Ana Laura Robledo Pérez
Expediente 1069/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ana Laura Robledo Pérez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos que reclama del Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, fórmese y regístrese bajo el expediente 1069/2023-VII-B.********************Así, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. ********************Tramítese por separado el incidente de suspensión por haber sido solicitado.********************Requiérase a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, los cuales deberán rendirlo dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes; apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá a las omisas como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo.********************Se señalan las nueve horas con diez minutos del veinte de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la audiencia constitucional.********************En términos del artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley De Amparo. ********************Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que las notificaciones se les harán en términos de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo.********************De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación.********************Sobre el particular, es oportuno citar, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1253, intitulada: ********************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."****************************************Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, ********************, ********************, en esta ciudad.********************De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a ********************.********************En términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia autorizada de la demanda.********************Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa ofreciendo pruebas de su parte las que anexó en el escrito inicial de demanda, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en este asunto.********************Tal como lo dispone el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente. ********************Tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. ********************En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto y deberán ceñirse a la temporalidad prevista en el cardinal 24 de la ley de la materia.********************En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.********************Hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley.********************Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo.********************En ese orden, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en los numerales 125 y 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión solicitado, fórmese el expediente respectivo con copia simple de la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos que reclama al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, residentes en esta ciudad. Como lo ordena el numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables, su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, apercibiéndoles que de ser omisas, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4°, fracciones I, II y III, y 5°, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el referido informe previo, en términos del numeral 140 de la ley de la materia, se deberá concretar a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se señalan las diez horas con cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia en este incidente, con soporte en la fracción II, del ordinal 138 de la Ley de Amparo. Como punto de partida, debe tomarse en cuenta que la parte quejosa señala como actos reclamados de las autoridades responsables todos y cada uno de los autos, proveídos, resoluciones, diligencias, oficios, embargos y demás actos de autoridad emitidos dentro de algún juicio que desconoce, así como la posible orden de desposesión, lanzamiento y desalojo sobre el bien inmueble ubicado en ********************,********************, ********************, de esta ciudad, del cual afirma que es propietario. Previamente, al entrar al estudio de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, por la naturaleza jurídica de dichos actos, no queda duda de la improcedencia de la suspensión relativa a dichas autoridades, pues, además se trata de actos que revisten las características de consumados, por tanto, lo conducente en la especie es negar la medida cautelar que hoy nos ocupa, justamente, contra los actos de los que se duele la parte quejosa, pues aquellos ya se llevaron cabo, circunstancia que se tiene así dada la manifestación que aduce el propio quejoso en la demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1090, que aparece publicada en la página 156, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en el amparo se pronuncie." No obstante lo anterior, el suscrito Juez estima procedente conceder la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que no se ejecuten los actos reclamados a las autoridades responsables, especialmente, que no sea desposeído o desalojado del bien inmueble ubicado en ********************,********************, ********************, de esta ciudad, ello hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva en el presente incidente. Lo anterior es así, pues se colma, en principio, la exigencia que refiere la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, atinente a que la medida cautelar debe ser solicitada por la parte agraviada, situación que es más que suficiente para justificar, al menos indiciariamente, el interés jurídico de la parte quejosa para solicitar que se suspendan los efectos de los actos reclamados. Sobre este particular, es aplicable por similitud jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 410, del Tomo XI, Mayo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que aparece publicada con el texto: "SUSPENSIÓN PROCEDE DECRETARLA SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Si de autos se advierte que quien promueve el juicio de amparo es parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, es evidente el interés que le asiste en obtener la suspensión definitiva de dichos actos, y por tanto debe decretarse, pues en el juicio de garantías el interés jurídico de quien la solicita se surte, si es parte en el procedimientos del que derivan los actos que se impugnan; máxime cuando la autoridad de quien se reclaman admite la existencia de los mismos, y se satisfacen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo." De igual forma, orienta a lo enunciado, la tesis XX.43 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, Época actual, visible en la página 608, que así se lee: "SUSPENSIÓN. BASTA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO PARA TENER POR ACREDITADO PRESUNTIVAMENTE EL INTERÉS JURÍDICO DLA QUEJOSA EN EL INCIDENTE DE. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, para los efectos del incidente de suspensión, basta la presunción de certeza del acto reclamado para tener por acreditado presuntivamente el interés jurídico día quejosa y como tal obtener la suspensión en términos del artículo 124 y relativos del mismo ordenamiento legal; supuesto que, las limitaciones probatorias del incidente de suspensión, (artículo 131 de la ley de la materia) y la naturaleza misma de dicho incidente, no hacen posible, que en estos casos se exija prueba plena indubitable de la existencia de los actos reclamados, lo que sería materia en todo caso, del juicio en lo principal." También se satisface el diverso requisito que exige la fracción II, del artículo 128 de la Ley de la Materia, merced a que, con la medida suspensional la sociedad no recibe alguna afectación, ya que el acto materia del reclamo solo recae sobre el patrimonio del agraviado; ello, desde luego, en tanto se examine la constitucionalidad de éste. Sirve de apoyo también a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis jurisprudencial número I.3o.A. J/16, que se consulta en la página 383, del Tomo V, del mes de enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que a la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." De igual manera, la tesis de Novena Época, número V.2º.50 A., que aparece en la página 1125, del Tomo XI, correspondiente al mes de febrero del dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual es del rubro y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE PREJUZGAR SOBRE LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL SIN BASE OBJETIVA. Si la quejosa reclama ataques a sus derechos de propiedad y posesión, alegando que la autoridad administrativa la trata de desposeer de un predio por obstruir supuestamente la vía pública, empero en su demanda de garantías aduce que el inmueble que ocupa como de su propiedad no invade espacio público, el Juez de Distrito no puede, sin prueba en contrario, negar la suspensión provisional invocando que no se satisface el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo porque, en su concepto, de concederla se contravendrían disposiciones de orden público como son las contenidas en el capítulo II denominado del Uso de la vía pública del Reglamento de Construcción para el Centro de Población de Nogales, Sonora, además de que se obstaculizaría la libre circulación peatonal y vehicular, ya que ello es objeto de prueba durante el trámite del incidente de suspensión; pero además a lo que debe atenderse es precisamente lo que la quejosa argumenta respecto a que no obstruye la vía pública por ser el predio que ocupa propiedad privada, y debe atenderse a sus manifestaciones cuando no hay prueba en contra." Además, no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129, de la ley de la materia ni algún otro similar. En esa misma asociación de ideas y como ya se dijo, se concede la medida suspensional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que no se ejecuten los actos reclamados a las autoridades responsables, especialmente, que la parte quejosa no sea desposeída o desalojada del bien inmueble ubicado en ********************,********************, ********************, de esta ciudad, materia del juicio de origen, materia de la litis, ello hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva en el presente incidente. Sin perjuicio de lo expuesto, la medida cautelar que se concede, no surtirá efecto alguno, para el caso de que los actos reclamados ya hubieran sido ejecutados, previamente a la presentación de la demanda de amparo. En otro contexto, de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo pruebas de su parte, la documental que ofreció y anexo al escrito de demanda, la cual se cotejo con su original, y se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella, al momento de resolver sobre la suspensión definitiva solicitada. Por otra parte, advirtiéndose de la demanda de donde deriva el presente incidente de suspensión, que eventualmente pudiera existir una parte tercera interesada que puede sufrir daños y perjuicios con el otorgamiento de esta medida, con fundamento en lo establecido en el artículo 132, de la ley de la materia, dejará de surtirlos, si la parte quejosa, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, no exhibe garantía bastante para indemnizar los perjuicios que con la suspensión pudiera causarle al tercero interesado, la cual podrá otorgar en cualquiera de las formas permitidas por la ley, y que se fija por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100, moneda nacional), cantidad que se fija discrecionalmente, por carecer de mayores elementos para cuantificarla y que corresponde a los perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado, hasta en tanto se resuelve en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión. Además dicha garantía deberá contener los siguientes requisitos: la autoridad federal a quien va dirigida, el número de expediente a que corresponda y el concepto de exhibición. Asimismo, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito"; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 879 del referido Acuerdo General, la parte quejosa deberá cerciorarse de que la institución depositaria que emita el documento, haga constar el monto de la cantidad depositada, y que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. En el entendido que si la quejosa opta por exhibir la póliza de fianza, ésta deberá contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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