Ana Laura Pérez Hidalgo

Expediente 1557/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1557/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2016

Partes del expediente

  • Ana Laura Pérez Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa; por medio del cual, acusa de recibo el oficio 29639/2016 del índice de este Juzgado, e informa que se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo, competencia legal declinada por este Juzgado. En virtud de lo anterior, al no existir diligencia alguna por practicar, se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, los presentes autos son susceptibles de DESTRUCCIÓN dentro del término de seis meses contados a partir de esta fecha, al haberse determinado que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento del asunto. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...VI

  2. Principal

    V i s t o el escrito de cuenta, signado por la quejosa, por medio del cual, da contestación y cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de los corrientes y al efecto, se provee: Vista la demanda de amparo presentada por la quejosa con residencia en Villahermosa, Tabasco y otras autoridades y conforme a lo expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER de dicha demanda, pues se estima que su estudio corresponde al Juez de Distrito en turno del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en virtud de las siguientes consideraciones: La parte quejosa señala como actos reclamados: La privación ilegal de la libertad de su persona, así como la medida de protección y/o aseguramiento del menor Massimo Fernando Gómez Pérez, con fines de restitución para entregarlo a su progenitor José Fernando Gómez Vértiz, ejecución que se pretende hacer a través de las autoridades que señala como responsables todas con residencia en Villahermosa, Tabasco, sin embargo, este Juzgado Federal, carece de competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De lo anterior, se advierte que si la quejosa reclama una orden privativa de libertad en su persona y el aseguramiento del menor Masimo Fernando Gómez Pérez, con fines de restitución, actos que por su naturaleza requieren de ejecución material, pues, tratándose de la libertad personal, ésta puede ser restringida por diversas causas, como lo son: la orden de aprehensión, la detención, la prisión preventiva, arresto y la pena, por lo que es inconcuso que para fijar la competencia debe estarse a las reglas a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, para los supuestos en que la determinación reclamada tenga ejecución material, que como ya se apuntó puede presentar las dos vertientes aludidas. Virtud de lo anterior, como ya se dijo, este Juzgado de Distrito estima que, en el caso, carece de competencia para continuar conociendo del asunto, ya que, es evidente que tanto la orden de privación ilegal de la libertad, así como la orden de aseguramiento con fines de restitución del menor quejoso, reclamadas, que se atribuyen a las autoridades enunciadas del número 1 al 32 (autoridades ordenadoras), y de las señaladas del número 1 al 25 (autoridades ejecutoras), con residencia en distintos municipios de Tabasco son actos que requieren ejecución material, por lo tanto, sus consecuencias jurídicas tendrán lugar en Tabasco, esto es, fuera del territorio en que este juzgado Federal ejerce jurisdicción. Aunado a que se señalaron como responsables ordenadoras y ejecutoras, a diversas autoridades con sede en distintos municipios de Tabasco, quienes en el ámbito de sus funciones tienen competencia dentro del territorio en que ese juzgado ejerce jurisdicción. De lo narrado se colige que la orden de privación de la libertad y la de aseguramiento de menor con fines de restitución, no tendrá ejecución dentro del espacio territorial que a este Juzgado Federal le reserva el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; aunado a que tampoco se advierte que los actos reclamados hayan iniciado su ejecución en esta ciudad. Es aplicable al caso concreto, la tesis relacionada con la jurisprudencia número cuatrocientos cuatro, visible a foja seiscientos noventa y cinco, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que dice de la siguiente manera: "COMPETENCIA EN AMPARO. Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el Juez de Distrito del lugar donde resida la autoridad de quien emana el acto". No se soslaya considerar el hecho de que, aun cuando la quejosa señala que tiene su domicilio en esta ciudad, lo cierto es que ello no implica que se surta competencia a favor de este Órgano Jurisdiccional, pues, debe atenderse al lugar donde se encuentran las autoridades ejecutoras, que en el caso, lo es en el Estado de Tabasco. Es aplicable al caso, la tesis número VI. 2o 20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Febrero de 1996, Materia Común, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS." E inclusive, atendiendo al lugar donde la quejosa señala se pretenden ejecutar los actos reclamados, se arriba aún más a la conclusión de que este Juzgado no es competente para conocer del asunto, pues señala que ello se pretende ejecutar en el domicilio ubicado en la calle de Pigua número 254, en la Colonia Espejo II, Municipio del Centro en Villahermosa, Tabasco. Resulta aplicable al particular, la jurisprudencia por contradicción 1ª./J 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 383, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional se considera legalmente incompetente para resolver este asunto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el juicio de amparo 1557/2016-VI al Juez de Distrito en turno en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa; por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados. Se solicita al Juez receptor, se sirva manifestar si acepta o no la competencia planteada a su favor, así como el acuse de estilo...VI

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *****, por su propio, contra actos del Director General de Investigación y otras autoridades, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1557/2016-VI, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN En esa virtud, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con los siguientes requerimientos: 1).- Con fundamento en el artículo 8 de la Ley de amparo, deberá señalar si la demanda que nos ocupa la promueve únicamente por su propio derecho o también a nombre y representación de su menor hijo, y en caso afirmativo, deberá exhibir copia certificada del acta de nacimiento del menor; en virtud de que la misma, por tratarse de un presupuesto procesal, corresponde al infrascrito analizarla, desde la presentación de la demanda, pues ya de manera posterior, existe impedimento para revisarla. Sirve de apoyo la tesis número 336, visible en la página 284, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." O bien, en caso de que el menor tenga más de catorce años, éste deberá hacer la designación de un representante en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo. 2.- Del mismo modo, y con fundamento en la fracción II del artículo 114 y 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, deberá precisar si las autoridades ordenadoras que señalada del número 1 al 14, así como las autoridades ejecutaras indicadas en el capítulo respectivo con el número 1 al 5, de la demanda que nos ocupa, tienen residencia en el Estado de Querétaro. 3.-Por último, tendrá que exhibir copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, ello en términos del ya mencionado artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento, en el término otorgado, a lo solicitado en el inciso 1 del presente requerimiento, se continuara el trámite de la presente demanda de amparo únicamente por la quejosa Ana Laura Pérez Hidalgo, de no dar cumplimiento al segundo requerimiento formulado con el número 2, se presumirá que dicha autoridades tienen residencia en el Estado de Querétaro y de no desahogar lo solicitado en el numeral 3, no se tendrán por desahogados los anteriores requerimientos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo precisada por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el proemio de su escrito de demanda, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derecho con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 en relación con el 120, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...VI

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