Ana Lilia Rivas Mendez
Expediente 845/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2022
Partes del expediente
- Ana Lilia Rivas Mendez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de veintiséis de mayo del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. REGISTRO Vista la demanda que promueve ***, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 845/2022-I-B. Acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese tenor, del escrito de demanda se colige que la parte quejosa, reclama la consecuencia de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinte de mayo de dos mil veintidós, acaecida dentro del juicio laboral J.29/99/2018, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, en la que señaló como fecha para la continuación de la audiencia de ley, el seis de julio del año en curso. Desechamiento Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el caso, se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la determinación reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene sentencia favorable en el juicio de origen del acto reclamado, y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promoviese en contra de la resolución respectiva, alegándolo como una violación procesal. En efecto, la dilación aludida, sólo es reclamada cuando exista una abierta o total paralización del procedimiento. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, libro 30, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por tanto, como la dilación que se reclama no reúne las características apuntadas, pues en el procedimiento de origen J.29/99/2018, se señaló el seis de julio de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; por ello, indudablemente no paraliza de forma arbitraria y permanente el juicio laboral de donde emana el acto reclamado. Aunado a lo anterior, resulta pertinente resaltar que de admitirse la presente demanda de amparo, el cumplimiento de la sentencia respectiva se empalmaría con la celebración de la audiencia fijada por la autoridad responsable. Lo anterior es así, dado que de admitirse la demanda con esta fecha (veintiséis de mayo de dos mil veintidós), se notificaría a la responsable el veintisiete siguiente, por lo que los quince días que se otorga a la misma para rendir su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurriría del treinta de mayo al diecisiete de junio de esta anualidad. Por lo que una vez recibido el informe de que se trata, correría la vista a las partes de ocho días del veintidós de junio al uno de julio de dos mil veintidós; por lo que de dictarse la sentencia el cuatro siguiente, se notificaría el cinco del mismo año a las partes; y, respetando los diez días para que cause firmeza la sentencia, ello acontecería el veinte de julio de dos mil veintidós; siguiendo la secuela procesal, se requeriría el cumplimiento a las responsables en el citado auto, por lo que el término de tres días para el cumplimiento, sería del veintidós al veintiséis de julio del mismo año (catorce días posteriores al que señaló la responsable para el verificativo de la audiencia de que se trata). Por tanto, como se advierte de lo narrado con anterioridad, la responsable en cumplimiento a la sentencia que en su momento se llegue a dictar, dejaría insubsistente el auto reclamado, y fijaría nueva fecha dentro de los plazos que para tal efecto establece la Ley Federal del Trabajo, la cual, sería incluso posterior a la ya señalada, por lo que ello sería más gravoso para la aquí quejosa, y se estaría retrasando la impartición de justicia. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en estudio por notoriamente improcedente. No pasa desapercibido que el quejoso también reclama la omisión de notificar a las partes en el juicio de origen, sin embargo, como se estipuló en párrafos que anteceden, resultaría mayor afectación a la promovente la substanciación del presente juicio, máxime que a la fecha señalada por la autoridad para la audiencia ofrecimiento y admisión de pruebas (seis de julio de dos mil veintidós), ya tendría la responsable el tiempo suficiente para llevar a cabo dicha diligencia. DOMICILIO Con fundamento en los artículos 36 y 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, como lo socita la parte quejosa, se tiene por señalado el usuario "veronicaluja", para el efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por tanto, se comisiona al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite los campos respectivos en el sistema, para la consulta del expediente en su versión electrónica, así como para que se practiquen las notificaciones por dicha vía de las resoluciones que así lo ameriten. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Medios de comunicación alternos En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que señale medios de comunicación alternos (no procesales), tales como correo electrónico o número telefónico. Juicio en línea (acuerdo general 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Notificación especial a las partes En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Ana Laura Ramírez Arzate1777/2023
- Ana Laura Ramírez Najera1870/2018
- Ana Laura Santana López807/2012
- Ana Lilia Alcantar Montes1545/2019
- Ana Lilia Rivas Mendez1854/2022
- Ana Lilia Rivas Méndez1594/2023
- Ana Lilia Sánchez González209/2022
- Ana Lilia Sánchez González804/2021
- Ana Lilia Sanchez Gonzalez942/2022
- Ana Lilia Sánchez González1206/2018
- Ana Lilia Sánchez González513/2018
- Ana López Espinosa316/2019