Ana Laura García Piñataro

Expediente 453/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
453/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Ana Laura García Piñataro

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, a diez de julio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de veinte de junio del año en curso, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Glósese a los presentes autos, el cuaderno incidental único, derivado del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa. VALORACIÓN Y DESTINO DEL EXPEDIENTE Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha clasificado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes: 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción I), porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo tercero. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, puesto que no los exhibió. 2. Incidente de suspensión único. Con relación al cuaderno único del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con el citado numeral 20, fracción III), del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. Glósese al expediente principal sin alterar el folio. ANOTACIÓN EN CARATULAS Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Puebla, Puebla, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo 453/2023, promovido por +++++, yo Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de Mónica Grisell Hernández Velázquez, secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. La secretaria da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia se abre el periodo probatorio, en donde se hace constar que ninguna parte las ofreció y no existe alguna que deba desahogarse; con ello, se cierra la etapa respectiva. Luego, una vez abierta la fase de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los expresó, con ello, se cierra este periodo; a continuación, tomando en consideración todo lo actuado, se dicta la siguiente sentencia. Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 453/2023, promovido por +++++, por derecho propio, contra actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA y otras. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por demanda presentada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés ante este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, +++++++, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra el acto reclamado al ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO, y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión, así como su ejecución, por considerarlo violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo y la registró con el número 453/2023; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de esta adscripción; finalmente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 23/2015 y 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados, de naturaleza penal, se atribuyen con ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción, lo cual surte su competencia material y territorial; mientras que su competencia por grado se actualiza al corresponderle conocer del juicio de amparo indirecto en primera instancia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, a partir de lo cual se precisa que el acto reclamado lo constituye, la orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO. Todas las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos reclamados, mismos con los que se dio vista al impetrante del amparo a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido. A pesar de lo anterior, la parte quejosa no aportó probanza alguna que fuera apta para desvirtuar dichas negativas, aun cuando le correspondía la carga de probar su existencia en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que los actos reclamados a las autoridades resulten inexistentes. Sin que obste a lo anterior, que el Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado informó mediante oficio a este órgano jurisdiccional, lo siguiente: ".CJ.A 1430/2020/PUEBLA: dentro de la cual, la Abogada Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control y de Ejecuciones de la Región Judicial Centro con sede en el Estado de Puebla, en fecha 01 de agosto de 2020 decretó orden de aprehensión, por los hechos con apariencia de delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que se libró orden de orden de aprehensión. Ahora bien, se manifiesta que en fecha dieciséis de febrero de 2023, la hoy quejosa promovió amparo 255/2023 del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se encontraba pendiente por resolver dicho juicio y a su vez suspendiendo la ejecución de la orden de aprehensión en contra de la quejosa librada en fecha 01 de agosto de 2020. Ahora bien, dicho órgano jurisdiccional se pronunció en sobreseer dicho amparo 255/2023 en fecha 26 de abril de la presente anualidad; por lo que se libró orden de aprehensión contra la hoy quejosa en fecha 27 de abril del presente año, por lo que se llevó a cabo audiencia en fecha 28 de abril del año en curso, dentro de la cual se llevó a cabo formulación de imputación y vinculación a proceso dentro de la cual se resolvió no vincular a proceso a la hoy quejosa." "CJ.A 1403/2020/PUEBLA, dentro de la cual, la Abogada Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control y de Ejecuciones de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, fue quien conoció de dicha carpeta por los hechos con apariencia de delito de extorsión, dentro de la cual en fecha 8 de septiembre de 2021 se calificó de ilegal la detención, por lo que decretó archivo definitivo de la carpeta en mención." Pues de los antecedentes antes relatados no se advierte que exista la orden privativa de libertad reclamada por la parte quejosa. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. Luego, toda vez que la parte quejosa omitió ofrecer prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, en relación con la existencia de los actos reclamados, emerge la causal de sobreseimiento prevista en la invocada disposición legal, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sirve de base para la anterior precisión, la tesis jurisprudencial con datos de localización siguientes: "Sexta Época. Registro: 1002350. Instancia: Pleno. Jurisprudencias. Fuente: Apéndice 1917- Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento. Materia: Común. Tesis: 284. Página: 305. