Ana Lí Berenice González Herrera

Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
299/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Ana Lí Berenice González Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diez de abril del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguese al expediente el oficio signado por la Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual en cumplimiento al exhorto 171/2019, remite las constancias de la notificación realizada a la parte quejosa; acúsese recibo vía interconexión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito. En otro orden, vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de diez de abril del presente año y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicos Federales en el Estado de Querétaro, mediante el cual, en cumplimiento a la resolución de cinco del presente mes y año, en el que declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro y otras autoridades, remite el juicio de amparo 477/2019 de su estadística; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 299/2019-III; acúsese el recibo de estilo correspondiente. b) En ese sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. c) Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previamente a acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: El auto de exequendo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, en el juicio ejecutivo mercantil *****************, mediante el cual ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la ahora quejosa; asimismo, su cumplimentación. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1336, 1340 y 1341, del Código de Comercio, que estatuyen: "Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Art. 1,341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. De lo numerales transcritos se desprende que: A través de la apelación, el tribunal de alzada puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones del inferior. La apelación procede en juicios mercantiles cuando se trate de asuntos que se tramiten en juzgados de primera instancia cuyo moto supere los $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 m.n.), por concepto de suerte principal. Los autos son apelables, si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva. En el presente caso, nos encontramos ante un juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la aquí parte quejosa, cuya cuantía asciende a $2,200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 M. N.), por concepto de suerte principal, que inició el catorce de febrero de dos mil diecinueve, en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro. Por ello, de conformidad con los numerales precitados, se estima que el medio de defensa idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de apelación; de lo que se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar la determinación dictada por el juez que la emitió. Bajo ese contexto, es incuestionable que la parte quejosa, previamente a acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se precisó, fue en su contra que se interpuso demanda en la vía ejecutiva mercantil. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que la promovente de amparo, señaló como domicilio para recibir notificaciones en la calle ***********, número ***********, colonia *********** de la capital de Querétaro; con fundamento en los artículos 299, 300 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo y Juicos Federales en el Estado de Querétaro en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado notifique personalmente a la quejosa ***********, la presente determinación en el referido domicilio; asimismo, la requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este auto, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Téngase a la promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Susana Cristina Hernández Espinoza y Maricruz Olvera Olvera, al contar con cédula profesional 54139258 y 9407946, respectivamente, inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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