Ana Laura Valdéz Picasso

Expediente 410/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
410/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Ana Laura Valdéz Picasso

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico: Que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de derechos respecto del Comisario General Luis Rodríguez Bucío Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de México, en caso de ser positiva su respuesta, diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez de febrero al dos de marzo de dos mil veintidós sin que lo haya hecho. Que se encuentran fijadas las diez horas con veinticinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación asentada por el Secretario de este juzgado, de la que se advierte que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de derechos respecto del Comisario General Luis Rodríguez Bucío Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de México, en caso de ser positiva su respuesta, diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez de febrero al dos de marzo de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído, debiendo continuarse el procedimiento del presente juicio de amparo, únicamente por los actos reclamados a las autoridades que ya se tienen como responsable. En consecuencia; para dar oportunidad de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cindy En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Ana Laura Valdez Picasso y Gabriel Alejandro Hernández Escobedo; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda promovida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de garantías con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. ...

  3. Principal

    2830 diez de febrero de dos mil veintidós seis de marzo de dos mil diecinueveEn dieciséis de febrero de dos mil veintidós, Francisco Javier Castillo Bautista, secretario de juzgado certifica: Que se encuentran fijadas las nueve horas con veinticinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Que mediante proveído de quince febrero del presente año, se ordenó requerir a la parte quejosa a fin de que ratificara su escrito de desistimiento, sin que a la fecha se cuente con la comunicación oficial que fue emitida en dicho acuerdo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que mediante auto de quince del presente mes y año, se ordenó requerir a la parte quejosa para que ratificara su escrito de desistimiento; ordenando girar el exhorto correspondiente, sin que a la fecha se cuente con dicha comunicación oficial diligenciada; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la citada audiencia, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO NINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Francisco Javier Castillo Bautista, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Nes.48, 5449 y 5450 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOPSA EL AUTO DE 16 DE FEBRERO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR ELÑ ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. ".--- DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo y de su escrito de cumplimiento de prevención, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: De la autoridad responsable Sala Regional Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, la sentencia interlocutoria de tres de enero de dos mil veintidós, pronunciada dentro del juicio de nulidad 219/21-23-01-1 y su acumulado 245/19-23-01-3, que determinó no tener por ampliada la demanda de nulidad promovida por los ahora quejosos. Ahora, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Precisado lo anterior, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción III de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Al respecto, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." El contenido de los preceptos transcritos ponen de relieve la improcedencia del juicio de amparo, contra actos dictados dentro de juicio que no causen un perjuicio de imposible reparación. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de Registro 917723, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De igual manera, la tesis: I.5o.C.8 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, Página 1947, de Registro 2009302 que dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." En el caso, la parte quejosa hace consistir como acto reclamado la resolución interlocutoria emitida por la Sala Regional Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, el tres de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio de nulidad 219/21-23-01-1 y su acumulado 245/19-23-01-3, que determinó no tener por ampliada la demanda de nulidad promovida por los ahora quejosos. Luego, dicho acto no le causa un perjuicio de imposible reparación que haga procedente el juicio de garantías, al no afectar los derechos fundamentales de la parte impetrante contemplados en la Constitución Federal, sino que dicha circunstancia solo constituye una violación procesal, que en su caso, es factible no le depare perjuicio al dictarse la resolución definitiva en dicho procedimiento y de causar agravio, la puede hacer valer al promover el juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. Por tanto, es indudable que el acto impugnado en la especie, no es de aquéllos que afectan directamente los derechos fundamentales o sustantivos de la parte quejosa tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, en todo caso, actualiza solamente violaciones de carácter intraprocesal, que no son de imposible reparación que determinen de inmediato la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por tanto, al resultar manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por Ana Laura Valdéz Picasso y Gabriel Alejandro Hernández Escobedo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable de mérito, se desecha de plano la demanda de amparo promovida, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Carlos Pérez Pérez y María de Lourdes Hernández Carranza por así solicitarlo la parte promovente; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que mencionan en el escrito que se provee. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. ..

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano