Ana Lilia Hernández Salinas
Expediente 745/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Lilia Hernández Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa; y en atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Javier Yáñez Salinas, autorizado de la quejosa con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, contra de la sentencia autorizada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés; medio de impugnación que quedó radicado bajo el número 204/2023, de su índice administrativo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se encuentran notificadas todas las partes de la resolución impugnada y del acuerdo por el que se tuvo a Javier Yáñez Salinas, autorizado de la quejosa con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia autorizada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en este juicio, por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa; en consecuencia, remítase el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del citado medio de impugnación, conforme a las reglas precisadas en el proveído de cuatro de abril de este año. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a cuatro de abril de dos mil veintitrés. Glósese a las actuaciones copia del escritos recibidos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por Javier Yáñez Salinas, autorizado de la quejosa con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia autorizada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en este juicio, por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la determinación combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse el original del citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso en cuestión, en términos del numeral 89 de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, correspondió conocer del citado medio de impugnación, remítase vía ordinaria el original del presente expediente, el original del escrito de agravios que se provee; y un tomo de pruebas, lo anterior, a fin de que la superioridad cuente con las constancias necesarias para la substanciación del recurso de que se trata. Notifíquese, personalmente a la tercera interesada Esperanza Salinas García; por lista a los terceros interesados 1. Unión de Colonos Veracruzanos Asociación Civil; 2. Roxana Rendón Corona, en su carácter de presidente de la persona jurídica antes citada; y 3. Francisco Antonio Rendón Velázquez, en su carácter de representante de dicha persona jurídica, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que se dictó sentencia el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno auxiliar 136/2023-III, de su índice, formado con motivo del presente juicio de amparo 745/2022, promovido por Ana Lilia Hernández Salinas. En consecuencia, agréguese el oficio y anexo de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); notifíquese a las partes dicha resolución; y acúsese el recibo correspondiente. USO ÓPTIMO DE RECURSOS. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la tercera interesada Esperanza Salinas García; por lista a los terceros interesados 1. Unión de Colonos Veracruzanos Asociación Civil; 2. Roxana Rendón Corona, en su carácter de presidente de la persona jurídica antes citada; y 3. Francisco Antonio Rendón Velázquez, en su carácter de representante de dicha persona jurídica, y por oficio a las autoridades responsables. DICHA SENTENCIA EN LO CONDUCENTE DICE: QUINTO. El estudio de las causas de improcedencia es preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo.2 Tiene aplicación en el caso, el criterio de rubro, texto y datos de localización siguientes: "..." En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para sustentar la aseveración que antecede, resulta necesario tener presente el contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Por su parte, los artículos 5°, fracción I, párrafos primero, segundo y cuarto, 6° y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, indican: "..." De la interpretación sistemática de los numerales en cita, se obtiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a los gobernados que aduzcan ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que aleguen que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún Tratado Internacional en el que el Estado Mexicano sea parte y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o debido a su especial situación frente al orden jurídico, siendo así que la Ley de Amparo prevé la afectación que puedan sufrir los gobernados en su interés jurídico como legítimo. El interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de la autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. Por tanto, tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (caso distinto al que se analiza), para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el impetrante debe aducir ser titular de un derecho o un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que alegue que el acto viola derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de localización refieren: "..." En cambio, cuando el acto sea emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (como en el caso ocurre), la parte quejosa debe alegar ser titular de algún derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa, lo que no es otra cosa que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo. Es decir, que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que