Ana Luisa Sanchez Kalisch

Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
131/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Ana Luisa Sanchez Kalisch
  • Presidente de la Junta Federal de Conciliación Y Arbitraje Número 42 Junta Especial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado estado para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No lo solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en autos la constancia de notificación de la parte quejosa Ana Luisa Sánchez Kalisch, respecto del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós. En tales condiciones, instrúyase al actuario adscrito a este juzgado para que realice de inmediato la diligencia correspondiente, o bien, entregue la constancia de notificación respectiva a la secretaría de acuerdos. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la quejosa Ana Luisa Sánchez Kalisch.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa Ana Luisa Sánchez Kalisch, mediante el cual manifiesta que está de acuerdo con la petición de sobreseimiento realizada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, pues refiere que del informe justificado aparece que ha sido restituida en el goce de sus garantías individuales. Informe. Atento a lo anterior, este juzgado procede a resolver sobre la improcedencia alegada por la parte quejosa, y al respecto, se trae a la vista el informe justificado que rindió la Junta responsable, del que se aprecia que fue localizado el expediente laboral cuya extravió reclamó la aquí quejosa, por lo cual se continuó el procedimiento señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica. Cesación de efectos. Por tanto, se estima que tal hecho actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, del sumario se advierte que la quejosa se duele de la omisión incurrida por el Presidente de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, al no realizar el proceso para la localización del expediente laboral número 1294/2020, el cual fue reportado como extraviado. Sobre el particular, se tiene que la citada autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de fecha quince de enero de dos mil veintidós, dictado en el precitado juicio laboral 1294/2020, por el cual hizo constar la localización de dicho expediente que se encontraba en poder del actuario adscrito, por lo que continuó con el procedimiento señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica. Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. En ese contexto, al haberse localizado el expediente laboral cuyo extravió reclamó la aquí quejosa, además de continuar con el trámite respectivo, por ende, han cesado los efectos de dicho acto reclamado porque la omisión quedó destruida de forma total e incondicional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, al quedar plenamente actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no hay necesidad de dar vista con el contenido del informe de cuenta, razón por la cual, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, ordenando su cancelación en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuerdo. En otro entorno, como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, expídansele las copias certificadas de lo que pide, previa toma de razón y entrega que se deje en autos para su constancia legal; asimismo, se autoriza a quien menciona en su escrito, para recoger las mismas. Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de catorce de marzo del dos mil veintidós, se señalaron las diez horas con treinta minutos del catorce de abril de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo en que se actúa, sin embargo, ese día corresponde a los días inhábiles contemplados en el artículo 19 de la Ley de Amparo, y conforme a la circular 5/2022, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Diferimiento. En esas condiciones, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada, fijándose nuevamente para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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