Ana Laura San Pedro Cordero
Expediente 738/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2018
Partes del expediente
- Ana Laura San Pedro Cordero
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio remitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que transcribe el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual acusa recibo del oficio por el que se le envió el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de los autos del presente juicio, para la substanciación del recurso de queja; asimismo, informa que lo admitió a trámite.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho , en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; en consecuencia, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios y remítase el original del aludido ocurso al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno para la substanciación del medio de impugnación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se informa atentamente al Tribunal Colegiado que le corresponda conocer del recurso de mérito, que es cierto el auto que se impugna, pues este juzgado emitió el acuerdo recurrido.
- Principal
PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA QUEJOSA, MEDIANTE CITATORIO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, por lo que se le notifica por medio de lista el proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de amparo firmada por ***, contra actos del Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Es conveniente referir que la quejosa en el escrito que se provee refiere que el acto reclamado consiste en: "RECLAMO LA ABSTENCIÓN DE DETERMINAR DE MANERA DEFINITIVA, LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ***." Ahora con apoyo al artículo 113 de la Ley de Amparo , este órgano federal procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esa idea, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales transcrito se desprende que es un derecho de la parte ofendida, impugnar ante las autoridades responsables las omisiones en las que incurra la representación social [Constitución Federal] siendo que, la sede para impugnar esas omisiones será ante el Juez de Control [Código Nacional de Procedimientos Penales]. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo, es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones de la representación social no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control. Así, la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deber ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Motivo de lo anterior es que si en el presente asunto se reclama la abstención de la autoridad responsable de determinar en definitiva la carpeta de investigación ***, la promovente, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, so pena de incurrir en una causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20 Constitucional. Por lo tanto, si en el caso no se advierte que se hubiese inconformado ante el juez de control, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y finalmente, con relación al vocablo, "podrá" que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotar el medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 7,636 expedientes
- Ana Gabriela Elizabeth Flores Fernández516/2017
- Ana Gabriela González Aguirre922/2022
- Ana Giselle Marín Reyes817/2023
- Ana Karen Órtiz Hernández813/2016
- Ana Karen Torres Carrera35/2021
- Ana Laura San Pedro Cordero817/2018
- Ana Laura San Pedro Cordero629/2018
- Ana Laura San Pedro Cordero504/2018
- Ana Laura Tavera Martínez186/2018
- Ana Lilia Margarita Mendicuti Navarro616/2021
- Ana Lilia Margarita Mendicuti Navarro255/2021
- Ana Lilia Negrete Barradas205/2018