Ana Laura Reyes Lemus
Expediente 1540/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1540/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ana Laura Reyes Lemus
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el treinta de noviembre del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ana Laura Reyes Lemus; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito inicial de demanda signado por ***, contra actos del Juez de Control del Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Registro del expediente Fórmese expediente y regístrese con el número 1540/2021-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De un análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama al Juez de Control del Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo son los actos dictados dentro de la audiencia intermedia de once y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 210/2019, en los que refiere no realiza un control difuso de constitucionalidad para desaplicar el contenido del artículo 340, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales y en su lugar aplicar el contenido del artículo 20 Constitucional, para tener por ofrecidos los medios probatorios que fueron ofertados en la fase oral de la etapa intermedia a favor de la quejosa. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." De una interpretación integral y en sentido contrario de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. Los numerales anteriormente reproducidos ponen de manifiesto que cuando se impugnen actos dentro de un juicio será procedente el amparo indirecto siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación, siendo que en el concepto de irreparabilidad deben atenderse los siguientes lineamientos: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate; y, b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, a los que de acuerdo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, se deben incluir aquellos contenidos en tratados internacionales en los que México sea parte, pero en ningún caso cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal -sea cual sea- debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Es ilustrativo al caso, la Jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 11, con número de registro electrónico 205651, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese sentido, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los pactos internacionales suscritos por México, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento; de esta manera, por ejemplo, se tiene el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas, éstas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitan los derechos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tiene el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se privó al gobernado. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados la sentencia definitiva que se dictara a su favor podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170 a 174 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que, por ejemplo, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son supuestos de actos que violan derechos procesales o adjetivos, en los que si se dictara una sentencia favorable al afectado dichas violaciones procesales quedarían reparadas porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. En ese contexto, se considera que en el presente caso los actos reclamados por la parte quejosa no constituyen actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se adelantó con antelación, la quejosa señaló como actos reclamados los actos dictados dentro de la audiencia intermedia de once y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 210/2019, en los que refiere no realiza un control difuso de constitucionalidad para desaplicar el contenido del artículo 340, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales y en su lugar aplicar el contenido del artículo 20 Constitucional, para tener por ofrecidos los medios probatorios que fueron ofertados en la fase oral de la etapa intermedia a favor de la quejosa. Así pues, tales actos reclamados no pueden ser considerados como actos que dentro del juicio tengan una ejecución de imposible reparación, en virtud de que no producen de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental, pues a través de los mismos no se justifica la infracción de derechos sustantivos, sino que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, que no causan una violación predominante o de grado superior, pues pueden ser retrotraídos, si al dictarse la sentencia en el juicio oral, la misma es favorable a los intereses del quejoso, en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se hubieren causado con ese fallo, o bien, puede acudir al juicio de amparo directo en que se señale la sentencia definitiva como acto reclamado. Lo anterior se afirma, toda vez que, será hasta el momento de la celebración de la audiencia de juicio oral, en donde el Tribunal de enjuiciamiento podrá valorar la prueba de que se trata o la exclusión de las mismas, exponiendo las razones que tenga en cuenta para tal efecto, y en su caso, considerarla como prueba probablemente de cargo en contra del ahora quejoso, o bien, en el caso de estimar que no subsisten las circunstancias que en su momento justificaron su admisión, podrá negarle valor probatorio o excluir las mismas como lo hizo en la etapa intermedia. Por consiguiente, el acto que se reclama, en el momento en que se produce, no afecta de manera irremediable algún derecho fundamental del agraviado, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que ello pudiera ocurrir hasta el momento de llevarse a cabo el juicio oral en la medida en que la prueba desahogada anticipadamente influya o sea tomada en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual es necesario esperar hasta la resolución definitiva que dicte la autoridad del conocimiento (Tribunal de enjuiciamiento) para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo, tal y como lo establecen los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es decir, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa intermedia de un juicio de corte acusatorio mediante la cual se ordena trasladar a juicio oral una prueba admitida o desechada en la etapa intermedia, el amparo indirecto resulta improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo; al contrario, esos actos podrían constituir una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, cuando no se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, en cuyo caso podría ser impugnada hasta el juicio de amparo directo que se pudiera promover contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso; de ahí que los vicios que pudieran tener el acto reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso al obtener, en su caso, una resolución favorable. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, Undécima Época, de registro digital: 2023589, cuyo, rubro, contenido, criterio jurídico y justificación, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Sustenta lo anterior la tesis siguiente: TESIS JURISPRUDENCIAL 23/2021 (11a.) "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. JUSTIFICACIÓN: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Contradicción de tesis 6/2021. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2021. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ausente y Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su ausencia hizo suyo el asunto Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Carlos Manuel Baráibar Tovar. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver la queja 113/2018, en la que consideró que la exclusión de medios de prueba en etapa intermedia es un acto reclamado de imposible reparación, porque como consecuencia de la exclusión -no admisión- de las pruebas propuestas, probablemente el recurrente no podría acreditar sus excepciones y defensas, pues el único momento procesal donde se pueden ofrecer pruebas y que estas sean admitidas es durante la etapa intermedia, ya que una vez concluida ésta, no podrá aportar las mismas u otras pruebas. En ese tenor, afirmó que con la exclusión de medios de prueba es probable que se violen los derechos fundamentales al debido proceso, de legalidad y de defensa adecuada, y El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 88/2017, la cual dio origen a la tesis aislada XXVII.3o.37 P (10a.), de título y subtítulo: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SU EXCLUSIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, NO ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE."; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, página 2931, con número de registro digital: 2014902. LICENCIADO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial, fueron aprobados en sesión privada de veinte de octubre de dos mil veintiuno. Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Doy fe. Por tanto, es necesario que el acto de autoridad que por la vía biinstancial se reclame, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación, lo que en el caso no ocurre; por ende, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se presenta por ser notoriamente improcedente. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada de no vinculación a proceso, no le afecta y no le podría causar un perjuicio ni con lo resuelto ni a futuro ya que su consecuencia es tener por concluido el proceso penal. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Precisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir el usuario que refiere "Angelik2801", lo anterior por así haberlo solicitado expresamente. En atención a su contenido se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica, a través de los usuario "Angelik2801"; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario de referencia, en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. Ténganse como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en virtud de no contar con registro de sus cédulas profesionales a su nombre en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente por medio de usuario "Angelik2801" al quejoso.
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