Ana Laura Quintero Amador
Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ana Laura Quintero Amador
- Juez de Oralidad Penal Y Ejecucion de la Region Judicial Centro, Liszet del Carmen Fuentes Trueba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR La protección constitucional se concedió para que la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Liszet del Carmen Fuentes Trueba con sede en Puebla, Puebla, dentro del plazo de tres días posterior a la notificación de haber causado ejecutoria la sentencia realizara lo siguiente: "Emitir un proveído mediante el cual deje insubsistente la determinación de dos de febrero de dos mil veintitrés reclamada, y en su lugar, emita otra en la que con base en los razonamientos vertidos en la presente sentencia revoque el contenido del auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés y señale nueva fecha para el desahogo de la audiencia de control judicial previo 607/2022/CJP/PUEBLA, así mismo, deberá citar a la víctima y su asesor con las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y para el caso de que únicamente se presente el asesor jurídico a dicha audiencia no podrá imponer sanción procesal alguna por ello". CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, mediante oficio 19901/2023/JC la responsable informó que emitió la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 607/2022/CJP/PUEBLA, a través de la cual: Dejó sin efecto la determinación de dos de febrero de dos mil veintitrés; Emitió la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, a través de la cual resolvió revocar el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro de la la carpeta judicial administrativa 607/2022/CJP/PUEBLA. Mediante oficio 22033/2023/JC, remitió las constancias de notificación realizada a las partes respecto de la resolución de quince de mayo del año en curso. Sin que pase desapercibida la última porción de la concesión de amparo en la que señaló que ".para el caso de que únicamente se presente el asesor jurídico a dicha audiencia no podrá imponer sanción procesal alguna por ello." pues ello se encuentra supeditado a que el asesor de la víctima concurra a la audiencia sin la compañía de la víctima, lo que en su caso, ocurrirá el día que se señaló para que tenga verificativo la audiencia demérito, por lo cual se reitera a la responsable tal aspecto que se incluyó en la sentencia de amparo. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Toda vez que no se aperturó cuaderno incidental por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino del mismo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Esta se realiza en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es CONSERVABLE de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso a), porque se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir de hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada.
- Principal
Puebla, Puebla, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Liszet del Carmen Fuentes Trueba, con un anexo por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con el diverso con registro 7903, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda. Notifíquese; electrónicamente al quejoso y por oficio a la autoridad tercera interesada.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL****************************************En Puebla, Puebla, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo 191/2023, promovido por ******************** en su carácter de asesor jurídico de ********************en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien actúa asistido de Laura Dolores Rivera Arellano, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. ********************Al efecto, la Secretaria da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto.********************A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar.********************Enseguida, con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia se abre el periodo probatorio, en donde se hace relación de las constancias remitidas por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, consistentes en copias certificadas de carpeta administrativa ********************de su índice, así como las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de nueve de marzo de dos mil veintitrés, a lo que el Juez provee: se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas remitidas por la responsable en virtud de su propia y especial naturaleza, ahora bien, por cuanto hace a las documentales anexadas al escrito de nueve de marzo de dos mil veintitrés, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación ******************** no ha lugar a tener por admitidas dichas probanzas, ello en virtud de que de conformidad con el numeral 75 de la Ley de Amparo el acto reclamado deberá ser probado tal y como fue emitido por la responsable, de ahí que si las documentales ofertadas no se tomaron en consideración para la emisión del acto tildado de inconstitucional, no ha lugar a ser tomadas en cuenta para la resolución del presente asunto, así, sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra la etapa respectiva.********************Luego, una vez abierta la fase de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la paz, la seguridad y las garantías de las personas de la Fiscalía de Investigación Metropolitana los expresó, por lo que el Juez ordena que sean tomados en consideración al momento de resolver, así mismo al no haber más alegatos que reproducir se cierra este periodo.****************************************A continuación, se dicta la siguiente sentencia.****************************************Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 191/2023, promovido por ******************** en su carácter de asesor jurídico de ********************, contra un acto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; y,****************************************Resultando.****************************************Primero. