Ana Leydi Gómez Mendieta

Expediente 599/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
599/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Ana Leydi Gómez Mendieta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 599/2022, promovido por ***************, contra actos de la Fiscal Tercero Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV de esta Ciudad y otras autoridades, los que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, *************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y las autoridades siguientes: 1. Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, encargado de la guardia del primer periodo vacacional de verano, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. 2. Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. 3. Fiscal Segunda Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. 4. Fiscal Tercera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. 5. Fiscal Cuarta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. 6. Fiscal Quinta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. 7. Fiscal Sexta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. 8. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz. 9. Delegado de la Policía Ministerial, con sede en Córdoba, Veracruz. 10. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS. La orden de aprensión y/o presentación y/o privación de la libertad y/o comparecencia y/o citatorio, y su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segunda de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto (...) SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda, así como del informe justificado rendido por la ordenadora, se advierte que se reclama: La cita girada en la carpeta de investigación ***************, dirigida a ***************, para que compareciera el veintiséis de julio de dos mil veintidós, a las dieciocho horas con treinta minutos, ante la Fiscal Tercera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, para que en calidad de imputada se le hiciera del conocimiento que fue denunciada por la víctima por el delito de sustracción de menores, así como los derechos que le asisten, y requerirla para saber si es su deseo ser entrevistada. TERCERO. Inexistencia de autoridades. En auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo como inexistentes a las autoridades denominadas 9. Delegado de la Policía Ministerial, con sede en Córdoba, Veracruz y 10. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz; por tanto, no se hace pronunciamiento en esta sentencia en relación con dichas autoridades. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) CUARTO. Negativa de actos. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 1. Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, encargado de la guardia del primer periodo vacacional de verano, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, 2., 4, 5, 6, y 7, Fiscales, Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y Sexta, todas Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, tal y como se advierte de sus respectivos informes justificados, en los cuales negaron. La parte quejosa no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar esa negativa; además, de la carpeta de investigación, de donde deriva la cita a la quejos se observa que sólo participó la 4. Fiscal Tercera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata este considerando. Sirve de apoyo la Jurisprudencia número (...) QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la 4. Fiscal Tercera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe con justificación. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias de la carpeta de investigación ********************, dentro de las que obra la referida cita, la cual cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por su parte, la autoridad 8. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues al tener el carácter de ejecutora es inminente su ejecución, pues el acto fue aceptado por la autoridad ordenadora. SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o., de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, la ley, el tratado internacional o el reglamento; y que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Esto es, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, por lo que para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo que es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Se invoca como apoyo a lo anterior, el criterio (...) Por tanto, si la impetrante reclama la cita girada en la carpeta de investigación ******************, dirigida a *******************, para que compareciera el veintiséis de julio de dos mil veintidós, a las dieciocho horas con treinta minutos, ante la Fiscal Tercera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, para que en calidad de imputada se le hiciera del conocimiento que fue denunciado por la víctima por el delito de sustracción de menores y los derechos que le asisten, y requerirla para saber si es su deseo ser entrevistada; dichas actuaciones de la función persecutoria que posee el fiscal, no constituyen un derecho privativo de derecho alguno en perjuicio de la esfera jurídica de la quejosa; sino un derecho social, en términos del artículo 21 constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos y que el fiscal desahogue datos de pruebas para acreditar su teoría del caso, con el fin de proteger los derechos de las víctimas, y se consiga la reparación del daño. En ese entendido, al no existir un derecho tutelado de la peticionaria de amparo para impugnar actos como el que ahora nos ocupa, vinculados con la cita para hacerla comparecer a la fiscalía a declarar, ya que los actos del ministerio público indispensables para acreditar su teoría del caso son de orden público e interés social, y no pueden considerarse como generadores de afectación al interés jurídico de la quejosa, por lo que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Se invoca como apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la tesis (...) Igualmente, se invoca como apoyo, por similitud jurídica, la jurisprudencia (...) En consecuencia, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal citado. El sobreseimiento decretado en este considerando, impide entrar al análisis de los conceptos de violación vertidos, y emitir mayor pronunciamiento sobre el material probatorio que no guarda relación con las causales de improcedencia, sino con el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia (...) SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerados cuarto y sexto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que se otorgó a las partes mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, con las constancias remitidas por la 4. Fiscal Tercera Investigadora Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración.

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