Ana Luisa González García

Expediente 210/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
210/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
16/01/2018

Partes del expediente

  • Ana Luisa González García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias simples de las constancias que indica.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos, toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas de lunes a jueves.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de ocho de mayo de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa, publicada el día once de mayo de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos, toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas de lunes a jueves.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **********, a través del cual y en atención a la prevención hecha mediante auto de seis del mes y año en curso, exhibe aviso recibo correspondiente al mes de enero de dos mil diecisiete, y pago del mismo. En tales condiciones, analizado. integralmente el escrito inicial de cuenta, así como los anexos exhibidos por la quejosa en el escrito de cuenta; de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente. Establecido lo anterior, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece el siguiente tenor: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, la parte quejosa reclama: - El cobro del Derecho de Alumbrado Público (D.A.P.), con motivo del acto concreto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio Fiscal de 2017, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; derivado del acto de aplicación consistente en los avisos-recibos, expedidos por el periodo del cuatro de enero al dos de febrero, así como del dos de febrero al siete de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al número de servicio ******, a nombre de la aquí quejosa. En este orden de ideas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de amparo de manera extemporánea, aun tomando como punto de partida el recibo de pago del aviso-recibo que presenta la quejosa como acto de aplicación en su perjuicio, a saber el catorce de febrero de dos mil diecisiete. De la interpretación íntegra y literal de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se aprecia que el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente recibida; la primera de ellas, se refiere a la hipótesis que la parte quejosa hubiese sido notificado del acto reclamado; la segunda, cuando ha tenido conocimiento de éste o de su ejecución; la tercera, cuando se hubiese ostentado sabedor de los mismos; y, la cuarta, tratándose de un amparo contra una ley autoaplicativa, en cuyo caso, el término empieza a contar a partir del día siguiente al de su entrada en vigor. Así, si la norma se reclama como autoaplicativa, el plazo para la promoción del amparo será de treinta días hábiles siguientes a que entró en vigor la ley; sin embargo, si la norma se reclama con motivo del primer acto concreto de aplicación, el término para promover la instancia constitucional, será siempre de quince días hábiles siguientes al primer acto de aplicación en perjuicio del particular. También, existe la posibilidad que, aun cuando una ley sea reclamable con motivo de su sola entrada en vigor (autoaplicativa), no se tendrá por consentida sino hasta que, una vez actualizado el primer acto de aplicación, tampoco se impugne su inconstitucionalidad dentro de los quince días siguientes a que ocurrió aquél. En ese sentido, se desprende que, tratándose de leyes autoaplicativas, existen dos momentos para instaurar la instancia constitucional, ya sea dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, o bien, dentro de los quince posteriores al primer acto de aplicación; sin embargo, si la acción constitucional no se ejercita por el particular en cualquiera de estos dos momentos, la norma legal se tendrá por consentida y, por ende, operará la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, antes indicado. En el presente caso, como se expuso, la parte quejosa reclama el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio Fiscal de 2017, como heteroaplicativas, es decir, a partir del primer acto de aplicación en su perjuicio, por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, los cuales se contarán a partir del día siguiente a aquél en que se aplicó al particular la norma reclamada de inconstitucional, lo que aconteció al momento en que recibió el aviso de recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad a su nombre y del cual se advierte el cobro del derecho de alumbrado público. Luego, si derivado del contrato con número de servicio *******, se expidió un recibo con período de facturación del cuatro de enero al dos de febrero de dos mil diecisiete, donde se contiene un cobro de $1,584.79 (un mil quinientos ochenta y cuatro pesos con setenta y nueve centavos 79/100 moneda nacional) por concepto de Derecho de Alumbrado Público, recibido por el quejoso el catorce de febrero de dos mil diecisiete, como se advierte de la manifestación contenida en la demanda de amparo, la cual constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, lo cual se corrobora con el recibo de pago ante la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, de catorce de febrero del año en curso, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, no obstante que sea privado, ya que no reúne característica alguna para sostener que fueron emitidos por autoridad en ejercicio de sus funciones, pero ello no resta el valor probatorio, al no existir elementos de prueba que desvirtúen su contenido; entonces, es esa fecha la que debe tomarse como punto de partida para realizar el cómputo del plazo de los quince días con que contaba la parte quejosa, el cual comenzó a transcurrir a partir del día siguiente a aquél en que se dio el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa; esto es, del quince de febrero al siete de marzo de dos mil diecisiete, con deducción de los días dieciocho; diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero; así como los días cuatro y cinco de marzo todos del año en curso, por ser inhábiles; por lo que si la demanda de amparo, fue presentada el cuatro de abril del año en curso, según se advierte del sello de recepción de dicho documento en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, ello conduce a estimar el consentimiento de los actos reclamados por no haberse ejercido la acción constitucional dentro del plazo que para ello contempla la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 113/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 294, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 174532, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos". Es igualmente aplicable la tesis 2a. LXX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 445, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso". Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgado que en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además que la acción de amparo puede válidamente ejercitarse en contra del segundo o ulterior acto de aplicación, si éste se funda en leyes igualmente declaradas inconstitucionales por el Máximo Tribunal del país; sin embargo, en el caso no se está en aptitud de aplicar la suplencia de la queja, pues para ello se requiere que el juicio de amparo resulte procedente, ya que la suplencia de la queja no tiene el alcance de hacer procedente un juicio de amparo que no lo es; además de que, en el caso a estudio, la impugnación contra el acto de aplicación no se efectúa dentro de los quince días siguientes a que aconteció, requisito indispensable para la procedencia de la acción constitucional, en contra del segundo o ulterior acto de aplicación. Tampoco pasa desapercibida la jurisprudencia 1a./J. 32/2005 derivada de la contradicción de tesis 24/2005-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", ya que en ella se establece que si para actualizar un motivo de improcedencia, se necesita realizar un análisis propio de la sentencia definitiva, en relación a que si una norma es heteroaplicativa o autoaplicativa, dicha hipótesis no reúne los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, circunstancias que no acontecen en el presente asunto, pues lo que aquí se analizó fue que la demanda de amparo se presentó fuera del plazo que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, y no así, si la norma impugnada es autoaplicativa o heteroaplicativa. Por lo que con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que aquí se analiza.

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