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y turnado ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ******************** en su carácter de asesor jurídico de ********************promovió juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, consistente en la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de la carpeta administrativa********************, por el cual resolvió declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por el hoy quejoso, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Segundo. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés este juzgado federal registró la demanda como juicio de amparo ********************, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, así como la diversa a la que reviste el carácter de tercera interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede.****************************************CONSIDERANDO.****************************************PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues los actos reclamados por grado es del conocimiento de un juez de distrito, por materia es de naturaleza penal y, porque fue presentado en las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.****************************************SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I , de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, a partir de lo cual se precisa los actos reclamados a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, consisten en:****************************************La resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro de la carpeta administrativa********************, por el cual resolvió revocar parcialmente el proveído emitido el veintisiete de enero del año en curso.****************************************TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Jueza de Control reconoció expresamente la certeza del acto reclamado al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con la copia cotejada de las constancias relativas a la carpeta administrativa ********************de las cuales se desprende la existencia del acto reclamado. ****************************************Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, por tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones.****************************************CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación de la parte quejosa.****************************************Para sustentar lo anterior, conviene realizar un breve resumen de los antecedentes de caso a resolver, ello con el propósito de evidenciar el contexto en el que se emitió el acto reclamado.****************************************De las copias autorizadas de la carpeta judicial administrativa********************, se obtiene que el asesor jurídico de la aquí quejosa promovió recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida dentro de la carpeta de investigación ********************del índice de la agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la paz, la seguridad, las garantías de las personas.****************************************A dicha solicitud recayó el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual, entre otras cosas se ordenó formar el expedientillo relativo al control judicial previo ********************y se tuvo a ********************, ostentándose como asesor jurídico de ********************dentro de la carpeta de investigación ******************** por lo que se señalaron las once horas del siete de noviembre de dos mil veintidós a fin de que tuviera verificativo la audiencia solicitada.****************************************Llegada la data señalada la encargada de sala hizo constar la falta de asistencia de las partes a la audiencia solicitada, posteriormente, el nueve de noviembre del año referido se tuvo al asesor jurídico justificando la falta de asistencia a la audiencia en comento, por lo que se fijaron las diez horas del veintiséis de enero del dos mil veintitrés para el verificativo de ésta, previniendo tanto al asesor jurídico como a la víctima que de no comparecer nuevamente, se les tendría desistidos de su petición.****************************************Así, el veintiséis de enero de dos mil veintitrés la encargada de sala hizo constar que no compareció la agente del Ministerio Público y que únicamente lo hizo el asesor jurídico de la víctima a la audiencia programada, quien firmó dicha certificación.****************************************En esa misma fecha se recibió el escrito presentado por la representante social el nueve de enero del año en curso en la Oficialía de Partes del Centro de Justicia, por medio del cual promovió recurso de revocación en contra del proveído emitido el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por lo que en ese acto se resolvió no revocar el auto combatido.****************************************Posteriormente, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés se dio cuenta con el escrito de la representante social presentado el veintiséis de enero a las nueve horas con cincuenta y seis minutos, según el sello de recibido por medio del cual solicitó el diferimiento de la audiencia programada para el día veintiséis del referido mes y año, pues se encontraba pendiente de resolver el recurso de revocación que promovió en contra del auto en el que se señaló dicha fecha de audiencia.****************************************En el acuerdo de referencia se estableció que toda vez que no se pudo celebrar la audiencia del día anterior en virtud de la incomparecencia de la agente del Ministerio Público, el asesor jurídico y de la víctima, (estos dos últimos de manera injustificada), la Jueza hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de la parte victimal y la tuvo por desistida de su pretensión, de ahí que declaró sin materia el control judicial previo.