Ana Luisa Delgado Meza

Expediente 938/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
938/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Ana Luisa Delgado Meza
  • Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Luisa Delgado Meza; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, archívese el presente asunto totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este auto, por ubicarse en el supuesto previsto en el inciso d), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, de conformidad con el numeral 15 del citado acuerdo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO: Por lo anterior, si el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de convenio judicial, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por presentada la demanda de garantías promovida por Ana Luisa Delgado Meza, contra actos de la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 938/2022-I y fórmese expediente electrónico e impreso. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Dicho numeral 113 de la ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (.)." Ahora bien, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo indirecto solo procederá contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; ya que la finalidad de dicho precepto legal, es evitar que los gobernados abusen del juicio de garantías retardando el cumplimiento de una resolución jurisdiccional que reviste el carácter de cosa juzgada. En el caso particular, la quejosa Ana Luisa Delgado Meza, señaló como acto reclamado la resolución dictada el treinta de agosto del presente año, en el toca 334/2022, del índice de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en la que revocó el auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 910/2020, del Juzgado Octavo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el cual se había dejado sin efectos el convenio celebrado entre las partes el veintitrés de junio del año en curso; sin embargo, la sala responsable dejó a salvo los derechos de la demandada incidentista ahora quejosa para impugnar el convenio judicial y/o resolución que lo aprobó y declaró la cosa juzgada, en la vía y forma que corresponda. Además, en relación a las manifestaciones que realizó el apelante respecto al cumplimiento de la cláusula primera del convenio judicial, se estableció que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 373, párrafo primero, del código adjetivo de la materia, la ejecución del mismo corresponde al juzgado de origen. De lo anterior se desprende con claridad, que el acto reclamado por la quejosa, fue emitido dentro del procedimiento de ejecución de sentencia o convenio judicial; sin embargo, de ninguna manera constituye la última resolución de ese procedimiento y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto, toda vez que del contenido de la demanda no se advierte que en el juicio natural se hubiere aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado o bien que se hubiere declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o en su caso, que hubiera ordenado el archivo definitivo del expediente, pues se itera que en una de las contestaciones que realizó la sala responsable al apelante en relación al cumplimiento de la cláusula primera del convenio judicial, se le dijo que la ejecución corresponde al juzgado de origen; es decir, se trata de una actuación dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia que puede reclamarse como una violación cometida durante ese procedimiento, pues esas violaciones deben ser alegadas y en su caso, reparadas en el juicio de amparo que se interponga contra la última resolución dictada en la fase de ejecución. Por lo anterior, si el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de convenio judicial, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. En el entendido, que la justiciable como bien lo dijo la sala responsable, tiene a salvo sus derechos para impugnar el convenio judicial y/o resolución que lo aprobó y declaró cosa juzgada, en la vía y forma que corresponda, donde podrá demostrar la coacción o violencia ejercida en su contra. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle General C. Vázquez número 1494, en esta ciudad y a Moisés Armando Rodríguez Herrera, como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que para tales efectos se lleva en este juzgado. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal o en el edifico sede de este juzgado. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por videollamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello para ser agregada al expediente, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace saber que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase del conocimiento que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema de "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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