Ana Gloria Hernández Félix

Expediente 893/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
893/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Ana Gloria Hernández Félix

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, atendiendo que no existente documentos originales, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, destruirá este expediente y dentro de los treinta días naturales siguientes a su destrucción, se deberá remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a Cindy Bernal García, autorizada de la parte quejosa, solicitando la devolución de las documentales exhibidos junto al escrito inicial de demanda. Por tanto dígasele a la promovente que dichas documentales, ya fueron devueltas previa constancia de recibido que obra en autos. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas de asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, en el edificio del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados a Cindy Bernal García José Luis Jimarez Cabrera, Libertad Pinacho Martínez y Paola Janeth Siañez Heredia. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se autoriza el acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo que nos ocupa, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "BERNAL1408"; en virtud de ello, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Expedientes, que realice el alta respectiva en dicho sistema, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ana Gloria Hernández Felix y otros, por su propio derecho, contra actos de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, por considerarlos violatorios de las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense expediente físico y electrónico respectivamente; regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el expediente 893/2023-VI-A. Con el objeto de proveer lo conducente, se impone señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario, de manera indudable y manifiesta, se desecha de plano la demanda de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario" En ese orden, la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley. Ahora, cabe precisar que el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en que a toda petición formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, deberá recaer una contestación también por escrito y congruente con lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene todo individuo para acudir ante las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como derecho humano en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. Bajo esa óptica, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a los intereses del gobernado, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia1 de rubro siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS". Asimismo, la diversa jurisprudencia de título: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS". Ahora, si bien es cierto que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. En efecto, el artículo 8° Constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Así, se considera que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8° Constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta a la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con el registro digital: 2009511, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.1o.A.E.63 A (10a.), que es del contenido siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado." Entonces, por los razonamientos expuestos, como se adelantó, de una interpretación progresiva, el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Por tanto, para establecer la omisión a dicho derecho humano, deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad, técnica jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que la autoridad haya llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. De modo que, si la parte quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el catorce de agosto y luego el siete de septiembre del presente año, en tanto que la demanda de amparo fue presentada el día veinte de septiembre de dos mil veintitrés, y turnada a este juzgado el día siguiente, es evidente que no ha transcurrido el término considerado como razonable a efecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, ya que es evidente que a la fecha sólo han transcurrido un mes, ocho días, así como dieciséis días, respectivamente, desde su presentación; además de que los cuatro meses a que se ha hecho referencia se cumplirían el catorce de diciembre de dos mil veintitrés y seis de enero de dos mil veinticuatro; por tanto, se considera que el breve término a que alude el artículo 8° constitucional aun no transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 767, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Así como la tesis de registro digital: 2009510, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.1o.A.E.64 A (10a.), que reza lo siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito." Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, la omisión reclamada no existe pues, como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente, para que la autoridad responsable analice la solicitud planteada por el quejoso, de contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo" En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo promovida por Ana Gloria Hernández Felix y otros, contra actos de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario; y, 113 de la Ley de Amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio particular para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano