Ana Lilia Sánchez González

Expediente 209/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
209/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Ana Lilia Sánchez González

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Intégrese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual hace del conocimiento que el veinticuatro de febrero anterior, emitió una determinación donde acordó la promoción ingresada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por la parte actora (aquí quejosa), en la que ordenó la ejecución del laudo emitido en el expediente ****, de su índice y remite copia certificada de dichas diligencias. ACTO RECLAMADO Previo a emitir pronunciamiento alguno, es dable recordar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar la promoción ingresada a la oficialía de partes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. La inejecución del laudo emitido el quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente ****, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Como se puede ver el quejoso alega violaciones al artículo 8º constitucional, que la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del numeral antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho ocurso, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia *****, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 126 y registro digital 189914, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. ****." De lo anterior, se deduce que el artículo 8° Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dar contestación por escrito; y Notificar en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. En ese orden, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior es así, ya que de las documentales públicas exhibidas por el Tribunal responsable se advierte que a través del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, acordó las promociones con folio 11265/2021 y 13315/2021, ingresadas en su oficialía el veintidós de septiembre y veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por la apoderada de la actora (aquí quejosa), en donde ordenó la ejecución del laudo emitido en el expediente ****, de esa estadística, ya que dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco, México, apercibiéndola que de no dar cumplimiento a lo decretado, se haría acreedora a una medida de apremio. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria. Por tanto, es inconcuso que se cumplen las exigencias del derecho petición, así como que no existe la inejecución del laudo emitido en el juicio de origen; por lo tanto, se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos de los actos reclamados; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ****." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." La anterior determinación no se traduce en dejar en estado de indefensión a la impetrante respecto de la falta de notificación del acuerdo de veinticuatro de febrero del año actual, emitido en el sumario laboral 1516/2016, en razón de que la copia certificada relativa a tal auto, se pone a la vista de la quejosa en esta fecha, quedando enterada de tal circunstancia. Apoyo la anterior consideración, por contener la misma razón jurídica la jurisprudencia ***** emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por medio del cual solicita que se le devuelvan las constancia que fueran remitidas con su informe justificado, a fin de estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual solicita que el plazo otorgado para tal efecto, se compute una vez que la oficiante cuente con dichas constancias. Atento a lo anterior, devuélvanse las constancias remitidas por la oficiante como complemento al informe justificado, en el entendido de que deberá emitir el acuse respectivo; por lo que como lo solicita el plazo otorgado para dar cumplimiento al fallo protector se computara una vez que se tenga la constancia de notificación respectiva.

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