Ana Laura Sánchez Sánchez

Expediente 1145/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1145/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
24/07/2018

Partes del expediente

  • Ana Laura Sánchez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El que suscribe Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del tres al dieciséis de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de junio pasado. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veinticinco de junio del año en curso, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente laboral 327/2016 y de la carpeta de amparo 45/2018 A.D., que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1145/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el estado de Zacatecas, Ana Laura Sánchez Sánchez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: La Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Zacatecas, con domicilio en: Circuito Cerro del Gato, Planta Baja, Edificio F, Ciudad Administrativa, Zacatecas, capital.". "IV. EL ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión o abstención de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, ya que la demandada al no pagarme las prestaciones condenadas en el laudo de fecha 6 de marzo de 2018, está en peligro mi subsistencia a encontrarme desempleada.". SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos en referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo en vigor y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, promovido por la quejosa contra el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Zacatecas aceptó la existencia del acto reclamado, pues al rendir el informe con justificación señaló aún no haber emitido el auto de primer requerimiento de pago y auto de reinstalación en el juicio de origen, del que se duele la quejosa (foja 13). Lo anterior se corrobora con las documentales que anexó al referido informe, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 327/2016 y de la carpeta de amparo directo 45/2018; las que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narrarán los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en la vía ordinaria laboral, Ana Laura Sánchez Sánchez, por propio derecho, demandó del Ayuntamiento de Villa Hidalgo y/o quien resultara responsable de la fuente de empleo, las prestaciones derivadas del despido injustificado que, a su juicio, correspondían (foja 1 a 4 del cuaderno de pruebas relativo a las copias certificadas del expediente laboral 327/2016). 2. En auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas radicó la demanda con el expediente 327/2016, señaló fecha para la celebración de la audiencia del juicio y ordenó el emplazamiento de la demandada (foja 6 del citado cuaderno de pruebas). 3. Seguido que fue en su trámite, el seis de marzo de dos mil dieciocho, se dictó el laudo respectivo (fojas 102 a 118 del cuaderno de pruebas de referencia), el cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. La C. Ana Laura Sánchez Sánchez, sí acreditó en juicio la acción de reinstalación; en cambio la demandada Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, no acreditó sus excepciones y defensas; por consecuencia. SEGUNDO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas a reinstalar a la C. Ana Laura Sánchez Sánchez; como auxiliar administrativa adscrita a la Unidad de Acceso a la Información, de la Presidencia Municipal de Villa Hidalgo, Zacatecas, bajo los mismos términos y condiciones en los que se desempeñaba, hasta antes de su despido injustificado. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VII de esta resolución. TERCERO. Se ordena abrir incidente de liquidación, para el efecto de la condena a los montos de los incrementos salariales que se hayan otorgado en el lapso del primero de julio del año dos mil quince a la fecha, con fundamento en el artículo 238 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. CUARTO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $2,666.60 (dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 60/100 M.N), por concepto de vacaciones Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. QUINTO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $808.77 (ochocientos ocho pesos 77/100 M.N), por concepto de prima vacacional. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. SEXTO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $5,333.20 (cinco mil trescientos treinta y tres pesos 20/100 M.N), por concepto de aguinaldo del año dos mil dieciséis. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. SÉPTIMO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $71,064.89 (setenta y un mil sesenta y cuatro pesos 89/100 M.N), por concepto de salarios vencidos. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. OCTAVO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas a que realice las aportaciones de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S), desde el diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis y en la actualidad quede regularizado dicho pago y hecho lo anterior notifique a este tribunal; asimismo, que se condene a las aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro e informe a este tribunal sobre su cumplimiento. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. NOVENO. Se absuelve al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, al pago de las aportaciones al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. DÉCIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, y en su oportunidad se archive el expediente como asunto total y definitivamente concluido.". 4. El treinta de abril de dos mil dieciocho, el apoderado legal del Municipio de Villa Hidalgo, promovió demanda de amparo directo en contra del laudo citado en párrafos que anteceden, señalándolo como acto reclamado y solicitó su suspensión (foja 1 a 18 del cuaderno de pruebas relativo a las copias certificadas de la carpeta de amparo 45/2018). 5. El dos de mayo siguiente, la magistrada responsable, mediante interlocutoria de esa fecha (foja 127 a 129 del cuaderno de pruebas relativo a las copias certificadas de la carpeta de amparo 45/2018), concedió la suspensión solicitada resolviendo lo siguiente: "PRIMERO.- Se concede la suspensión de la reinstalación de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, solicitada por la parte quejosa Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, por conducto de su apoderado legal, hasta en tanto no sea resuelto en definitiva el presente juicio de amparo. SEGUNDO.- Se concede a la parte quejosa Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, por conducto de su apoderado legal, se concede la suspensión del acto reclamado respecto del resto de la ejecución del laudo de seis marzo de dos mil dieciocho, condicionándose dicha suspensión a que la parte quejosa otorgue la cantidad de $55,874.06 (cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 06/100 M.N), correspondientes de cuantificar seis meses (180 días) que dilataría el juicio de garantías que se promovió, por el salario diario de la trabajadora la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $23,999.40 (veintitrés mil novecientos noventa y nueve pesos 40/100 m.n), que servirá para la subsistencia de la trabajadora, mientras se resuelve el presente juicio de amparo, previo el cumplimiento de los requisitos de efectividad a que, en términos de la presente resolución, queda sujeta, tal como quedó precisado en el considerando sexto de la presente resolución.". 6. La omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, promovido por la quejosa contra el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas constituye la materia de la presente litis constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que este juzgado advierta alguna de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor del concepto de violación hecho valer, sin que sea necesario transcribirlo, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El concepto de violación resulta ineficaz, como se argumentará a continuación. La quejosa sostiene, medularmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no ha dictado el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral número 327/2016. Al respecto, se tiene que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.).". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, los artículos 283 y 285 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 283.- Los laudos deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. La o el Secretario hará la certificación del plazo contado a partir de la notificación personal del laudo. Las partes podrán convenir en las modalidades del cumplimiento.". (Lo resaltado es propio de este juzgado). "Artículo 285.- Transcurrido el término señalado en el artículo 283, la o el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa.". (Lo resaltado es propio de este juzgado). De los enunciados normativos anteriores, se deduce que los laudos deben ejecutarse hasta que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo; y, solamente hasta que trascurra éste, a petición de parte, se dictará el auto de requerimiento de pago. Por tanto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, debe tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos marcados por la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. En el caso, del informe justificado y las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (quince de mayo de dos mil dieciocho), ya se encontraba promovida la demanda de amparo por la parte condenada en el laudo relativo, de ahí que, tal como se desprende de los numerales 283 y 285 Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas la autoridad responsable no estaba en posibilidad de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, como lo sostiene la parte quejosa. Lo anterior es así, pues es condicionante que para que ello pueda ocurrir, no debe haber promovida demanda de amparo, aunado a que, como se advierte de autos, existe una suspensión del acto reclamado decretada por la autoridad responsable, por lo que hace a la reinstalación y al resto de la ejecución del laudo. Entonces, la omisión de la responsable de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, no es violatoria de garantías en sí misma, por lo que es necesario que la impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral en que alega que no se ha dictado el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, a pesar de estar en estado procesal para ello, ya hubiera transcurrido el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo, situación que, se reitera, en la especie no aconteció. Por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que la junta laboral incurrió en demora al omitir dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, promovido por la quejosa contra del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas y, por ende, que se conculque en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. En efecto, la omisión de la autoridad laboral está justificada desde el momento en que se acredita que el laudo no puede ejecutarse virtud a la promoción de la demanda de amparo por la parte condenada en éste, y a la existencia de una suspensión que no permite la ejecución del laudo dictado en el expediente natural. Consecuentemente, al resultar ineficaz el concepto de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, se niega la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Laura Sánchez Sánchez, contra el acto que reclamó de la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hoy veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ANA LAURA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LA DETERMINACIÓN DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1145/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el estado de Zacatecas, Ana Laura Sánchez Sánchez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: La Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Zacatecas, con domicilio en: Circuito Cerro del Gato, Planta Baja, Edificio F, Ciudad Administrativa, Zacatecas, capital.". "IV. EL ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión o abstención de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, ya que la demandada al no pagarme las prestaciones condenadas en el laudo de fecha 6 de marzo de 2018, está en peligro mi subsistencia a encontrarme desempleada.". SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos en referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo en vigor y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, promovido por la quejosa contra el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Zacatecas aceptó la existencia del acto reclamado, pues al rendir el informe con justificación señaló aún no haber emitido el auto de primer requerimiento de pago y auto de reinstalación en el juicio de origen, del que se duele la quejosa (foja 13). Lo anterior se corrobora con las documentales que anexó al referido informe, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 327/2016 y de la carpeta de amparo directo 45/2018; las que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narrarán los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en la vía ordinaria laboral, Ana Laura Sánchez Sánchez, por propio derecho, demandó del Ayuntamiento de Villa Hidalgo y/o quien resultara responsable de la fuente de empleo, las prestaciones derivadas del despido injustificado que, a su juicio, correspondían (foja 1 a 4 del cuaderno de pruebas relativo a las copias certificadas del expediente laboral 327/2016). 2. En auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas radicó la demanda con el expediente 327/2016, señaló fecha para la celebración de la audiencia del juicio y ordenó el emplazamiento de la demandada (foja 6 del citado cuaderno de pruebas). 3. Seguido que fue en su trámite, el seis de marzo de dos mil dieciocho, se dictó el laudo respectivo (fojas 102 a 118 del cuaderno de pruebas de referencia), el cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. La C. Ana Laura Sánchez Sánchez, sí acreditó en juicio la acción de reinstalación; en cambio la demandada Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, no acreditó sus excepciones y defensas; por consecuencia. SEGUNDO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas a reinstalar a la C. Ana Laura Sánchez Sánchez; como auxiliar administrativa adscrita a la Unidad de Acceso a la Información, de la Presidencia Municipal de Villa Hidalgo, Zacatecas, bajo los mismos términos y condiciones en los que se desempeñaba, hasta antes de su despido injustificado. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VII de esta resolución. TERCERO. Se ordena abrir incidente de liquidación, para el efecto de la condena a los montos de los incrementos salariales que se hayan otorgado en el lapso del primero de julio del año dos mil quince a la fecha, con fundamento en el artículo 238 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. CUARTO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $2,666.60 (dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 60/100 M.N), por concepto de vacaciones Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. QUINTO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $808.77 (ochocientos ocho pesos 77/100 M.N), por concepto de prima vacacional. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. SEXTO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $5,333.20 (cinco mil trescientos treinta y tres pesos 20/100 M.N), por concepto de aguinaldo del año dos mil dieciséis. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. SÉPTIMO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, a pagar a favor de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $71,064.89 (setenta y un mil sesenta y cuatro pesos 89/100 M.N), por concepto de salarios vencidos. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. OCTAVO. Se condena al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas a que realice las aportaciones de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S), desde el diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis y en la actualidad quede regularizado dicho pago y hecho lo anterior notifique a este tribunal; asimismo, que se condene a las aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro e informe a este tribunal sobre su cumplimiento. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. NOVENO. Se absuelve al Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, al pago de las aportaciones al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. Lo anterior conforme a lo señalado en el considerando VIII de esta resolución. DÉCIMO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, y en su oportunidad se archive el expediente como asunto total y definitivamente concluido.". 4. El treinta de abril de dos mil dieciocho, el apoderado legal del Municipio de Villa Hidalgo, promovió demanda de amparo directo en contra del laudo citado en párrafos que anteceden, señalándolo como acto reclamado y solicitó su suspensión (foja 1 a 18 del cuaderno de pruebas relativo a las copias certificadas de la carpeta de amparo 45/2018). 5. El dos de mayo siguiente, la magistrada responsable, mediante interlocutoria de esa fecha (foja 127 a 129 del cuaderno de pruebas relativo a las copias certificadas de la carpeta de amparo 45/2018), concedió la suspensión solicitada resolviendo lo siguiente: "PRIMERO.- Se concede la suspensión de la reinstalación de la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, solicitada por la parte quejosa Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, por conducto de su apoderado legal, hasta en tanto no sea resuelto en definitiva el presente juicio de amparo. SEGUNDO.