Ana Lizette Bravo Bárcenas y Otros.
Expediente 581/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ana Lizette Bravo Bárcenas y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el proveído de trece de los actuales, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Lizette Bravo Bárcenas y Jorge Daniel Bravo Bárcenas, en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del expediente en que se actúa, se encuentran debidamente digitalizadas y vinculadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.); por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo temporal. Por otro lado, se hace la precisión de que este juicio es destruible, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este auto, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción IV, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, de conformidad con el numeral 15 del citado acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de juicios de amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de junio de dos mil veintitrés. Por recibida la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y otro. Regístrese en el libro de control electrónico de juicios de amparo con el número 581/2023-I y fórmese expediente digital e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, de la Ley de Amparo, lo anterior es así, porque la demanda y las nueve fotocopias que exhiben carecen de la firma autógrafa de los justiciables, tal y como se hizo constar en la boleta de turno; de ahí que no sea válido presumir que se exhibió en original y con las signaturas referidas, como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia Común, Décima Época, página 3632, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida. En consecuencia, la demanda de amparo debe desecharse por notoria e indudable improcedencia, como se expondrá a continuación. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, de la Ley de Amparo antes invocados establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley." "ARTÍCULO 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". En ese orden de ideas, el anterior precepto legal revela que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la norma general o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley, por lo que, todo escrito presentado dentro de un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, especialmente si se trata del escrito de demanda, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, debe entenderse que propiamente no existe parte agraviada y la demanda resultaría improcedente. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Bajo ese contexto, debe decirse que la ausencia de firma autógrafa en la demanda de garantías, no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmada, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza, además de que el propio oficial de partes de este juzgado asentó en la razón o acuse correspondiente, que la firma que calza la demanda es en copia simple, por no que no es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida, para poder darle el trámite respectivo. En ese orden de ideas, se reitera que como no fue estampada la firma autógrafa en la demanda de garantías, que se recibió en este juzgado como original, ni tampoco aparecen dichas firmas en las copias de traslado que se acompañaron; en consecuencia, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de los directamente interesados en la promoción del juicio de garantías, además de que esta circunstancia es una formalidad indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Esto es, la firma autógrafa original es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa con lo expresado en el escrito; es decir, la falta de firma autógrafa original de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad pues no existe certeza respecto de quien intenta la acción solicitada, por lo cual, se trata de un acto que carece de voluntad expresa y que sea cierta. Por tanto, si dicho escrito sólo es copia simple y no está suscrito por quienes aparecen como promoventes en su texto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de haberse actualizado de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6º, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto es pertinente citar la tesis VI.2o. 692 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 1994, página 435, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes". De igual forma se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Enero de 1991, página 210, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no se ha promovido legalmente el juicio de garantías". Asimismo, ilustra la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Enero de 1991, página 213, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". Finalmente apoya lo expuesto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Sexta Parte, página 96, de rubro y texto siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio, no obstante que los justiciables pretendan subsanar exhibiendo el documento firmado que, se dice, es el que pretendió presentarse, pero que por un error involuntario del oficial de la oficina de correspondencia, se entregó al promovente en lugar del acuse de recibo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A.72 K, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia Común, Novena Época, página 2174, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN SIN FIRMA NO SE SUBSANA EXHIBIENDO EN LA REVISIÓN EL DOCUMENTO FIRMADO QUE, SE DICE, ES EL QUE PRETENDIÓ PRESENTARSE, PERO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL OFICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA, SE ENTREGÓ AL PROMOVENTE EN LUGAR DEL ACUSE DE RECIBO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, de manera que si éste se presenta sin firma, debe desecharse. Esta deficiencia no se subsana y, por tanto, no procede revocar el desechamiento, exhibiendo en el recurso de revisión el que se dice es el documento firmado que pretendió presentarse pero que, por un error involuntario del oficial encargado de la oficina de correspondencia, se entregó al promovente como si fuese el acuse de recibo, pues, por una parte, el quejoso o quien presenta la demanda tiene la obligación de cerciorarse de que sea la original autorizada con firma autógrafa y que el acuse de recibo correspondiente no sea ese original y, por la otra, no existe ningún otro medio de convicción que permita cuando menos presumir tales afirmaciones. En términos de lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a los justiciables que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada Ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en la circular 12/2009 el Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con el contenido del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, para lo cual deberá acudir ante este juzgado o bien, proporcionar una dirección de correo electrónico a fin de hacerlas llegar previa constancia de entrega- recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ********************, en esta ciudad y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia al licenciado ********************, por contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y órganos jurisdiccionales; y únicamente a ********************, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con dicho registro. Por lo que respecta a los correos electrónicos y números telefónicos que señala en su escrito, ténganse únicamente como nueva forma de contacto. Con apoyo en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativa a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; se exhorta a las promoventes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace saber que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes en forma física, en tanto que, las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren a fin de consten de manera digital en términos del numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; debiendo el secretario cerciorarse de que las constancias que obren el expediente impreso o físico, coincida con el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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