****************************************En contra de dicha determinación el asesor jurídico interpuso recurso de revocación que resolvió el dos de febrero del año en curso y se determinó revocar el auto combatido únicamente por cuanto hace a la certificación de inasistencia del asesor, pues en autos se aprecia que este sí compareció.****************************************Sin embargo, nada se mencionó en lo relativo a declarar sin materia el control judicial previo tramitado, (agravio que sí fue planteado por el asesor jurídico de la víctima), pues la Jueza se limitó a establecer que si bien es cierto en el trámite del medio de control judicial se tuvo al referido asesor ostentándose con tal carácter, lo cierto es que no constaba manifestación alguna de la víctima en tal sentido, por lo que si bien es cierto el asesor jurídico de la víctima se encuentra legitimado para promover el medio de control, también lo es que debe obrar ratificación de la víctima respecto del nombramiento de tal asesor, también porque al desconocer los registros de la investigación no se tiene certeza respecto del carácter que le reviste.****************************************Esta determinación es la que constituye la materia de análisis de la presente sentencia de amparo.****************************************Ahora bien, de lo narrado se advierte que la Jueza responsable, al dictar la determinación de dos de febrero de dos mil veintitrés, en lo conducente, invocó los preceptos legales contenidos en los numerales 110 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.****************************************Respecto del primero señaló que toda vez que las actuaciones promovidas únicamente han sido signadas por el asesor sin que exista manifestación expresa por parte de la víctima, en apego al numeral 110 que establece que "En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico. las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado." con apego a su facultad de vigilar y proteger que los derechos de la víctima no sean violados, y si hasta la fecha ********************no manifestó ni ratificó la representación del asesor jurídico que promueve en su nombre, así mismo que era necesaria su presencia en dicha audiencia.****************************************Circunstancia por la cual, la requirió mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós para que se presentara ante la Jueza de Control, apercibiéndola que de no comparecer a audiencia se le tendría por desistida de su pretensión, sin que el asesor jurídico justificara tal ausencia.****************************************Por lo que invocó el contenido del numeral 258 de la ley procesal de la materia al señalar que ". el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación."****************************************Y señaló que si bien es cierto el asesor jurídico se encuentra legitimado para promover el control judicial previo, consideró que la víctima debe ratificar tal nombramiento así como la pretensión planteada por éste.****************************************Es este razonamiento el que se califica de violatorio de los derechos fundamentales de la víctima del delito, específicamente el derecho de acceso a la justicia y la garantía de impugnar las decisiones del Juez.****************************************Se explica.****************************************Los artículos 17 y 20, apartado C, inciso I, II y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:**************************************** "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.********************Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.".******************** "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.]********************C. De los derechos de la víctima o del ofendido:********************I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;********************II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.********************VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño."********************El dispositivo constitucional en los artículos antes transcritos establece, por un lado, el derecho de los justiciables a contar con una tutela judicial efectiva; lo que se traduce en que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a las personas el acceso a la justicia, que consiste en que todas tengan la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y de promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas.****************************************Así, uno de los requisitos del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, e inclusive una formalidad esencial del procedimiento, es el acceso a los medios ordinarios de defensa que establece la ley a favor del gobernado. ****************************************Entonces, el derecho a la tutela jurisdiccional, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita -esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.****************************************Por otra parte, el artículo 20 antes transcrito establece el derecho de las víctimas, en particular a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el ministerio público, intervenir en el juicio e interponer los recursos previstos en la legislación aplicable e impugnar la determinación del agente del Ministerio Público relativas al no ejercicio de la acción penal.****************************************Respecto a este último aspecto, conviene destacar el contenido del artículo 12 de la Ley General de Víctimas, que establece: ****************************************"Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:********************[.]********************IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;********************V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;********************XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, ********************[.]"****************************************Por otra parte, los artículos 17, 109, 110, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: ********************Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. ********************El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo.