Ana Lilia Margarita Mendicuti Navarro
Expediente 255/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/05/2021
Partes del expediente
- Ana Lilia Margarita Mendicuti Navarro
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE al no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el PLAZO DE TRES AÑOS, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PERSONAL. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 21 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, y en términos Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis, veintitrés de enero, seis y trece de febrero, todos del año dos mil veintiuno, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, atinente al esquema de trabajo y medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la quejosa ***** mediante citatorio de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, se le notifica por medio de lista electrónica publicada en la dirección (www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp) así como por lista física que se fijará en un espacio de fácil acceso en el edificio sede de este Juzgado (según lo determine la administración del edificio Prisma del Poder Judicial de la Federación), para el caso de los usuarios que deseen consultarla en las instalaciones del edificio en el que reside el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la determinación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: Ahora, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 19, publicada en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de amparo debe considerarse un todo. En ese sentido, del ocurso de demanda se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: "Se reclama de las Autoridades Responsables, la omisión de observar y procurar el adecuado desarrollo de la justicia establecido en los preceptos legales 1, 105, 106 y 100 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 10, 11, 127, 128, 129, 130 y 131, del Código Nacional de Procedimientos Penales (Leyes Secundarias del Pacto Federal); y en los numerales 1º , 14, 16, 17, 20 Apartados A y B, 21, 22 y 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Derechos Fundamentales de Seguridad Jurídica); en la prosecución (Indagatoria) de la Carpeta de Investigación ***** Y como autoridades responsables se señalaron las siguientes: Titular de la Agencia de Investigación COY-1 del Ministerio Púbico de la Coordinación Territorial Coyoacán, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Agente del Ministerio Público Titular de la Prosecución de la Carpeta de Investigación ***** Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora bien, como cuestión previa, cabe señalar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. (.) En ese sentido, resulta ser improcedente el juicio de amparo, en términos de la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 1°, 5 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Lo anterior es así, dado que las violaciones a derechos fundamentales que pudiesen presentarse durante la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación no irroga perjuicio a la parte quejosa, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que no se advierte perjuicio alguno contra el gobernado, ya que este se materializaría hasta que la autoridad judicial correspondiente librara, en su caso, orden de aprehensión o dictara auto de vinculación a proceso, respectivamente. Esto es así, pues necesita desarrollarse algún acto procesal específico que sí pueda considerarse como posiblemente violatorio de derechos humanos (verbigracia orden de aprehensión, vinculación a proceso, entre otros); sin embargo, como se dijo antes, la sola integración de una indagatoria no implica afectación a los derechos del impetrante. Bajo esa perspectiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tanto la integración, averiguación, consignación o determinación de una investigación ministerial, no son actos que hasta ese momento irroguen perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, y por ende, no son susceptibles de violar derechos fundamentales, siendo en todo caso la consideración que adopte la autoridad judicial que conozca de la consignación, la que materializaría perjuicios a la parte solicitante de amparo, y por tanto, la que puede ser susceptible de atacar a través del juicio biinstancial; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades constitucionales y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Ahora bien, es de precisarse que el amparo se caracteriza por proceder contra actos de imposible reparación como una más de las bases constitucionales que se desarrollan en la ley reglamentaria, cabe mencionar que el Congreso de la Unión contaba con un determinado margen de libertad de configuración legislativa para hacer efectivo el derecho a reclamar en la vía indirecta ese tipo de determinaciones, con la única condición de que la promoción de estos juicios no hiciera nugatoria la regla general prevista en la misma fracción III del artículo 107 constitucional, en el sentido de que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, pues no debe perderse de vista que con esta obligación genérica lo que se quiso fue impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaran injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que, si bien la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de observar y procurar el adecuado desarrollo de la justicia establecido en los preceptos legales 1, 105, 106 y 100 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 10, 11, 127, 128, 129, 130 y 131, del Código Nacional de Procedimientos Penales (Leyes Secundarias del Pacto Federal); y en los numerales 1º , 14, 16, 17, 20 Apartados A y B, 21, 22 y 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello durante la prosecución de la Carpeta de Investigación ***** no menos verdad resulta que el fin pretendido con la promoción del juicio constitucional, es que este Juzgado, determine si la integración de la carpeta de investigación señalada fue apegada a derecho o no y se verificó dentro de los lineamientos establecidos en la Ley; sin embargo, no corresponde a este Juzgador calificar dicha situación. Por tanto, se reitera, que los actos emitidos en tendencia a la integración de una averiguación previa y/o carpeta de investigación, nacen de la acción efectuada por el ministerio público sobre hechos posiblemente constitutivos de delito, de lo cual, ni la Constitución, ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad, precisamente porque tiene como origen la función persecutoria de la representación social, lo cual no es un derecho privado, esto es, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino como un derecho social en términos del artículo 21 Constitucional. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia que establece la fracción XII, del artículo 61, en relación con los artículos 1º, 5 y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; en términos del artículo 113, de la citada ley, se desecha la demanda de amparo. Atendiendo a los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, se reitera a las partes que el acceso a los órganos jurisdiccionales es restringido, por lo que en caso de que sea necesario e indispensable, podrán acudir a las instalaciones que ocupa este juzgado previa cita que se genere en el sistema implementado para tal efecto, con el código QR que les sea proporcionado para el ingreso. Desde este momento, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales
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