Ana Lilia Alvarado Simon
Expediente 964/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ana Lilia Alvarado Simon
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede que no se recurrió el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que ha causado estado la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Alvarado Simón, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental y que, por tanto, es susceptible de destrucción. Finalmente, toda vez que en autos obran documentos importantes exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, con identificación oficial vigente, a recoger dichos documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo, que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente principal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a quince de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por Ana Lilia Alvarado Simón, la cual promueve contra el acto de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 964/2017-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado 0en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, en el presente asunto, de la lectura integral de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama como acto en esencia: El oficio No. SP/DAPE/345/2017 de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, suscrito por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo, en relación a la resolución emitida por el Agente de Ministerio Público respecto de la denuncia interpuesta por usurpación de identidad en trámite de cobro de préstamo personal del Instituto, informando que se solicitó a la Subcordinación de Recuperación de crédito se realizaran las adecuaciones al sistema SIPE SIC, con el propósito de realizar la devolución correspondiente derivada de los descuentos aplicados en el préstamo irregular, recibiendo contestación que no es procedente la petición, hasta en tanto no exista sentencia por parte de autoridad judicial. De lo puntualizado, este órgano de control constitucional advierte opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción segunda del numeral 5 de la ley en cita, se establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que no todos los actos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplan las características precisadas, esto es, aquellos que afecten directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, e impuestos contra y sobre su voluntad y que, por su naturaleza, pueda exigirse su cumplimiento. Resulta de aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, materia común, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Lo anterior es así, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele en esencia de la resolución que le notifica la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Hidalgo, en relación a la devolución correspondiente de los descuentos aplicados en el préstamo irregular, dado que le refiere que no es procedente la petición, toda vez que la suspensión de los descuentos de créditos que se detecten que fueron otorgados en forma irregular a nombre de los trabajadores derechohabientes del Instituto, hasta en tanto no exista sentencia por parte de la autoridad Judicial, quedando fuera de la competencia de los Agentes del Ministerio Público esa resolución ya que solamente un Juez está facultado para emitir dicha sentencia quedando impedido el Instituto para resolver su solicitud. Por ende, el acto reclamado consistente en la negativa de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Hidalgo a la devolución correspondiente de los descuentos aplicados en el préstamo irregular, a criterio de quien ahora resuelve no coloca a la quejosa en un plano de supra a subordinación jurídica, sino que tal actuaciones se suscita en una relación de coordinación, sin imperio, ni coerción, que corresponde a la demandante de derechos fundamentales, por lo que cualquier cuestión que surja relacionada con el mismo, debe estar sujeta a la ley que previó el legislador para resolver ese tipo de conflictos. Lo anterior, obliga realizar algunas reflexiones en torno al contenido del término "autoridad", para los efectos del juicio de amparo. El artículo 103 constitucional, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan las esferas de la autoridad federal." Dicho precepto no define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, tampoco éste definió el vocablo mencionado, pues al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. De igual forma, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídica en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin embargo de dicho precepto se advierte que el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede realizar el acto que se le reprocha en el juicio de amparo, mas no especificó las características que deben reunir para ser considerados como actos de autoridad para la procedencia del juicio de amparo. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que por autoridad para los efectos del juicio de amparo, es aquel que tiene origen en una relación de supra a subordinación. Cabe destacar que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, consubstancial a la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de las demás materias y ramas del derecho. Del criterio enunciado también se obtiene que, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, esto es, cuando supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social y que actualicen una relación de supra a subordinación. Es pertinente destacar que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros actúan en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y el interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo que supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad respectivos. Por su parte, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para tales efectos, debiéndose resaltar que la nota distintiva de las relaciones de coordinación consisten en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Es así, pues el acto que reclama la quejosa, esto es la negativa de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo respecto de la devolución correspondiente de los descuentos aplicados del préstamo irregular deriva de la relación de coordinación ya que las partes involucradas en la problemática planteada en la presente instancia constitucional se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de la prestación de seguridad social, por lo que no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de derechos esenciales, toda vez que a quienes atribuye como autoridades responsables son órganos componentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo, y esta a su vez es una persona moral distinta del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y actividades autónomas. Luego, si tal acto de que se duele la quejosa, fue emitido por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo, dicha autoridad en su carácter de órgano componente y no como órgano del Estado; entonces, es inconcuso que el acto que la peticionaria tilda inconstitucional, no fue emitido por dicho ente como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo Tiene aplicación, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 190, página 592 de rubro y texto siguiente: "ISSSTE. SUBDELEGADO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL AMPARO. Es inexacto que el subdelegado y jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señalados como responsables forman parte de los órganos del Estado y que, por tal motivo, tienen el carácter de autoridad dentro del juicio de amparo en atención a que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado determina que la administración de los seguros, prestaciones y servicios que el legislador establece en dicho ordenamiento legal en favor de los trabajadores corresponde al organismo público descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y actividades autónomas de suerte que se trata de una persona moral distinta del Estado, y por ello, sus órganos componentes en quienes radica la facultad directiva de su actuación, no son órganos del Estado. En otro aspecto, los diversos artículos de la ley que nos ocupa permiten concluir que el organismo público descentralizado en cuestión carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos del artículo 1o. fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías. De ahí que, el acto reclamado no es de autoridad y por ende, se actualiza la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Ramón G. Bonfil sin número, colonia Nopancalco, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Agustín Flavio Lozano Rivera y Ricardo Guillermo Baños Zarco, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Modulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que hace al diverso profesionista Ignacio Morales Gamero, téngasele sólo para oír y recibir notificaciones, por no contar con el requisito indicado. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Ana Laura Quiterio Dajui490/2016
- Ana Laura Reyes Lemus1540/2021
- Ana Laura Reyes Lemus1452/2019
- Ana Laura Reyes Lemus927/2021
- Ana Leticia Pérez Valera71/2022
- Ana Leticia Peréz Valera781/2022
- Ana Lilia Cruz Pérez159/2021
- Ana Lilia Hernandez Piñeiro88/2018
- Ana Lilia Hernández Piñeiro544/2018
- Ana Lilia Otero Velazquez647/2020
- Ana Lilia Quijano Cruz179/2017
- Ana Lilia Torres Lopez111/2016