se presentó el escrito de petición 24 25 26 Día 1 27 Día 2 28 Día 3 29 Día 4 30 Día 5 31 NOVIEMBRE 2020 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 Día inhábil 3 Día 6 4 Día 7 5 Día 8 6 Día 9 7 8 9 Día 10 10 Día 11 11 Día 12 12 Día 13 13 Día 14 14 15 16 Día inhábil 17 Día 15 18 Día 16 19 Día 17 20 Día inhábil 21 22 23 Día 18 24 Día 19 25 Día 20 26 Día 21 27 Día 22 28 29 30 Día 23 DICIEMBRE 2020 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Día 24 2 Día 25 3 Día 26 4 Día 27 5 6 7 Día 28 8 Día 29 9 Día 30 (Fecha de presentación de la demanda de amparo) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Por consiguiente, la omisión reclamada no constituye una dilación ya que como se detalló, al momento de la presentación de la demanda de amparo no transcurrieron los treinta días que regula la ley para que la responsable dé contestación a su petición; de ahí que, se estima que la quejosa no sufre una transgresión a su derecho fundamental de petición. En ese contexto, se considera que el acto reclamado en este momento, no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la quejosa; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Tiene aplicación, por las razones que sustentan la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), publicada en la página 2003, Libro 19, Tomo III, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2009510, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en 'breve término', guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de 'plazo razonable' descrito." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, respecto del acto antes señalado se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Practíquense las notificaciones a la parte quejosa, a través de la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme al artículo 29, fracción I, de la ley de la materia, por así haberlo solicitado. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Conforme a lo dispuesto por el referido artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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