es la titularidad que a la parte quejosa le corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado; lo que debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que el impetrante demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y que ha sufrido un agravio en ese derecho. Consecuentemente, el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado, le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan; interés que ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo, que dice fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto para concluir necesariamente que el mismo perjudica al solicitante, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Ilustra lo anterior, la tesis (...) En ese contexto, en virtud de que los actos reclamados en este juicio de amparo provienen de un órgano jurisdiccional, para pedir el amparo los gobernados deben resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos, con motivo de un acto de autoridad, lo que puede ocurrir de dos formas, a saber: Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía, o Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Por otra parte, conviene destacar que, cuando la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio natural, ya que no fue parte en él y reclama la afectación de algún derecho de propiedad o posesión, para la acreditación del interés jurídico para efectos del amparo es indispensable que el documento con el que se pretende demostrar la afectación de mérito debe ser apto, es decir, que por sus características objetivas reúna los requisitos siguientes: 1. Que le otorgue la titularidad del bien o derecho subjetivo respecto de éste, y, 2. Que sea de fecha cierta, pues esta exigencia se encuentra intrínsecamente relacionada con su demostración, ya que de lo contrario el documento que se exhibe para acreditar ese extremo, no tendría el alcance probatorio suficiente para acreditar cuándo se llevó a cabo el acto jurídico ahí contenido. Respecto del primer punto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna de las figuras jurídicas previstas por la ley, que genere el derecho a poseer, y se debe entender por título, la causa jurídica por la que entró a poseer el bien, esto es, el acto que da origen o transmite la posesión legal y, que con motivo de esa relación contractual, se entró a poseer el bien inmueble objeto de la controversia. En efecto, la posesión constituye un poder de hecho; el cual se encuentra conformado por dos elementos esenciales; uno material y otro psicológico. El primero se concreta a través de un conjunto de hechos que revelan el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, lo que implica actos materiales de uso, de goce, de transformación, que recaen sobre las cosas y que constituye el poder sobre ella; el segundo elemento, como animus, es la intención en el autor de los actos materiales relativos a la cosa, de manejarse como titular de esa posesión sea en forma original o por causa derivada, pero siempre debe existir el título o acto jurídico generador de ese derecho a poseer. De ahí que no basta la tenencia física de la cosa, sino que debe existir la causa generadora que configure el elemento subjetivo o intencional, que permite al poseedor actuar con derecho sobre la cosa; por ello, la persona que tiene la cosa pero carece de la intención, puede decirse que solamente la detenta y, en consecuencia, carece del elemento volitivo de someter la cosa a su poder; así, el detentador no es poseedor, y no es procedente tutelar la simple detención a través del juicio de amparo. Además, cuando el quejoso reclame actos de autoridad que afecten derechos reales sobre un bien inmueble, cuya posesión detenta en virtud de un acto jurídico como la compraventa, arrendamiento u algún otro, debe exhibir en el juicio el documento en el que se contenga tal acto jurídico (generador de la posesión), el cual deberá ser de fecha cierta, con el objeto de probar que antes del inicio de la controversia judicial ya se habían constituido derechos sobre el inmueble, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara en el documento una fecha falsa. Sostiene lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguientes: "..." La fecha cierta de un documento privado se obtiene cuando éste es pasado ante la fe de un notario público, con la muerte de unos de los intervinientes, o con la inscripción en el registro público correspondiente. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización que a continuación se transcriben: "..." Precisado lo anterior, en primer término, es necesario determinar la calidad con que la parte quejosa acude a solicitar el amparo, pues en su demanda manifiesta que no es parte en el juicio del que emana el acto reclamado, no obstante que dice ser propietaria y poseedora del inmueble materia de la litis en el juicio civil sobre recisión de contrato 539/2018, por lo que se ostenta como persona extraña a juicio. Ahora, de las copias certificadas del aludido juicio se desprende, en lo trascendente, lo siguiente: (...) Ahora bien, de las constancias relatadas, se desprende que la quejosa ************ no figura como parte en el juicio civil de recisión de contrato 539/2018, por lo que dicha amparista tiene el carácter de tercera extraña a dicho expediente. Sin embargo, en el caso, se considera que la impetrante no acredita fehacientemente contar con interés jurídico para instar el presente juicio constitucional. Lo anterior se explica porque la quejosa, a efecto de acreditar la propiedad del citado inmueble, ofreció como pruebas las siguientes: (...) Ahora, se estima que las copias fotostáticas simples exhibidas por la parte quejosa, resultan insuficientes para demostrar el derecho de propiedad que dijo tener respecto del inmueble ahí señalado, debido a que actualmente ese tipo de documentos son fácilmente modificables. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias (...) Por lo que hace a la copia certificada notarialmente que exhibió la quejosa, es de fecha cierta de veintiocho de mayo de dos mil veintidós, la cual ocurrió en fecha posterior al veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en que se inició el juicio ordinario civil de origen; por lo que se considera que no se tiene por demostrado el interés jurídico de la amparista, pues para ello es necesario que el derecho de posesión reclamado se hubiera constituido en fecha anterior a la iniciación del juicio que pretende se declare su insubsistencia; esto para evitar la realización de actos fraudulentos o dolosos tendentes a evitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un procedimiento jurisdiccional. Además, se advierte que los documentos exhibidos por la parte quejosa, identifican el bien reclamado como "Parcela número 4Z-1 P1/3 (CUATRO Z GUION UNO P UNO DIAGONAL TRES), del Ejido La Luz Francisco I. Madero de este Municipio, con superficie de: 9.975.00 (nueve mil novecientos setenta y cinco metros cuadrados). Con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en ciento treinta y cinco metros, con la parcela número tres, AL SUR en ciento sesenta y cinco con propiedad que se reserva los prominentes vendedores; AL ESTE, en sesenta y nueve metros, con terraplén del Ferrocarril; y AL OESTE, en sesenta y cuatro metros, con propiedad que se reservan los prominentes vendedores." Mientras que de las constancias que integran el juicio ordinario civil 539/2018, se advierte que el inmueble sujeto a controversia tiene su ubicación, así como las medidas y colindancias siguientes: ".1. parcela 4 Z-1 P1/3 (CUATRO Z GUION UNO P UNO DIAGONAL TRES), del Ejido la Luz Francisco I Madero de esta Ciudad, con superficie de: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en ciento cincuenta y ocho metros, setenta centímetros, con la parcela tres; AL SUR, en ciento cincuenta y cinco metros, setenta centímetros, con la parcela cinco; AL ESTE, en dos líneas, la primera de ochenta metros cincuenta centímetros, y la segunda de cincuenta y ocho metros, con el Ejido de Veinte de Noviembre incluye Anchura de Terraplen en FFCC; y AL OESTE, en ciento diez metros, cuarenta centímetros, con propiedad que se reserva el vendedor.." Lo anterior se desprende del contrato privado de promesa de compraventa de siete de junio de dos mil diecisiete (páginas 67 a 71 del tomo uno de pruebas), mediante el cual, en la declaración primera hace referencia al instrumento notarial doce mil cuatrocientos ochenta y ocho, de quince de septiembre de dos mil levantado ante la fe del Notario Público número Seis del Distrito Judicial Córdoba, Veracruz, con el que la parte actora acreditó la propiedad de dicho bien, en tal contrato. En consecuencia, se considera que no existe coincidencia en cuanto a la descripción, colindancias ni superficie del inmueble cuya propiedad defiende la quejosa, con el bien que fue motivo de controversia en el juicio ordinario civil 539/2018, sin que la peticionaria de amparo haya ofrecido medio de convicción idóneo para acreditar que se trate del mismo inmueble o, que uno se encuentre inmerso en el otro. Sobre lo aquí expuesto, son aplicables las jurisprudencias de rubros, textos y datos de localización siguientes: "..." De modo que dichas documentales no tienen el alcance necesario para demostrar que ambos inmuebles se traten del mismo bien o que uno sea parte del otro, debido a que no son las pruebas idóneas para tal fin. En ese sentido, al no existir en el sumario constitucional prueba idónea ofrecida por la impetrante de amparo, con la que acredite fehacientemente la afectación a sus derechos fundamentales y, por ende, que se lesiona el interés jurídico en su persona o en su patrimonio; entonces, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguientes: "..." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia (...) Asimismo, la tesis (...) Así como la tesis (...) SEXTO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios cuyos rubro y texto, refieren: "..." SÉPTIMO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 745/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se señaló en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el ingreso de la misma en el módulo de "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 136/2023-III de este juzgado. Por lo expuesto y con fundamento además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 745/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por ***** contra la autoridad responsable y acto reclamado que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Queda esta sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta sentencia. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 136/2023-III de este juzgado. CÚMPLASE.
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