Ana Laura Muñoz Silva

Expediente 1396/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1396/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Ana Laura Muñoz Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Devolución de anexo. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obre la copia certificada que se formó en un anexo, que remitió la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, como complemento a su informe con justificación, devuélvase las mismas a dicha autoridad; sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la ley de la materia. -----------, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen tal carácter: a).- El H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO, con domicilio oficial en la Unidad Administrativa Lic. Ángel Rodríguez Solórzano, ubicado en la avenida 5 de febrero número 218 oriente de esta ciudad. b) La SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, con domicilio en calle Independencia 135, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. IV.- ACTO RECLAMADO. Del H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO, se reclama el acuerdo dictado siendo las diez horas del día veintidós de octubre de dos mil diecinueve por el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO, en el expediente número 31/2011, en lo tocante a: "De lo anterior se colige que ni las participaciones ni las aportaciones que reciben los ayuntamientos serán embargables o se podrán afectar salvo las excepciones que se señalan en el artículo 13 del ordenamiento anteriormente citado; supuesto que no se actualiza en el presente caso ya que no se trata de una obligación contraída en términos de la Ley de Coordinación fiscal por lo que resulta improcedente la solicitud plantada por la actora relativa a la retención de fondos peticionada a la Secretaría de Finanzas atendiendo lo anteriormente expuesto" En sentencia dictada el veintiuno de enero de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó en el juicio y, en otra, se negó el amparo impetrado; contra tal determinación se interpuso recurso de revisión y en resolución dictada el tres de junio de este año, en el amparo en revisión 21/2020, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, modificó la sentencia; al efecto estableció que la peticionaria de tutela federal adujo que el tribunal de conciliación responsable infringió en su perjuicio los numerales 55, fracciones III y IV, 142, 143, 144 y 146 de la Ley de los Trabajadores de los Tres Poderes al Servicio del Estado. Se expuso que el tribunal responsable incurrió en falta de exhaustividad al emitir la determinación controvertida y, por tanto, incumplió su deber de gestionar la materialización de la condena. Que, aunado a ello, en el derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto por el referido artículo 17 de la Carta Magna, también se comprende la prerrogativa de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; que en concordancia con ese principio fundamental, el precepto 145 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, conmina al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, para lo cual deberá dictar todas las medidas procedentes. Indicó que en el caso, la trabajadora Ana Laura Muñoz Silva, reclamó el proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable se limitó a señalar que del análisis de los ordinales 9 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como 12 y 13 de la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones en Materia Fiscal Estatal, se concluìa que ni las participaciones ni las aportaciones que reciben los ayuntamientos son embargables ni podrían ser afectadas, salvo lo dispuesto por el referido artículo 13, pero no se actualiza el supuesto en el contenido porque no se trata de una obligación contraída de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, acuerdo que carece de exhaustividad. Señaló el tribunal colegiado, que la emisión de esa determinación obedeció a la petición de la actora en torno a la retención de la partida especial del presupuesto de egresos, creada en términos de la fracción IV del arábigo 55 de la legislación burocrática local, así como al informe rendido por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado respecto de la solicitud de auxilio para ese fin. Que entonces, aun cuando el tribunal responsable se pronunció respecto a la inembargabilidad de las participaciones y partidas federales y estatales que recibe el municipio demandado, lo cual no es materia de controversia por parte de la actora, pues como se denotó en el capítulo de antecedentes, en escrito de treinta de agosto de dos mil dieciocho, fue expresa en señalar que el numerario que satisfaga la condena se deberá tomar de los recursos que el municipio demandado obtiene de distintos ingresos destinados a hacer frente a sus obligaciones laborales; lo cierto es que, omitió dictar una determinación respecto de la petición de retener el numerario que el municipio enjuiciado tenga destinado para cumplir con cargas derivadas de las relaciones laborales con sus empleados, en términos de la fracción IV del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango. Ello en atención a que nada manifestó en relación con lo expuesto por la dependencia estatal, en el sentido de que carece de competencia para informar si el municipio de San Dimas, Durango, cuenta con una partida presupuestaria correspondiente, así como que en la página oficial de internet de la Secretaría de Finanzas y de Administración se publican mensualmente las estimaciones de las participaciones que reciben los ayuntamientos. Que, por ende, era claro que el acuerdo impugnado carecía de exhaustividad, en la medida que el tribunal laboral no dirimió la aludida pretensión de la actora, a la luz de la manifestación de la Secretaría de Finanzas y Administración en el sentido de estar imposibilitada para conocer si el Ayuntamiento de San Dimas, Durango, cuenta con una partida presupuestal para el mencionado fin, y en concordancia incluso, con su determinación de quince