Ana Lucrecia Serra Perez

Expediente 1197/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1197/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Ana Lucrecia Serra Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA I. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia oficial del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexos que acompaña; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio. Ahora bien, se trae a colación que el acto que ANA LUCRECIA SERRA PÉREZ reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral reclamatorio 779/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 779/2016. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a su informe con justificación, se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio laboral de origen 779/2016, proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, esto es, resolvió sobre la aceptación o desechamiento de las mismas; acuerdo que la citada autoridad ordenó notificar. Dicha documental por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio laboral de que se trata, dictó un acuerdo sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en la audiencia de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud y celeridad en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no resolver de manera inmediata sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas de que se duele, lo que en el caso se subsana con la pronunciación de la autoridad responsable al dictar el acuerdo relativo de las pruebas de referencia, en el juicio laboral de origen, el cual ordenó notificar a las partes. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesada a la persona moral ATENTO ATENCION Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este Juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ...

  3. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexos que acompaña; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio. Ahora bien, se trae a colación que el acto que ANA LUCRECIA SERRA PÉREZ reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral reclamatorio 779/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 779/2016. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a su informe con justificación, se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio laboral de origen 779/2016, proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, esto es, resolvió sobre la aceptación o desechamiento de las mismas; acuerdo que la citada autoridad ordenó notificar. Dicha documental por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio laboral de que se trata, dictó un acuerdo sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en la audiencia de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud y celeridad en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no resolver de manera inmediata sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas de que se duele, lo que en el caso se subsana con la pronunciación de la autoridad responsable al dictar el acuerdo relativo de las pruebas de referencia, en el juicio laboral de origen, el cual ordenó notificar a las partes. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesada a la persona moral ATENTO ATENCION Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este Juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ...

  4. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario adscrito en la cual asentó el motivo por el que no le fue posible emplazar a juicio a la parte tercero interesada ATENTO ATENCIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y PEGASO PCS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (DENOMINADOS COMERCIALMENTE COMO MOVISTAR) puesto que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto y previamente cerciorado de que se trata del mismo, le fue informado por una persona de nombre Yahara Paulina, que en ese domicilio no pueden recibir notificaciones a nombre de la citada parte quejosa, pues solo opera como Centro de Atención a usuarios Movistar, pero posiblemente en la Ciudad de México si las reciban, y le proporcionaron como la dirección de recursos humanos de dichas empresas la siguiente: "Prolongación Paseo de la Reforma número 1200, colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa, código postal 05349 CDMX"; motivo por el cual se retiró de dicho lugar, sin poder realizar el emplazamiento ordenado. Al respecto, resérvese acordar lo relativo al emplazamiento de la aludida parte tercero interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al informe justificado, de las cuales se pueda apreciarse el domicilio actual y correcto de la citada parte.

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