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por +++++++++, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 453/2023. APERTURA DE INCIDENTES Con fundamento en el artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, tramítese por separado el incidente de suspensión por así haberse solicitado y fórmese el expediente único. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, dicho auto se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciba el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como autoridades ordenadoras a diversos Jueces adscritos al Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sedes en puebla y Cholula, así como a los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por economía procesal y atento a los constantes cambios de adscripción y suplencia por el goce de los periodos vacacionales, a fin de evitar mayores dilaciones en perjuicio de las partes y privilegiar el principio de tutela jurisdiccional efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, se requiere al Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado y al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, para que en ejercicio de su función administrativa, previa búsqueda de antecedentes en la base de datos de la Casa de Justicia Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado y del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, respectivamente, rindan el informe justificado requerido en párrafos precedentes a los Jueces adscritos a dicha casa de justicia y al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. Apercibidas las autoridades antes mencionada, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se les impondrá a cada una de ellas, una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a la autoridad responsable para que realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado; en el entendido que de no hacerlo de esta manera, únicamente le será recibido de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ubicado en: Calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dese la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita ********************, con acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario ********************, y a través del mismo, notifíquesele electrónicamente este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente, ello porque así lo solicitó mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, agregado al expediente Varios 1/2023 de este juzgado federal, lo que se invoca como un hecho notorio. En el entendido que el acceso al expediente electrónico es una herramienta que le permite allegarse de la demanda y demás actuaciones. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable y de las constancias que acompañe al mismo se advierta la existencia de dicha parte. Con independencia de lo anterior, se requiere al juez responsable para que, en caso de existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra de la parte quejosa, en el improrrogable término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal: 1.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de los Fiscales o agentes del Ministerio Público que solicitaron orden restrictiva de libertad, o formularon imputación o intervienen en el proceso penal instruido en contra de la aquí parte quejosa. 2.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos en el proceso penal instruido en contra del citado quejoso, así como los datos de localización de los profesionistas que funjan como asesores jurídicos. Lo anterior, a fin de que puedan ser emplazados al presente juicio de amparo con el carácter que les corresponde. En el entendido que de no existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra del quejoso, es innecesario atender el plazo previsto en este apartado y, tal inexistencia, deberá manifestarla al rendir su informe justificado. Apercibido que de incumplir con lo ordenado en este apartado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. AUTORIZADOS Por otra parte, téngase por autorizado a ******************** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables ejecutoras -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y VÍA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO.

  4. Incidental

    Puebla, Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 453/2023, promovido por Ana Laura García Piñataro, por derecho propio, contra los actos que reclama del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138, 140 y 147 de la Ley de Amparo y el artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, tramítese el incidente de suspensión, formándose únicamente el expediente original. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan para la celebración de la audiencia Incidental las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, bajo su más estricta responsabilidad, respecto de todos y cada uno de los actos reclamados por la parte quejosa. Anexándoles para tal efecto, copia simple de la demanda de amparo; apercíbase a las autoridades responsables que de no rendir el indicado informe en el término que para tal efecto se les concede, de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien unidades de medida y actualización, con valor diario a la fecha. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como autoridades ordenadoras a diversos Jueces adscritos al Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sedes en puebla y Cholula, así como a los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por economía procesal y atento a los constantes cambios de adscripción y suplencia por el goce de los periodos vacacionales, a fin de evitar mayores dilaciones en perjuicio de las partes y privilegiar el principio de tutela jurisdiccional efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, se requiere al Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado y al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, para que en ejercicio de su función administrativa, previa búsqueda de antecedentes en la base de datos de la Casa de Justicia Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado y del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, respectivamente, rindan el informe previo requerido en párrafos precedentes a los Jueces adscritos a dicha casa de justicia y al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. Apercibidas las autoridades antes mencionada, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se le impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a la autoridad responsable para que realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado; en el entendido que de no hacerlo de esta manera, únicamente le será recibido de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ubicado en: Calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA A AUTORIDADES JUDICIALES QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Previo a fijar los alcances de la suspensión provisional respecto a la orden de aprehensión reclamada, resulta importante destacar que el artículo 166 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128. Es decir, la ley de la materia, en el numeral indicado, prevé las formas en que debe concederse la suspensión cuando, vía amparo, se reclame orden de aprehensión, reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad por autoridad competente. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, al resolver el caso García Rodríguez y otros Vs. México, abordó el análisis de dos figuras establecidas en la normatividad mexicana, en lo que interesa, la de prisión preventiva. Respecto a dicha medida, realizó un análisis ponderado sobre su compatibilidad con la Convención Americana, concluyendo: 174. Por estos motivos, este Tribunal encuentra que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, los cuales fueron aplicados en el presente caso (supra párr. 164), contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Esos serían los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). En esa medida, la Corte concluye que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Por tal motivo, dispuso, por unanimidad de votos, en su punto 14, que el Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, en los términos de los párrafos 292 y 293, 295 a 299 y 301 a 303. Así mismo, concluyó: 303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En ese contexto, atendiendo a que en términos del artículo 1 constitucional, corresponde a este juzgado realizar el estudio y análisis ex officio sobre la convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, en el caso particular, el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece el efecto que debe imprimirse a la suspensión cuando se reclame una orden de aprehensión, dictada por autoridad competente, si el delito trae aparejada prisión oficiosa, supuesto en el cual el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. No obstante, tal previsión deviene inconvencional, en tanto, como se precisó en la parte transcrita, la Corte Interamericana determinó que el artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa viola distintos derechos establecidos en la Convención Americana, como son los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). De ahí que atento a la obligación impuesta en el párrafo 303 de la citada resolución, se considera que dicho precepto debe inaplicarse; pues de conceder la suspensión para el efecto de que la parte quejosa, una vez que sea detenida quede a disposición de este juzgado por lo que ve a su libertad personal, generaría una afectación a sus derechos humanos antes indicados, además de que se generaría un trato desigual ante la ley, entre la personas que reclaman una orden de aprehensión respecto de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, respecto de los que reclaman una orden de aprehensión por un delito que sí amerita dicha medida cautelar, en franca violación al principio de igualdad que prevé el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, en acatamiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en un ejercicio ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL hasta en tanto se resuelve sobre la definitiva, para el efecto siguiente: Si la orden judicial está motivada tanto por delitos que impliquen o no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, pues de lo contrario, se sometería al quejoso a las consecuencias derivadas de su detención en franca violación a los derechos cuyo análisis desarrolló la Corte Interamericana en la sentencia transcrita. Apoya tales consideraciones la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024159 Instancia: Pleno Undécima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 2/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo I, página 7 Tipo: Jurisprudencia CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga. Finalmente, no se soslaya que el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 293/2011, sustentó la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006224 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 20/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202 Tipo: Jurisprudencia DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. De la cual se desprende el reconocimiento por parte de ese Alto Tribunal de la prevalencia de las restricciones constitucionales expresas al ejercicio de los derechos humanos. No obstante, en la sentencia de la Corte Interamericana que se cita, sobre dicho tópico se establece: 176. Lo anterior resulta aún más problemático debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México en la contradicción de tesis 293/2011, por medio de la cual aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentra las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, según indicó el perito José Ramón Cossío Díaz, "los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y en el expediente varios 1396/2011, so pena de ser sancionados, sin que puedan plantear su desavenencia o cuestionar los criterios del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte". Además, según ese perito, al aceptarse que las restricciones constitucionales prevalecen frente a los derechos de fuente convencional y a la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "se hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que fortaleciera el principio pro-persona. [.] Lo anterior, genera que los alcances de la tutela judicial en México en los mecanismos de control de detención, revisión por vías ordinarias y mediante juicio de amparo de las detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, sean ineficaces al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro-persona". En ese sentido y de conformidad con esa interpretación, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. 