de octubre de dos mil dieciocho, en la que afirmó que "la Secretaría de Finanzas y de Administración no es quien autoriza el presupuesto de Egresos de los Municipios, ya que esa facultad recae en el Ayuntamiento". Indicó que en esas condiciones, era evidente que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango vulneró el derecho fundamental contenido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República, lo que conduce a modificar la sentencia recurrida y en su lugar, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de dicha autoridad, para el efecto de que la responsable: Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y dicte otro en el que: Reitere los razonamientos relativos a la inembargabilidad de las partidas y participaciones que reciben los ayuntamientos. Se pronuncie con plenitud de jurisdicción, sobre la pretensión de la actora, concerniente a que se retenga el monto de la condena, de la partida presupuestal creada para cumplir con las obligaciones adquiridas por el municipio como consecuencia de un despido injustificado, en términos de la fracción IV del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Tres Poderes del Estado de Durango. Por ello, se requirió al tribunal responsable procediera a cumplir la sentencia y mediante oficio --------------recibido el veintinueve de junio del año en curso, el tribunal responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el veinticinco de ese mes y año, en el que dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, estableció que en relación con la petición de la parte actora, en el sentido de que se retuviera de la partida especial del presupuesto de egresos, creada en términos de la fracción IV del arábigo 55 de la ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, la secretaría de finanzas informó que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, en sus artículos 2 y 145, fracción II, establece la autonomía y libertad de administración de hacienda; que de la misma manera, el precepto 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que: "Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [.] IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley" Que atendiendo a lo anterior, la responsable señaló que quedaba claro que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado en efecto está imposibilitada para conocer si la demandada Ayuntamiento de San Dimas, cuenta con partida presupuestal para dar cumplimiento a las cargas derivadas de las relaciones laborales en términos del artículo 55, fracción IV, de la ley estatal, por lo que dicha secretaría no puede realizar retención alguna, ya que como está establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, la libre administración de la hacienda municipal corresponde al municipio mismo, es decir, el Estado no tiene injerencia en cuanto a la administración hacendaria; que por lo que respecta a que en el página oficial de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración, se publican mensualmente las estimaciones de las participaciones que reciben los ayuntamientos, en nada beneficia a lo solictado por el actor, ya que como anteriormente se dijo, es el Ayuntamiento el directamente encargado de elaboración del presupuesto de egresos con base en las participaciones que reciben, por lo que resulta improcedente la solicitud de la actora, reltiva a la retención de fondos peticionada a la secretaría de finanzas. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya desahogado la misma. En ese tenor, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria, ya que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la misma, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que si bien órgano jurisdiccional sobreseyó y negó el amparo peticionado, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, modificó tal determinación para conceder el amparo solicitado; por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. En apoyo a esta determinación, se invoca el criterio siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE.- Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva" Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen tal carácter: a).- El H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO, con domicilio oficial en la Unidad Administrativa Lic. Ángel Rodríguez Solórzano, ubicado en la avenida 5 de febrero número 218 oriente de esta ciudad. b) La SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO, con domicilio en calle Independencia 135, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. IV.- ACTO RECLAMADO. Del H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO, se reclama el acuerdo dictado siendo las diez horas del día veintidós de octubre de dos mil diecinueve por el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE DURANGO, en el expediente número 31/2011, en lo tocante a: "De lo anterior se colige que ni las participaciones ni las aportaciones que reciben los ayuntamientos serán embargables o se podrán afectar salvo las excepciones que se señalan en el artículo 13 del ordenamiento anteriormente citado; supuesto que no se actualiza en el presente caso ya que no se trata de una obligación contraída en términos de la Ley de Coordinación fiscal por lo que resulta improcedente la solicitud plantada por la actora relativa a la retención de fondos peticionada a la Secretaría de Finanzas atendiendo lo anteriormente expuesto" En sentencia dictada el veintiuno de enero de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó en el juicio y, en otra, se negó el amparo impetrado; contra tal determinación se interpuso recurso de revisión y en resolución dictada el tres de junio de este año, en el amparo en revisión 21/2020, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, modificó la sentencia; al efecto estableció que la peticionaria de tutela federal adujo que el tribunal de conciliación responsable infringió en su perjuicio los numerales 55, fracciones III y IV, 142, 143, 144 y 146 de la Ley de los Trabajadores de los Tres Poderes al Servicio del Estado. Se