Ana Lilia Rodriguez Cocom
Expediente 1205/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1205/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Lilia Rodriguez Cocom
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
IV.Toda vez que de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de fecha veintisiete de marzo del presente año, pues si bien no obra en autos los acuses de los oficios por medio de los cuales se les remitió la citada sentencia a las autoridades responsables que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no causa perjuicio alguno a las mismas, si no únicamente a la directa quejosa, en virtud de que en la sentencia de referencia se sobreseyó en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó y el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, se ubican en las diversas hipótesis a que se refieren las fracciones II y III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, por lo que SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Ahora bien, en cuanto al valor jurídico, no lo tienen el presente juicio de amparo, ni el incidente de suspensión derivado del presente asunto.
- Principal
Visto, para resolver el presente juicio de garantías número IV.1205/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada en la misma data a este Juzgado Federal, ANA LILIA RODRÍGUEZ COCOM, por su propio derecho, promovió juicio de amparo contra el acto que reclamó del Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, Director de Normatividad Registral, con sede en la ciudad de México, así como del Delegado Estatal, con sede en esta ciudad, todos del Registro Agrario Nacional, consistente en la omisión de dar contestación a las prevenciones que le fueron realizadas relativas las solicitudes de trámite números 31160012260 y 31160012261, con fecha de ingreso veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, prevenciones que cumplidas el tres de agosto de dos mil diecisiete, asignándoles los números de folio 006197 y 006198. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto de dos de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue diferida, y tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario exponer, de manera clara y precisa, los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: ° La omisión de dar contestación a las prevenciones que le fueron realizadas relativas las solicitudes de trámite números 31160012260 y 31160012261, con fecha de ingreso veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, prevenciones que cumplidas el tres de agosto de dos mil diecisiete, asignándoles los números de folio 006197 y 006198. TERCERO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y, por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se trata de una omisión de la responsable que crea una situación permanente, la cual puede reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsane, por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse a la peticionaria de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. En lo conducente, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Director en Jefe, Director del Registro y Control Documental y Director de Normatividad Registral, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; al rendir sus informes justificados niegan la existencia de los actos que se les reclama, sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa que desvirtué dicha negativa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de tal acto y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie su existencia; por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. " QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad señalada como responsable Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, negó el acto reclamado al rendir su informe justificado, sin embargo dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de las constancias que remitió se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no había emitido la respuesta a las prevenciones que le fueron realizadas relativas las solicitudes de trámite números 31160012260 y 31160012261, en tal virtud, debe tenerse por cierto dichos actos. SEXTO. ANÁLISIS DE OFICIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. La procedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia del acto reclamado, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentre probado el acto que se reclama. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia, a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del numeral inserto, se obtiene que los efectos del acto reclamado en el juicio constitucional han cesado: Cuando se deje insubsistente por la propia autoridad señalada como responsable dicho acto o cuando emite uno nuevo que lo sustituye procesalmente y no deje huella en la esfera jurídica del gobernado. Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó una nueva resolución, que vino a sustituir los efectos del primero. A fin de determinar los casos en que se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se debe tomar en cuenta no sólo tal precepto, sino también el contenido del diverso numeral 77 del mismo ordenamiento, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.". Así tenemos, que no basta para tener por actualizada la señalada hipótesis de improcedencia, que las autoridades responsables revoquen o dejen insubsistente el acto reclamado, sino que es necesario, además, que aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo anterior es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y del que se tiene la certeza de que no los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª/J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el caso, opera la causal de improcedencia invocada, toda vez que los requisitos exigidos para ello se encuentran debidamente satisfechos, pues los actos reclamados en el presente juicio de amparo han cesado en sus efectos. Lo anterior es así, ya que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa, señaló como acto reclamado la omisión de del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, en contestar a las prevenciones que le fueron realizadas respecto de las solicitudes de trámite números 31160012260 y 31160012261, con fecha de ingreso veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, prevenciones que cumplidas el tres de agosto de dos mil diecisiete, según se advierte de los escritos de esa propia fecha, que fueron exhibidos en el presente juicio de amparo por la propia quejosa. Ahora bien, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". De la intelección del precepto señalado se advierte la obligación que tienen las autoridades de dar respuesta a cualquier petición que los gobernados formulen, la cual debe actualizar los siguientes supuestos: a). La petición debe constar por escrito. b). Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa. c). La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito de manera congruente a lo que fue solicitado. d). Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento de la peticionaria en un breve término. Una vez satisfechos todos y cada uno de estos requisitos, se puede estimar respetado el derecho de petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167 del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa.". En el caso concreto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, realizó las solicitudes de trámite 31160012260 y 31160012261, con fecha de ingreso veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, siendo que cumplió con las prevenciones que le fueron realizadas por el Delegado Estatal el tres de agosto del año dos mil diecisiete; por lo que es de estimarse que con lo anterior, quedan satisfechos los supuestos marcados con los incisos a) y b), pues se demostró que existió una petición, que se hizo por medio escrito y que se realizó de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, del informe justificado se advierte que el seis de septiembre y siete de noviembre de dos mil diecisiete, el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, dio contestación a las solicitudes de la quejosa con números de trámite 31160012260 y 31160012261, con motivo del cumplimiento a las prevenciones que le fueron realizadas, ya que resolvió sobre la calificación realizada al acta de asamblea de reconocimiento de avecindados del ejido de caucel, Municipio de Mérida de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, la cual tuvo una calificación registral negativa. Contestación que según refirió la autoridad, se encuentra a disposición de la quejosa en el Centro de Atención de Usuarios de dicha delegación para ser notificada, conforme a lo que establece el capítulo VII del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; con lo que quedan satisfechos los supuestos marcados con los incisos c) y d), pues se demostró la autoridad emitió un acuerdo por escrito de manera congruente a lo que fue solicitado y lo ordenó hacerlo del conocimiento de la peticionaria de amparo. Por tanto, resulta dable concluir que el acto impugnado por esta vía, ha dejado de existir, cuenta habida que su acto reclamado lo hizo consistir en que la responsable, no se había pronunciado respecto de los escritos presentados el tres de agosto de dos mil diecisiete, por medio de los cuales dio cumplimiento a las prevenciones que le fueron realizadas con motivo de las solicitudes de trámite 31160012260 y 31160012261; en consecuencia, debe estimarse que los actos reclamados cesaron en sus efectos, configurándose la causal de improcedencia invocada. Resulta aplicable la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605 del Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Así, al actualizarse la causa de improcedencia invocada procede, decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.". Además, cabe agregar que mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con relación a la respuesta que dio la responsable con sede en esta ciudad, sin que ésta hubiere ampliado su demanda con relación a la referida respuesta, tal y como se hizo constar en audiencia celebrada el día de hoy. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. SÉPTIMO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se este Juzgador Federal, R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ANA LILIA RODRIGUEZ COCOM, contra el acto que reclamo al Director en Jefe, Director del Registro y Control Documental y Director de Normatividad Registral, con sede en la Ciudad de México y al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la misma. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV.- Visto el estado de los autos, se acuerda: toda vez que aún se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinte de febrero del presente año, para efectos de que manifieste lo que a su derecho corresponda en cuanto a la contestación que dio el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, en cuanto a las solicitudes de trámite números 31160012260 y 31160012261. Por tanto, para dar margen a que transcurra el término concedido, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el telegrama signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director en Jefe, Director de Registro y Control Documental y por el Director de Normatividad Registral, todos pertenecientes a dicho Registro Agrario, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en fecha quince de febrero del año en curso, por oficio DGAJ/1423/2018 y telegrama, rindió su informe justificado, negando el acto reclamado.
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