********************La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.********************Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado."****************************************"Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:********************XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código;.********************XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;."****************************************"Artículo 110. Designación de Asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. ********************Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. ********************La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. ********************En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. ********************El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor."****************************************"Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación********************El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.********************El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda."********************"Artículo 466. Trámite********************El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas:******************** I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o******************** II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite.********************La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta."****************************************Del contenido de éstos se desprende, en primer lugar el derecho de la víctima a contar con un asesor jurídico en todas las etapas del procedimiento, los derechos que tiene la víctima durante el procedimiento penal, quien es parte dentro del procedimiento y por ende, puede ejercer toda una gama de derechos en el mismo, los cuales nunca serán inferiores a los del imputado, siendo los de relevancia al caso concreto, intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, así como impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación.****************************************También se advierte que es derecho de las víctimas designar a un Asesor jurídico en cualquier etapa del procedimiento, quien tendrá la facultad de actuar en su representación en cualquier etapa del procedimiento, y finalmente se desprende que el asesor intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor.****************************************En otro orden de ideas, los restantes artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la procedencia, objeto, trámite y forma de resolver el recurso de revocación en el proceso penal acusatorio.****************************************Respecto del primero, el recurso de revocación es procedente en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación.****************************************Su objeto es que el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la determinación correspondiente.****************************************Así mismo, del numeral 459 se desprenden cuáles son las resoluciones que la víctima u ofendido puede impugnar, entre ellas se destacan tres, las que versan sobre la reparación del daño, las que pongan fin al proceso y las que se produzcan en la audiencia de juicio.****************************************Ahora, el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mismo que la parte quejosa pretendía que fuera revocado deriva de la solicitud presentada por ésta en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, control judicial que solicitó contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación en la cual le reviste el carácter de asesor jurídico de la víctima.********************Asimismo, de la determinación reclamada se advierte que la autoridad se limitó a establecer que al no haber comparecido personalmente la víctima del delito y al no estar en aptitud de verificar el carácter del asesor jurídico requería de la presencia de la víctima directa información para poder pronunciarse respecto del trámite de dicho control judicial, lo cual limitó a la peticionaria de amparo a ejercer su derecho de acceso a la justicia y violentó su derecho fundamental protegido constitucionalmente como víctima dentro de una carpeta de investigación.********************Ello, pues la responsable generó un obstáculo a la víctima para que pudiera impugnar la determinación de no ejercicio emitida por el agente del Ministerio Público, pues condicionó conocer y resolver el recurso innominado a que se presentara directamente la víctima para que ratificara el nombramiento de su asesor, requisito que carece de sustento jurídico y por ende vulnera el derecho de acceso a la justicia, al generar una condición que no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales.********************En efecto, de la legislación aplicable al caso concreto se desprende que las víctimas tienen derecho de nombrar a un asesor jurídico durante cualquier etapa del procedimiento penal, quien tiene facultades de actuar en representación de las víctimas, así como impugnar diversas actuaciones u omisiones del Ministerio Público, estableciéndose además que el actuar del asesor jurídico se llevará a cabo en las mismas condiciones que las del Defensor del imputado, ello en virtud del principio de igualdad de las partes en el proceso penal.********************Sin que de la normativa se exija a la víctima que deba ratificar el nombramiento de asesor que haya realizado previamente ante el Ministerio Público o bien, en una etapa previa del proceso.********************En efecto el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el derecho de la víctima de designar asesor en cualquier etapa del procedimiento, esto es, en la etapa de investigación sea inicial o complementaria, en etapa intermedia o bien, en la etapa de juicio, ello en términos del numeral 211 de la legislación penal aplicable.