Ana Lilia Bernal Sánchez

Expediente 667/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
667/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Ana Lilia Bernal Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la medida cautelar, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 6. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con diez minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 667/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, el secretario hace constar que en los presentes autos obra 1. Escrito de la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Bernal Sánchez; 2. Auto admisorio de veintiuno de junio del año en curso; 3. Notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; 4. Informe justificado de la autoridad responsable. Finalmente se da cuenta con el pedimento ministerial registrado con el número 12302: A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, emplazada la tercera interesada y por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social adscrita. En otro aspecto, visto el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por el cual formula alegatos; mismo que se ordena relacionar en la etapa procesal correspondiente. Además, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la fiscal de la Federación la copia simple que solicita, previo recibo que se deje en autos. En relación con el llamamiento de algún tercero interesado, se levanta la reserva y se provee: visto el contenido de los informes con justificación, se determina que no se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no existe alguna persona a quien recaiga el carácter de tercero interesado que deba ser llamado a esta instancia constitucional. Abierto el periodo probatorio: El secretario da cuenta con la documental que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada la referida prueba documental; por lo que se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: El secretario hace constar los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, sin que las demás partes realizaran manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la Fiscal de la Federación adscrita formulando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos; por lo que se cierra esta etapa. Se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 667/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veinte de junio de dos mil veintidós, Ana Lilia Bernal Sánchez presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-3 Uruapan en la Ciudad de La Piedad, Estado de Michoacán. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 667/2022. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y quedó el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-3 Uruapan en la Ciudad de La Piedad, Estado de Michoacán, lo siguiente: La posible detención temporal ordenada dentro de la carpeta de investigación número FED/MICH/URU/0000665/2022. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, no obstante que al momento de rendir informe justificado, lo haya negado, ya que esa manifestación a la inexistencia de las violaciones invocadas por la parte quejosa; y, por el contrario, afirma que el a través del oficio URU-EIL-E3C3-706/2022, de dieciséis de junio del año en curso, giró un citatorio a la quejosa en su carácter de testigo dentro de la referida carpeta de investigación. Certeza del acto que, además, se corrobora con la documental relativa al citatorio que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación; a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el precepto 107, fracción I, constitucional, ya que el citatorio reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo de la quejosa. Al respecto, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción I, constitucional, 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, prevén que tiene la calidad de quejoso quien aduzca la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando alegue que la norma reclamada viola los derechos previstos en el artículo 1º de dicha ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sobre estos conceptos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, tratándose de la procedencia del amparo indirecto, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica producida en virtud de tal titularidad (interés jurídico); o, En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, por la especial situación ante el orden jurídico en que se encuentra el quejoso. En el caso, dentro de la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0000665/2022, a través del oficio URU-EIL-E3C3-706/2022, en términos de los artículos 141, 142, 143, 144 y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-3 Uruapan en la Ciudad de La Piedad, Estado de Michoacán, giró un citatorio da la quejosa Ana Lilia Bernal Sánchez, con la finalidad de que compareciera ante dicho órgano investigador para recabarle su comparecencia en la calidad de testigo; haciéndole de su conocimiento que, de no hacerlo, se haría acreedor a una multa prevista en el numeral 104, fracción I, de dicha legislación adjetiva penal. Con estas consideraciones, tal acto combatido no constituye un acto de autoridad que afecte o restrinja la esfera jurídica de la peticionaria, ya sea de manera directa o colateral. En efecto, la palabra citatorio hace referencia a un documento con que se convoca a una persona para que comparezca ante alguien; y, por citar, hace alusión a avisar a alguien señalándole día, hora y lugar para tratar algún negocio; en tanto que, en términos jurídicos, implica notificar una resolución administrativa o judicial con el fin de que su destinatario comparezca ante la autoridad que la dictó. Circunstancias que puede advertirse del contenido del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que, aun cuando un citatorio haya sido emitido por una autoridad ministerial, como en el caso acontece, no es otra cosa más que el aviso de dicha autoridad a la aquí promovente del amparo, para que comparezca o se presente ante ella en determinado día, hora y lugar para cierta cuestión, desde luego relacionada con la carpeta de investigación de la que emana la citación; de ahí que se considere que tal citatorio no afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues además de que en términos de la ley aplicable se encuentra obligada a presentarse, se emite al amparo de una facultad conferida constitucionalmente a la autoridad responsable. Cierto, para determinar si una actuación verificada en la integración de la carpeta de investigación o en el ejercicio de la acción penal, puede afectar los intereses jurídicos del imputado, debe partirse de lo establecido en el artículo 21 del Pacto Federal, que dota a la Representación Social de la facultad exclusiva para investigar los delitos y ejercer la acción penal, salvo que se trate de los casos en que la ley reconozca la acción penal particular. De la intelección del citado precepto constitucional, es posible advertir que el orden jurídico actual reconoce como una labor fundamental de la autoridad ministerial la investigación y prosecución de posibles hechos delictuosos, sin que otorgue a los indiciados el derecho de oponerse a su continuación, aun cuando sean considerados probables responsables. De esto se obtiene que el citatorio, como medida para solicitar la asistencia voluntaria del destinatario a una actuación procedimental, es facultad de la autoridad ministerial. En ese sentido, aun y cuando en el