Ana Lilia Acosta Ceseña y Otros.
Expediente 211/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 19/08/2016
Partes del expediente
- Ana Lilia Acosta Ceseña y Otros.
- Ana Lilia Acosta Ceseña
- Luis Adrián Valenzuela Acosta y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Ana Lilia Acosta Ceseña, sin anexos, mediante el cual solicita le sean devueltos los documentos que exhibió en el presente asunto, por conducto de las personas que indica. Atento a lo anterior, como está ordenado en auto de dos de mayo del presente año (fojas 408 y 409), hágase devolución de los documentos en comento, por conducto de las personas que señala la promovente en el ocurso de cuenta. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de seis de abril de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que sí existen documentos en copia certificada exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que de autos se advierte la existencia de un tomo de pruebas, consistente en diversos documentos exhibidos por la parte quejosa (foja 15), requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
En siete de abril de dos mil dieciséis, notifico al TERCERO INTERESADO TIENDAS EXTRA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el auto de seis de abril de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 4702 (fojas 281 a 284) y 4915 (292 a 296), la autoridad responsable 1. Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, al 1. Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] el embargo trabado sobre el bien que dice ser de su propiedad ubicado en Río Nazas, número 860, colonia Piedras Negras, de esta ciudad, inscrito bajo la partida 5023379, ordenado dentro del juicio ejecutivo mercantil 652/2011, y su ejecución. [.]" Ahora bien, mediante resolución de once de febrero de dos mil dieciséis, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, revocó la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, y en su lugar, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que, la Autoridad Responsable ordenadora deje insubsistente el embargo trabado y ordene la cancelación de la inscripción que pesa sobre el inmueble en cuestión, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a fin de que la parte quejosa esté en aptitud de disfrutar su derecho de propiedad, sin que sea necesario decretar la nulidad de todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, ya que la única intención de la parte quejosa era extraer de aquella controversia sus derechos y poner a salvo el inmueble de su propiedad, pues es ajena a la relación jurídica en él ventilada, de ahí que tampoco deba llamársele a dicho juicio para que sea oída y vencida.[.]" "[.] La concesión de amparo se hace extensiva a los actos reclamados al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Ensenada, Baja California, porque no se les atribuyeron vicios propios. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 4702 (fojas 281 a 284) y 4915 (292 a 296), la autoridad responsable 1. Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con las copias certificadas de los proveídos de catorce de marzo del presente año (fojas 283 y 296), y con el oficio 714, enviado al 2. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad (foja 284), todos emitidos dentro del juicio ejecutivo mercantil 652/2011 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el 1. Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, mediante proveídos de catorce de marzo del año en curso, emitidos dentro del dentro del juicio ejecutivo mercantil 652/2011 de su índice, dejó sin efecto el embargo trabado respecto del Lote 9, fracción Noreste, manzana 32, colonia Piedras Negras, de esta ciudad, con superficie de 254.188 metros cuadrados, inscrito bajo partida 5023379, sección civil, de catorce de febrero de 1996; asimismo, ordenó la cancelación de la inscripción del embargo trabado sobre el citado bien inmueble, por medio de oficio 714, de catorce de marzo del actual, dirigido a la diversa autoridad responsable 2. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad. De ahí que al haber dejado sin efecto la autoridad responsable 1. Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, el embargo materia del acto reclamado, y al haber ordenado la cancelación del mismo, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por José Alfredo Salgado Martínez, en su carácter de autorizado de los terceros interesados Gilberto y Yolanda, ambos de apellidos Valenzuela Liera, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 56 vuelta), a través del cual solicita la expedición de copias simples. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, se expiden las copias simples de las constancias que indica en le ocurso de cuenta, previa constancia de identificación y razón de recibo que se deje en autos. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
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