********************Empero, la norma no exige que deba ratificar la designación de asesor ante el Juez de Control si ese nombramiento lo hizo ante el representante social.********************Por lo que cual es ilegal la determinación a la que arribó la Jueza al declarar sin materia el control propuesto por quien se ostentó como asesor jurídico, más aún al señalar que dicha actuación estaba encaminada a velar por los derechos de la víctima, pues es indudable que combatir la determinación de no ejercicio de la acción penal es una actuación de importancia trascendental a los derechos de ésta, y las consecuencias de declarar sin materia el control judicial propuesto en virtud de que ésta no asistió personalmente a audiencia cuando su asesor si acudió la deja en estado de indefensión.****************************************Máxime que la calidad de asesor es un aspecto que en su caso debió ser materia de control horizontal por parte del agente del Ministerio Público a través de la contradicción, de ahí que en la resolución impugnada la Jueza se extralimitó en sus funciones, vulnerando la igualdad de las partes.********************No es óbice que en efecto a través del auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós la Jueza requirió al asesor y víctima para que comparecieran a la audiencia de control que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los apercibió que de no comparecer nuevamente a la audiencia programada se les tendrá desistidos de su pretensión, sin embargo ese apercibimiento es desproporcionado de acuerdo a lo que se explicó previamente, y por consecuencia la determinación que declara sin materia el medio de impugnación es una consecuencia desproporcional.********************Conviene recalcar el contenido del numeral 258 se establece que para resolver en definitiva el control judicial promovido en contra de la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, (en el caso específico), el Juez convocará a una audiencia y citará a la víctima u ofendido y conforme a los derechos de representación que ya se establecieron es posible concluir que el asesor jurídico cuenta con legitimación para asistir en representación de ésta a la audiencia.****************************************Afirmar lo contrario sería el equivalente a dejar en estado de indefensión a la parte solicitante, puesto que equivaldría a negarle el acceso a un recurso judicial efectivo, circunstancia que es incompatible con el contenido de los numerales 17 y 20 constitucionales, así como de los artículos transcritos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Víctimas en los que se establecen los derechos de la víctima, entre los que se destaca el derecho de impugnar toda resolución que pudiera afectar sus derechos.********************Máxime que será el profesional del derecho quien exponga los fundamentos de derecho en contra de la determinación emitida por el representante social cuya revocación se persigue, pues es éste quien cuenta con los conocimientos técnicos para hacerlo.********************De esa manera, se concluye que la determinación de dos de febrero de dos mil veintitrés reclamada transgrede lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo, de la constitución así como el artículo 20, apartado C, inciso II, del mismo ordenamiento; en concordancia con lo previsto en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y el artículo 12, fracciones IV y V, de la Ley General de Victimas, al limitar el derecho de la víctima para acceder a los medios de impugnación previstos en la legislación aplicable violentando su derecho a un recurso judicial efectivo.****************************************En tales condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación de la quejosa lo procedente en conceder el amparo solicitado para los siguientes efectos.********************QUINTO. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La Jueza de Control de la Región Judicial Centro ******************** con sede en Puebla, Puebla, dentro del plazo de tres días posterior a la notificación de haber causado ejecutoria la presente sentencia deberá:********************Emitir un proveído mediante el cual deje insubsistente la determinación de dos de febrero de dos mil veintitrés reclamada, y en su lugar, emita otra en la que con base en los razonamientos vertidos en la presente sentencia revoque el contenido del auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés y señale nueva fecha para el desahogo de la audiencia de control judicial previo********************, así mismo, deberá citar a la víctima y su asesor con las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y para el caso de que únicamente se presente el asesor jurídico a dicha audiencia no podrá imponer sanción procesal alguna por ello.********************SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término.********************Por lo expuesto y fundado, se ****************************************R e s u e l v e.****************************************PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** en su carácter de asesor jurídico de ********************, contra el acto reclamado a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla; consistente en la determinación de dos de febrero de dos mil veintitrés emitido en el control judicial previo********************, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia y para los efectos establecidos en el diverso quinto. ********************SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. ********************Notifíquese, y de manera electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista con el informe justificado del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, ********************, por lo que las partes no han tenido conocimiento del mismo con la anticipación de ocho días en términos del párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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