177. En cuanto a lo anterior, corresponde recordar que este Tribunal ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales tienen en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, como última intérprete última de la Convención. De tal manera, es evidente que la sentencia transcrita privilegia la observancia de los derechos humanos derivados de los tratados internacionales suscritos por México, como en el caso es la Convención Americana, respecto de la cual se ha confrontado el contenido del artículo 166 de la Ley de Amparo, resultando su inaplicabilidad al transgredir diversas normas de aquella. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD En este supuesto, la medida cautelar surte sus efectos, con independencia de que el hecho o hechos por los que se dictó la orden reclamada amerite o no prisión preventiva oficiosa; pero dejará de hacerlo si la parte quejosa incumple lo siguiente: a) Con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, deberá otorgar garantía a disposición de este juzgado de Distrito, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos cero centavos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito a su nombre o en póliza de fianza, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta Ciudad, nombre del Agente o Agentes en esta plaza, y la expresión de que la Compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio, para lo cual se le precisa que su recepción física se hará en las instalaciones de este juzgado, en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas con treinta minutos, o en el buzón judicial instalado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, ubicado en avenida Osa Menor número Ochenta y Dos, planta baja, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810; lo que deberá hacer dentro del plazo de TRES DÍAS. En el entendido de que el monto de la garantía se fija de manera discrecional, además de que de la lectura íntegra de la demanda no se desprenden los elementos que prevén las tres fracciones del artículo 168 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior que el último párrafo del referido artículo, señale que no se exigirá cuando la suspensión únicamente tenga como efecto que el quejoso quede a disposición de este juzgador por lo que hace a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. Sin embargo, en el presente caso la suspensión tiene mayores efectos a los señalados en el artículo 163 de la referida ley, puesto que se ordena a la parte quejosa que comparezca ante el juez responsable para continuar el procedimiento y no sea privado de su libertad personal en los términos establecidos bajo el control de convencionalidad. b) Con fundamento en los artículos 166 y 168 de la Ley de la Materia, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena al impetrante comparecer dentro del término de TRES DÍAS o en el día y hora señalados, ante el juez de la causa y ponerse a su disposición, con el fin de llevar a cabo la audiencia inicial en la cual se le harán saber sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad, se formulará la imputación respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito y se le dará la oportunidad de declarar, si así lo desea, entre otros supuestos; lo anterior, de conformidad con el artículo 307 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que conozca el informe previo, en el cual se reconozca la existencia del acto reclamado. Audiencia inicial que se deberá llevar a cabo en la hora y fecha que al efecto fije la autoridad responsable de acuerdo a su agenda. c) Presentarse ante el órgano judicial responsable para la continuación del procedimiento o procedimientos penales seguidos en su contra, cuantas veces sea requerido para ello. d) Cumplir con las medidas cautelares que el Juez pueda imponer, a solicitud del Ministerio Público o víctima, de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional del Procedimientos Penales, a excepción de la prisión preventiva, dado que por lo que ve a su libertad personal, está a disposición de este juzgado, por lo cual la autoridad responsable no podrá imponer dicha medida. e) Asimismo, la parte quejosa queda obligada a acreditar dentro del término de cinco días, el exacto cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) que antecede. APERCIBIMIENTO A LA QUEJOSA Apercíbase a la parte quejosa, que de incumplir estos requisitos, con fundamento en los artículos 136, párrafo segundo y 166, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión será revocada de oficio o ante el aviso de la responsable de que ha incumplido las obligaciones derivadas del proceso penal. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la medida suspensional concedida a su favor no surtirá efecto si las órdenes son materia de diverso juicio de amparo o ésta se encuentra gozando de la medida cautelar decretada en diverso incidente de suspensión REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Ahora bien, en caso de resultar ciertos los actos reclamados, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, se requiere a la autoridad responsable ordenadora para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe a este juzgado lo siguiente: 1.- El número de carpeta de investigación o proceso penal generador de los actos reclamados; 2.- El hecho o hechos que se imputan al quejoso, su naturaleza (dolosa o culposa), los artículos que lo previenen y el bien jurídico tutelado; 3.- La fecha en que se cometió el delito o delitos atribuidos a la parte quejosa; 4.- La fecha en que fue dictada la orden de privativa de libertad; Lo anterior, conforme a los datos contenidos en las actuaciones que integren la averiguación previa o causa penal generadora del acto reclamado según corresponda; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa equivalente a SESENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COPIAS Ahora bien, por lo que se refiere a la solicitud de copias de la presente determinación se hace de su conocimiento que atento a que por auto de esta misma data dentro del cuaderno principal se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado para tal efecto; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente, las cuales son consideradas copias certificadas electrónicamente al contar con la correspondiente evidencia criptográfica. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda párrafo segundo del Acuerdo General comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. NOTIFÍQUESE.

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