particular, como se puso de relieve, la quejosa fue citada por la autoridad ministerial dentro de una carpeta de investigación, a fin de que comparezca para la práctica de diligencias en calidad de testigo, dentro de la carpeta de investigación FED/MICH/URU/0000665/2022, a través del oficio URU-EIL-E3C3-706/2022, bajo apercibimiento que de no comparecer se impondrá una medida de apremio de las previstas en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que se traduce en un acto de investigación de la autoridad ministerial, es decir, constituye una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos. De ahí que es incuestionable que ello no causa un perjuicio a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los justiciables el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; antes bien, como se apuntó, el referido artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es categórico en señalar que toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada; estimar lo contrario, sería tanto como anteponer su interés particular sobre el de la sociedad, lo que jurídicamente es inaceptable. Incluso, para robustecer lo anterior, conviene recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, toda vez que el mismo no afecta la libertad personal del citado. Esto, pues, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento. Por lo que, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal. De ahí que la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Esto, ya que de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por lo tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo. Por ello, la citación no afecta derechos sustantivos del promovente; lo que torna improcedente el presente juicio de amparo. Estas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, respecto del acto reclamado consistente en el oficio URU-EIL-E3C3-706/2022, que contiene el citatorio de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dirigido a la quejosa Ana Lilia Bernal Sánchez, en el que se le comunica que es necesaria su presencia para el desahogo de una diligencia ministerial en su carácter de testigo, si bien no fueron emitidos por un Juez de Control, y su objeto no consiste en citar a los destinatarios a una audiencia inicial, lo cierto es que a juicio de esta juzgadora las consideraciones esgrimidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultan aplicables al presente asunto. Esto, ya que el citatorio impugnado, al igual que aquéllos emitidos para citar a la audiencia inicial, únicamente consiste en la comunicación por parte de la autoridad ministerial, de la necesidad de su presencia en el desahogo de una diligencia; lo que, como se dijo, se traduce en un acto de investigación de la autoridad ministerial conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Además, si bien en los mismos se apercibió a los ahora quejosos con medidas de apremio a través de diversos mecanismos como pueden ser una multa o uno de los métodos de conducción procesal, tales acontecimientos, al igual que en el caso estudiado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, son de naturaleza futura e incierta; pues, como lo refirió el Alto Tribunal, el apercibimiento decretado sólo produce la probabilidad de la consecuencia señalada por el órgano jurisdiccional; en el entendido de que tal resultado necesariamente se actualiza hasta la resolución que lo hace efectivo, bien por la conducta contumaz de la parte a la que se ha prevenido, o bien, por la deficiencia en el desahogo del requerimiento. En efecto, en cuanto a la aplicación de la sanción procesal, si se ha prevenido a alguna de las partes, no queda constreñido a aplicar indefectiblemente la consecuencia de su advertencia, pues ello depende de los términos en que se cumpla la prevención o de que tal cumplimiento no se verifique. En ese sentido, las manifestaciones que llegue a expresar el interesado pueden llevar a la autoridad a emitir una resolución en la que considere emprender un nuevo análisis de las cuestiones que generaron la prevención y determinar que el requerimiento no resulta indispensable para los fines que les asigna la ley o la naturaleza del proceso de que se trate, o que, en realidad, la cuestión que se consideraba irregular, no era tal. En tal virtud, ante la serie de posibilidades que se pueden presentar con motivo del cumplimiento que se llegue a verificar a cargo de la parte requerida, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la regla general es que la resolución que hace efectivo el apercibimiento es la que causa el perjuicio al promovente. Por lo que, al no actualizarse el supuesto de procedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el precepto 107, fracción I, constitucional; entonces, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, el mismo se encuentra debidamente atendido con lo plasmado en el presente fallo; ello desde luego, con entera independencia de que resulte innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PUBLICO.SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ana Lilia Bernal Sánchez, por el acto atribuido al agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-3 Uruapan en la Ciudad de La Piedad, Estado de Michoacán, por los argumentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando quinto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Parte quejosa no desahogó vista. De la certificación secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa, no cumplió con el requerimiento decretado en auto de uno de julio de dos mil veintidós, mediante el cual, se le requirió a fin de que señale de manera clara si su pretensión es desistir de la tramitación del presente juicio, en cuyo caso, deberá ser la propia quejosa quien exprese su voluntad en tal sentido; sin que a la fecha obre comparecencia o manifestación alguna de la que se advierta su desahogo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se continuará con la tramitación del presente asunto, en la forma inicialmente planteada. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autorizado realiza manifestaciones; se le requiere. Agréguese a los autos el escrito suscrito por Roberto Melgarejo Ortíz, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual refiere lo siguiente: ".Hago de su conocimiento que en fecha 27 veintisiete de junio de la presente anualidad, el suscrito junto con mi representada nos hicimos presentes ante la autoridad responsable, en la que mi autorizante rindió testimonio ante la misma, que, aunque el citatorio señalaba que era como investigada, lo cierto es que se le señaló que era como testigo, motivo por el cual se considera que debe sobreseerse anticipadamente este juicio de garantías." Ténganse por hechas las manifestaciones vertidas por el referido autorizado; sin que haya lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dado que sus manifestaciones no arrojan una notoria y evidente causal de improcedencia. No obstante, se considera necesario requerir a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído señale de manera clara si su pretensión es desistir de la tramitación del presente juicio; en cuyo caso, deberá ser la propia quejosa quien exprese su voluntad en tal sentido. Apercibimiento. Con apercibimiento que de no hacerlo, se continuará con la tramitación del presente asunto, en la forma inicialmente planteada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

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