- Se concede a la parte quejosa Municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, por conducto de su apoderado legal, se concede la suspensión del acto reclamado respecto del resto de la ejecución del laudo de seis marzo de dos mil dieciocho, condicionándose dicha suspensión a que la parte quejosa otorgue la cantidad de $55,874.06 (cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 06/100 M.N), correspondientes de cuantificar seis meses (180 días) que dilataría el juicio de garantías que se promovió, por el salario diario de la trabajadora la C. Ana Laura Sánchez Sánchez, la cantidad de $23,999.40 (veintitrés mil novecientos noventa y nueve pesos 40/100 m.n), que servirá para la subsistencia de la trabajadora, mientras se resuelve el presente juicio de amparo, previo el cumplimiento de los requisitos de efectividad a que, en términos de la presente resolución, queda sujeta, tal como quedó precisado en el considerando sexto de la presente resolución.". 6. La omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, promovido por la quejosa contra el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas constituye la materia de la presente litis constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que este juzgado advierta alguna de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor del concepto de violación hecho valer, sin que sea necesario transcribirlo, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El concepto de violación resulta ineficaz, como se argumentará a continuación. La quejosa sostiene, medularmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no ha dictado el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral número 327/2016. Al respecto, se tiene que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.).". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, los artículos 283 y 285 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 283.- Los laudos deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. La o el Secretario hará la certificación del plazo contado a partir de la notificación personal del laudo. Las partes podrán convenir en las modalidades del cumplimiento.". (Lo resaltado es propio de este juzgado). "Artículo 285.- Transcurrido el término señalado en el artículo 283, la o el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa.". (Lo resaltado es propio de este juzgado). De los enunciados normativos anteriores, se deduce que los laudos deben ejecutarse hasta que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo; y, solamente hasta que trascurra éste, a petición de parte, se dictará el auto de requerimiento de pago. Por tanto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, debe tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos marcados por la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. En el caso, del informe justificado y las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (quince de mayo de dos mil dieciocho), ya se encontraba promovida la demanda de amparo por la parte condenada en el laudo relativo, de ahí que, tal como se desprende de los numerales 283 y 285 Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas la autoridad responsable no estaba en posibilidad de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, como lo sostiene la parte quejosa. Lo anterior es así, pues es condicionante que para que ello pueda ocurrir, no debe haber promovida demanda de amparo, aunado a que, como se advierte de autos, existe una suspensión del acto reclamado decretada por la autoridad responsable, por lo que hace a la reinstalación y al resto de la ejecución del laudo. Entonces, la omisión de la responsable de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, no es violatoria de garantías en sí misma, por lo que es necesario que la impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral en que alega que no se ha dictado el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, a pesar de estar en estado procesal para ello, ya hubiera transcurrido el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo, situación que, se reitera, en la especie no aconteció. Por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que la junta laboral incurrió en demora al omitir dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016, promovido por la quejosa contra del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas y, por ende, que se conculque en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. En efecto, la omisión de la autoridad laboral está justificada desde el momento en que se acredita que el laudo no puede ejecutarse virtud a la promoción de la demanda de amparo por la parte condenada en éste, y a la existencia de una suspensión que no permite la ejecución del laudo dictado en el expediente natural. Consecuentemente, al resultar ineficaz el concepto de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, se niega la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Laura Sánchez Sánchez, contra el acto que reclamó de la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el primer auto de requerimiento de pago, reinstalación y auto de ejecución de hacer, dentro del juicio laboral marcado con el número 327/2016; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia."

  4. Principal

    El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, sin que se haya girado el oficio correspondiente al tercero interesado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas; por tanto, mediante oficio que derive de este auto, dese vista al mencionado tercero interesado con el informe de que se trata, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional, enviándole copia simple del mismo. Notifíquese. ...

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