Ana Laura Hernandez Galindo

Expediente 615/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
615/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Ana Laura Hernandez Galindo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Una vez cumplido el término a que se refiere dicho artículo, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es conservable, por lo que una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes, no es necesario requerirlas para que los recojan. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 30 DE MAYO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia en el juicio tal como se procede a explicar. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Dicho lo anterior, para corroborar la improcedencia del juicio de amparo, se estima necesario traer a cuenta algunos de los antecedentes más relevantes del acto reclamado, que se desprenden del expediente del juicio natural, que obran tanto en el presente juicio de amparo y de su incidente de suspensión, que se invoca como hecho notorio, y que son los siguientes: De la copia certificada del expediente JOF/DJP/0215/2023/ GC, del índice de la autoridad responsable, que se recabó de oficio para mejor proveer, se destacan los antecedentes siguientes: El catorce de febrero de dos mi veintitrés, la Jueza responsable admitió la demanda de guarda y custodia en la vía oral sumarísima, promovida por José Alberto Colín Loredo, por propio derecho y en representación de la menor ********************, en contra de Ana Laura Hernández Galindo, y la radicó con el número de expediente JOF/DJP/0215/2023/ GC. En esa misma fecha, atendiendo a las manifestaciones realizadas por el actor, se le concedió la guarda y custodia provisional de su menor hija ********************, hasta en tanto se lleve a cabo la audiencia de conciliación, para lo cual se señalaron las catorce horas del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, y se previno al padre custodio que, en caso de no comparecer a dicha audiencia, se le revocaría la guarda y custodia; finalmente, se ordenó citar a la parte demandada Ana Laura Hernández Galindo El ocho de marzo de dos mi veintitrés, la Jueza responsable admitió la demanda de guarda y custodia y alimentos en la vía oral sumarísima, promovida por Ana Laura Hernández Galindo, por propio derecho y en representación de la menor ********************, en contra de José Alberto Colín Loredo, la radicó con el número de expediente JOF/DJP/0748/2023/A-GC, y decretó un régimen de visita y convivencia provisional de la menor con su madre no custodia. Del mismo modo que en el diverso expediente, se señalaron las catorce horas del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación. El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de conciliación en ambos procedimientos, la cual se declaró fracasada por falta de convenio entre las partes, y se llevó a cabo el emplazamiento de las partes al juicio. Mediante acuerdo del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro en las carpetas digitales ******************** y ********************, de su índice, ordenó recabar diversas pruebas a efecto de mejor proveer sobre la guarda y custodia provisional de la menor quejosa ********************, y señaló las once horas del nueve de mayo de dos mil veintitrés, para que se llevara a cabo una audiencia especial en la que se procedería a resolver de manera provisional su régimen de guarda y custodia. El nueve de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo una audiencia especial, en la que las partes ofrecieron pruebas a efecto de que se resolviera de manera provisional el régimen de guarda y custodia de la menor quejosa ******************** Finalmente, en audiencia de veintidós de mayo del presente año, la Jueza responsable ordenó la acumulación de las carpetas digitales ******************** y ********************, de su índice, y atendiendo a las pruebas ofrecidas en la audiencia anterior, fijó un régimen de guarda y custodia compartida de la menor quejosa ******************** Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar que en el presente asunto se cumplen los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En principio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó lo siguiente: El acuerdo dictado en la audiencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio oral familiar JOF/DJP/0215/2023/ GC, del índice del Juzgado Oral Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el que se otorgó la guarda y custodia provisional de su menor hija ********************, a favor de su padre José Alberto Colín Loredo. El acuerdo dictado en la audiencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio oral familiar JOF/DJP/0748/2023/A-GC, del índice del Juzgado Oral Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en específico, la parte en que negó la guarda y custodia provisional de la menor ********************, a la quejosa. