Ana Luisa Natividad Chávez

Expediente 844/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
844/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
26/04/2019

Partes del expediente

  • Ana Luisa Natividad Chávez
  • Congreso Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica auto a quejosa. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los formatos de pago de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre de la quejosa, con números de referencia 758347396 y 758347383. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades realmente pagadas en los citados recibos y que aparecen como "importe a cargo del contribuyente", por la aplicación de los aludidos preceptos declarados inconstitucionales, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por el concepto de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional); así como el cobro proporcional que con base en dicha tarifa se calculen las contribuciones accesorias relativas al fomento a la educación y seguridad y el impuesto adicional; cantidades a devolver, las que deberán ser debidamente actualizadas. Sin que deba devolverse los importes que aparecen en los recibos como "CEPROFIS" (certificados de promoción fiscal), ya que no fueron erogados por la quejosa por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila, y Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2017. Por tanto, la devolución solo comprenderá el excedente de las cantidades realmente pagadas por la quejosa por concepto de derechos registrales, puesto que no queda eximida de pagar el servicio prestado por el Registro Público, ya que el amparo solo implica remediar la inconstitucionalidad de un elemento variable y no todo el mecanismo del derecho cuestionado, por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución". Impugnación. Inconforme con la sentencia, el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, el cual por oficio de ocho de noviembre del año próximo anterior, informó que quedaron firmes los sobreseimientos en el presente juicio, modificando la sentencia recurrida, amparando a la parte quejosa, contra los actos y autoridades señaladas en el presente juicio. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 758347396 y 758347383, por la cantidad de $8,693.00 (ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional), mismo que recibió de conformidad. Igualmente, desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. Vista con cumplimiento. Con dicha constancia remitida, por proveído de siete de marzo del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 758347396 y 758347383, por la cantidad de $8,693.00 (ocho mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional), mediante cheque número 13346, de la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, mismo que se recibió de conformidad, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos y desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Aviso cambio de titular. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del oficio SEADS/235/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Agréguese a los autos para debida constancia el oficio remitido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese personalmente a la quejosa...

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, no ha dado contestación al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En tales condiciones, antes de proceder a la apertura del incidente de inejecución que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que haya quedado legalmente hecha la notificación del presente proveído, y remita las constancias en copia certificada que lo acrediten fehacientemente. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedora a una multa equivalente a... con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de dos mil diecinueve, por decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; mediante oficio al Administrador Local de Recaudación de esta ciudad.

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