Ana Lucía Hurtado Mexicano

Expediente 112/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 41 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
112/2018
Año
2018
Actuaciones
41
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Ana Lucía Hurtado Mexicano
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a **********, por su propio derecho, mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, para que compareciera ante este Juzgado a ratificar el desistimiento del presente juicio, sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto aludido y se tiene por no desistido de la demanda de amparo. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de ocho de noviembre del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, anexando el convenio celebrado entre la quejosa ********** y la tercera interesada **********, la cual con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las referidas constancias así como de las que obran en autos a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: La resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente 2479/2016/L1/CC/IND, en la que se declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por el apoderado legal de la aquí quejosa **********. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, así como al oficio presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, se advierte que: **********, demandó a **********, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones de carácter laboral con motivo de despido injustificado; la cual, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quedó registrada con el número de expediente 2479/2016/L1/CC/IND. Seguidos los trámites, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó laudo en el que se condenó a **********, a pagar a la aquí quejosa diversas prestaciones. En ejecución del laudo, el trece de enero de dos mil diecisiete, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada en el contradictorio de origen. El treinta de junio de dos mil diecisiete, se tuvo a la aquí quejosa promoviendo incidente de sustitución patronal. Seguidos sus trámites legales el diez de enero de dos mil dieciocho, se resolvió en definitiva el incidente de sustitución patronal planteado, declarando improcedente dicho incidente -acto reclamado-. El uno de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo a **********, dándose por pagada de la totalidad del laudo, desistiéndose de la demanda y procedimiento que por sustitución patronal promovió y ordenó el archivo definitivo del expediente. En el caso, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente 2479/2016/L1/CC/IND, en la que se declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por el apoderado legal de la aquí quejosa ********** y, el uno de noviembre de dos mil dieciocho, se le tuvo por pagada de la totalidad del laudo, desistiéndose de la demanda, del incidente de sustitución patronal que promovió y ordenó el archivo definitivo, es evidente que el acto que la quejosa tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, pues no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales conculcados, al haberse admitido a trámite el recurso de reclamación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, únicamente agréguense los oficios que remite la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Guanajuato, Capital, dado lo acordado en los párrafos que anteceden.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a *********, por su propio derecho, mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, para que compareciera ante este Juzgado a ratificar el desistimiento del presente juicio, sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto aludido y se tiene por no desistido de la demanda de amparo. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de ocho de noviembre del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, anexando el convenio celebrado entre la quejosa ********** y la tercera interesada **********, la cual con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las referidas constancias así como de las que obran en autos a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que el quejoso reclama: La resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente 2479/2016/L1/CC/IND, en la que se declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por el apoderado legal de la aquí quejosa **********. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, así como al oficio presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, se advierte que: **********, demandó a **********, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones de carácter laboral con motivo de despido injustificado; la cual, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quedó registrada con el número de expediente 2479/2016/L1/CC/IND. Seguidos los trámites, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó laudo en el que se condenó a **********, a pagar a la aquí quejosa diversas prestaciones. En ejecución del laudo, el trece de enero de dos mil diecisiete, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada en el contradictorio de origen. El treinta de junio de dos mil diecisiete, se tuvo a la aquí quejosa promoviendo incidente de sustitución patronal. Seguidos sus trámites legales el diez de enero de dos mil dieciocho, se resolvió en definitiva el incidente de sustitución patronal planteado, declarando improcedente dicho incidente -acto reclamado-. El uno de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo a **********, dándose por pagada de la totalidad del laudo, desistiéndose de la demanda y procedimiento que por sustitución patronal promovió y ordenó el archivo definitivo del expediente. En el caso, tomando en consideración que la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución de diez de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente 2479/2016/L1/CC/IND, en la que se declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por el apoderado legal de la aquí quejosa ********** y, el uno de noviembre de dos mil dieciocho, se le tuvo por pagada de la totalidad del laudo, desistiéndose de la demanda, del incidente de sustitución patronal que promovió y ordenó el archivo definitivo, es evidente que el acto que la quejosa tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, pues no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales conculcados, al haberse admitido a trámite el recurso de reclamación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, únicamente agréguense los oficios que remite la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Guanajuato, Capital, dado lo acordado en los párrafos que anteceden.

  4. Principal

    Agréguense en autos el escrito y oficio signado por la quejosa *************** y el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el cual, anexan el convenio celebrado entre la nombrada y la tercera interesada ****************. Asimismo, la quejosa solicita el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en ese sentido, dígasele a la gestionante que previamente a proveer sobre el citado, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se le requiere para que en la diligencia de la notificación de este proveído ratifique el desistimiento dl presente juicio o bien, dentro del término de tres días legalmente computado, comparezca en día y hora hábil ante este Juzgado debidamente identificado a ratificarlo, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por no desistido y se continuará con la secuela procesal. Por otra parte, agréguese únicamente para que obre como corresponde el oficio de la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública de Guanajuato, capital, toda vez que el cinco del mes y año en curso, se acordó lo conducente.

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