Ana Laura Cervantes Castro

Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
822/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Ana Laura Cervantes Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. 1. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que la parte quejosa no impugnó en el término legal, el acuerdo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 1.1. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramitó. 2. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Cambio de titular. Infórmese a las partes que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional es el Juez Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de tres de agosto de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio SEADS/321/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, para el efecto legal conducente. 2. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 2.1 Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, analizadas las constancias recibidas en esta data por la autoridad responsable, este juzgador determina que en el presente sumario constitucional, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se procede a explicar de qué forma se actualiza la causal de improcedencia en comento. La quejosa Ana Laura Cervantes Castro en su escrito inicial de demanda de amparo, reclamó la omisión de tramitar el juicio ordinario laboral número 3B-719/2022, en los plazos y términos que fija la ley; ello derivado de que desde el veintiocho de marzo de dos mil veintidós presentó su demanda laboral y la autoridad responsable no había señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, de las constancias remitidas por el Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que en relación a la dilación que reclama, la autoridad oficiante en auto de veintidós agosto de la presente anualidad, radicó la demanda presentada por Ana Laura Cervantes Castro y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, ordenó su notificación a la parte actora y el emplazamiento de la demandada. Las documentales remitidas por la autoridad responsable adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo que se tiene que la dilación reclamada por la quejosa, cesó en sus efectos, al haberse emitido el pronunciamiento correspondiente en torno a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese orden de ideas, es inconcuso que han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama, pues con la determinación emitida el veintidós de agosto del año en curso, dentro del juicio ordinario laboral número 3B-719/2022, se destruyeron incondicionalmente las consecuencias del acto de autoridad, dejando de existir la afectación inicialmente reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. En esas condiciones, se reitera que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Es así porque el actuar de la autoridad restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no ha dejado huella alguna en la esfera jurídica del impetrante que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del uno de septiembre de dos mil veintidós, puesto que la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ANA LAURA CERVANTES CASTRO LA DETERMINACION DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Cambio de titular. Infórmese a las partes que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional es el Juez Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de tres de agosto de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio SEADS/321/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, para el efecto legal conducente. 2. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 2.1 Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, analizadas las constancias recibidas en esta data por la autoridad responsable, este juzgador determina que en el presente sumario constitucional, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se procede a explicar de qué forma se actualiza la causal de improcedencia en comento. La quejosa Ana Laura Cervantes Castro en su escrito inicial de demanda de amparo, reclamó la omisión de tramitar el juicio ordinario laboral número 3B-719/2022, en los plazos y términos que fija la ley; ello derivado de que desde el veintiocho de marzo de dos mil veintidós presentó su demanda laboral y la autoridad responsable no había señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, de las constancias remitidas por el Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que en relación a la dilación que reclama, la autoridad oficiante en auto de veintidós agosto de la presente anualidad, radicó la demanda presentada por Ana Laura Cervantes Castro y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, ordenó su notificación a la parte actora y el emplazamiento de la demandada. Las documentales remitidas por la autoridad responsable adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo que se tiene que la dilación reclamada por la quejosa, cesó en sus efectos, al haberse emitido el pronunciamiento correspondiente en torno a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese orden de ideas, es inconcuso que han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama, pues con la determinación emitida el veintidós de agosto del año en curso, dentro del juicio ordinario laboral número 3B-719/2022, se destruyeron incondicionalmente las consecuencias del acto de autoridad, dejando de existir la afectación inicialmente reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo. En esas condiciones, se reitera que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Es así porque el actuar de la autoridad restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no ha dejado huella alguna en la esfera jurídica del impetrante que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del uno de septiembre de dos mil veintidós, puesto que la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número II-822/2022. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Ana Laura Cervantes Castro, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación, por medio de oficio, de conformidad con el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. Por otra parte, se requiere a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía correo electrónico 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirme su recepción en el propio número telefónico de este juzgado con número 44 31 82 21 24. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo: En caso de ser omisa en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. ENTREGA DE OFICIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza al actuario adscrito realice la entrega de los oficios dirigidos a las autoridades correspondientes por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y sólo en el caso de que ello sea imposible, se constituya en el lugar de su residencia oficial. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio, se asentará razón en autos a partir de la cual, sin previo acuerdo, se tendrá por practicada. Hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de la Materia. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente Órgano Jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En caso de que el asunto lo amerite y siempre que la prosecución del mismo lo permita, se podrán utilizar medios electrónicos, incluyendo, cuando resulte viable el uso de videoconferencias, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hágase saber a las partes que de la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el personal actuante; por lo tanto, no es indispensable que las partes concurran a ella, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, podrán presentar alegatos por escrito, con la debida oportunidad del caso. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http.//www.dgepj. cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Miguel Abraham Martínez, José Noé Tejeda Almanza y Erick Simón Soto Guevara, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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