Ana Laura Romero Soto

Expediente 1089/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1089/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Ana Laura Romero Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Causa estado auto que declara cumplida. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que, por una parte, se determinó sobreseer y por otra conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que la parte quejosa no exhibió ningún original a su escrito inicial de demanda, no es necesario requerirla para que lo recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior es así, pues adjuntó copia certificada de diversos documentos, por lo que en caso de que requiera la devolución de los mismos, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de catorce de enero de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó y se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "82. Por otro lado, ante la inconstitucionalidad de los artículos 52 Bis y 53 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como del diverso 57 de su Reglamento, se concede la protección constitucional para los siguientes efectos: A. Que no le sean aplicados a la parte quejosa ni en el presente, ni en el futuro, sino hasta en tanto sufran un cambio normativo los artículos 52 Bis y 53 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el diverso 57 de su Reglamento. B. Se dejen insubsistentes sus actos de aplicación, es decir, las foto-infracciones reclamadas. C. Se devuelva a la parte quejosa la cantidad de $8,932.00 ocho mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional) pagada por esas multas. 83. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hubieran sido señaladas como responsables en este juicio. 84. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144 del tomo XXV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2007 de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." 85. Finalmente, se precisa que la protección constitucional concedida no exime a la parte quejosa de respetar los límites de velocidad establecidos en las normas viales respectivas, ni impide a los agentes de vialidad la posibilidad de infraccionarla, siempre que su actuación no encuentre sustento en las normas generales que se declararon inconstitucionales. Mediante proveído de diez de febrero del año en curso, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables, para que informaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de veintidós de febrero siguiente la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Operaciones Policiales, así como de los Policías adscritos a dicha Dirección informaron lo siguiente: Se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa lo dispuesto en los artículos 52 Bis y 53 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el diverso 57 de su Reglamento, por lo que no le podrán ser aplicados hasta en tanto dichos numerales sufran un cambio normativo. Se dejaron insubsistentes y se cancelaron las boletas de infracción 12232166, 12323655, 12255569, 12278148, 12466258, 12265830, 12267726, 12333677, 12415315, 12438488, 12449715, 12497017 y 12501582. Se ordenó girar oficio a la Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, a fin de que: Girara sus instrucciones y se registrara el nombre de la quejosa Ana Laura Romero Soto, en el sistema desarrollado por la Dirección de Soluciones Tecnológicas de la Secretaría de Administración y con el sistema desarrollado por la Empresa Intecproof, sociedad anónima de capital variable, a fin de que no se genere en el futuro boletas de infracción. Ordenara se realice la devolución a la quejosa de la cantidad de $8,932.00 (ocho mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), pagada con motivo de las infracciones precisadas en líneas que anteceden. Giró oficio al Director Regional de Intecproof, sociedad anónima de capital variable, a fin de que no se generen en el futuro, boletas de infracción contra Ana Laura Romero Soto. Posteriormente, en proveído de siete de marzo del año en curso, la Directora de Asuntos Fiscales Litigiosos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla remitió copia certificada del oficio SPF-SI-CGENyASF-DI-dev181/2022, de veinticuatro de febrero del año en mención, del que se advierte que se declaró procedente la devolución a favor de la quejosa Ana Laura Romero Soto, por el monto de $8,280.00 (ocho mil doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional). No obstante, se le informó a la autoridad responsable, que la cantidad que se debía devolver a la quejosa era de $8,932.00 (ocho mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por lo que nuevamente se requirió el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el Encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales remitió copia certificada de la póliza de cheque 00168, por la cantidad de $652.00 (seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) -cantidad faltante-, recibido por la quejosa el veinticuatro del mes y año en cita. Así, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa lo dispuesto en los artículos 52 Bis y 53 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el diverso 57 de su Reglamento, por lo que no le podrán ser aplicados hasta en tanto dichos numerales sufran un cambio normativo, se dejaron insubsistentes y se cancelaron las boletas de infracción 12232166, 12323655, 12255569, 12278148, 12466258, 12265830, 12267726, 12333677, 12415315, 12438488, 12449715, 12497017 y 12501582 y se le devolvió la cantidad de $8,932.00 ocho mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional) pagada por esas multas. Con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de abril de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual informa que ya fue entregado a ... el cheque ... por la cantidad de ... y remite copia certificada de la constancia que lo acredita; se toma conocimiento de lo informado. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de marzo del año en curso se dio vista a la parte quejosa con las constancias con las cuales se acreditó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de abril de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Encargado de Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales, a través del cual informa que mediante diverso oficio ... hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós fue entregado a ... el cheque ... por la cantidad de ... Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, se tuvo por recibida la información a la que hace alusión la autoridad oficiante y se proveyó lo conducente. Cúmplase.

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