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclaman las resoluciones dictadas en audiencias llevadas a cabo dentro de dos juicios de guarda y custodia, esto es, los actos reclamados derivan de un procedimiento jurisdiccional. En relación con el supuesto previsto en el inciso b), de las constancias que obran en autos, se advierte que a la fecha de presentación de demanda, no existía alguna resolución posterior a las que reclama la parte quejosa; no obstante, en audiencia de veintidós de mayo del presente año -fecha posterior a la presentación de la demanda-, la Jueza responsable ordenó la acumulación de las carpetas digitales ******************** y ********************, de su índice, y atendiendo a las pruebas ofrecidas en la audiencia de nueve de mayo pasado, fijó un nuevo régimen de guarda y custodia de la menor quejosa ******************** Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en la referida audiencia de veintidós de mayo del presente año, se modificó el régimen de guarda y custodia provisional decretado a favor del tercero interesado, pues en su lugar se estableció un régimen de guarda y custodia compartida, en los términos ahí precisados, el cual tendrá duración hasta que se resuelva el procedimiento de origen; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a las resoluciones inicialmente reclamadas, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, el actual régimen de guarda y custodia de la menor quejosa ********************, dentro de las carpetas digitales ******************** y ********************, del índice de la responsable. Finalmente, el requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre las resoluciones reclamadas y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la audiencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en la que se modificó el régimen de guarda y custodia provisional decretado a favor del tercero interesado, pues en su lugar se estableció un régimen de guarda y custodia compartida, en los términos ahí precisados, el cual tendrá duración hasta que se resuelva el procedimiento de origen. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre los actos que se reclaman en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda. En conclusión, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las once horas con veinte minutos del siete de junio de dos mil veintitrés. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y personalmente al tercero interesado.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Designación de representante coadyuvante. Visto el oficio y anexos recibidos vía correo electrónico del Procurador de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Sistema Estatal DIF, por conducto jefa del Departamento de Clínicas de Prevención y Atención del Maltrato, con los cuales informan que *** abogada adscrita a la Procuraduría oficiante, fue designada para que funja como representante coadyuvante de la menor de edad legal de iniciales D.A.A.L.; asimismo, anexa el escrito suscrito por la nombrada profesionista, mediante el cual proporciona sus datos generales; señala domicilio, número telefónico y correo electrónico; y, acepta y protesta el cargo conferido. En virtud de lo anterior, se le tiene aceptando y protestando el cargo otorgado. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que se señalan para tal efecto. Finalmente, glósense las copias de las constancias siguientes: Cédula profesional *** expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en favor de *** que la acredita como licenciada en derecho; y Gafete emitido a nombre de dicha profesionista por el Sistema Estatal DIF, con número de empleada ***. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. *** [autorizado en término amplios de la parte quejosa], interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar el citado recurso y correr traslado con copia del escrito de agravios; una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, es decir, obren las constancias de notificación a las partes del auto de esta fecha, en el plazo de tres días siguientes a ello, remítase el original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, con el escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, a fin de que se sirva sustanciarlo. Requiere acuses autoridades responsables foráneas. Al respecto, para facilitar la integración del recurso se requiere a las autoridades responsables, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la recepción de los oficios que al efecto se les giren, informen a este Juzgado la fecha en que recibieron las citadas comunicaciones oficiales y remitan copia certificada de las piezas postales siguientes: De la sentencia dictada en autos. B. El proveído referente al recurso de revisión; y, C. Remitan copia certificada de la pieza postal respectiva. Pudiendo remitir dicha información por los medios de comunicación siguientes: Correo electrónico institucional: 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx Fax: (222) 3-03-72-00 extensión 1526. Telegrama a la dirección: Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor número 82, piso 12, Ala Norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, código postal 72810. En el entendido de que en el caso de no cumplir con el requerimiento formulado se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción III, de la Ley de Amparo. Fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias necesarias. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, establece, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año en curso, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos en esa modalidad, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal de Alzada aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. Por otro lado, se hace de su conocimiento que ya se encuentra disponible la habilitación y vinculación de la versión electrónica del presente asunto, a fin de que pueda relacionarlo al amparo en revisión que corresponda. Notifíquese.

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