expuso que el tribunal responsable incurrió en falta de exhaustividad al emitir la determinación controvertida y, por tanto, incumplió su deber de gestionar la materialización de la condena. Que, aunado a ello, en el derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto por el referido artículo 17 de la Carta Magna, también se comprende la prerrogativa de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; que en concordancia con ese principio fundamental, el precepto 145 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, conmina al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, para lo cual deberá dictar todas las medidas procedentes. Indicó que en el caso, la trabajadora Ana Laura Muñoz Silva, reclamó el proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable se limitó a señalar que del análisis de los ordinales 9 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como 12 y 13 de la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones en Materia Fiscal Estatal, se concluìa que ni las participaciones ni las aportaciones que reciben los ayuntamientos son embargables ni podrían ser afectadas, salvo lo dispuesto por el referido artículo 13, pero no se actualiza el supuesto en el contenido porque no se trata de una obligación contraída de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, acuerdo que carece de exhaustividad. Señaló el tribunal colegiado, que la emisión de esa determinación obedeció a la petición de la actora en torno a la retención de la partida especial del presupuesto de egresos, creada en términos de la fracción IV del arábigo 55 de la legislación burocrática local, así como al informe rendido por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado respecto de la solicitud de auxilio para ese fin. Que entonces, aun cuando el tribunal responsable se pronunció respecto a la inembargabilidad de las participaciones y partidas federales y estatales que recibe el municipio demandado, lo cual no es materia de controversia por parte de la actora, pues como se denotó en el capítulo de antecedentes, en escrito de treinta de agosto de dos mil dieciocho, fue expresa en señalar que el numerario que satisfaga la condena se deberá tomar de los recursos que el municipio demandado obtiene de distintos ingresos destinados a hacer frente a sus obligaciones laborales; lo cierto es que, omitió dictar una determinación respecto de la petición de retener el numerario que el municipio enjuiciado tenga destinado para cumplir con cargas derivadas de las relaciones laborales con sus empleados, en términos de la fracción IV del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango. Ello en atención a que nada manifestó en relación con lo expuesto por la dependencia estatal, en el sentido de que carece de competencia para informar si el municipio de San Dimas, Durango, cuenta con una partida presupuestaria correspondiente, así como que en la página oficial de internet de la Secretaría de Finanzas y de Administración se publican mensualmente las estimaciones de las participaciones que reciben los ayuntamientos. Que, por ende, era claro que el acuerdo impugnado carecía de exhaustividad, en la medida que el tribunal laboral no dirimió la aludida pretensión de la actora, a la luz de la manifestación de la Secretaría de Finanzas y Administración en el sentido de estar imposibilitada para conocer si el Ayuntamiento de San Dimas, Durango, cuenta con una partida presupuestal para el mencionado fin, y en concordancia incluso, con su determinación de quince de octubre de dos mil dieciocho, en la que afirmó que "la Secretaría de Finanzas y de Administración no es quien autoriza el presupuesto de Egresos de los Municipios, ya que esa facultad recae en el Ayuntamiento". Indicó que en esas condiciones, era evidente que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango vulneró el derecho fundamental contenido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República, lo que conduce a modificar la sentencia recurrida y en su lugar, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de dicha autoridad, para el efecto de que la responsable: Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y dicte otro en el que: Reitere los razonamientos relativos a la inembargabilidad de las partidas y participaciones que reciben los ayuntamientos. Se pronuncie con plenitud de jurisdicción, sobre la pretensión de la actora, concerniente a que se retenga el monto de la condena, de la partida presupuestal creada para cumplir con las obligaciones adquiridas por el municipio como consecuencia de un despido injustificado, en términos de la fracción IV del artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Tres Poderes del Estado de Durango. Por ello, se requirió al tribunal responsable procediera a cumplir la sentencia y mediante oficio --------------recibido el veintinueve de junio del año en curso, el tribunal responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el veinticinco de ese mes y año, en el que dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, estableció que en relación con la petición de la parte actora, en el sentido de que se retuviera de la partida especial del presupuesto de egresos, creada en términos de la fracción IV del arábigo 55 de la ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, la secretaría de finanzas informó que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, en sus artículos 2 y 145, fracción II, establece la autonomía y libertad de administración de hacienda; que de la misma manera, el precepto 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que: "Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [.] IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley" Que atendiendo a lo anterior, la responsable señaló que quedaba claro que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado en efecto está imposibilitada para conocer si la demandada Ayuntamiento de San Dimas, cuenta con partida presupuestal para dar cumplimiento a las cargas derivadas de las relaciones laborales en términos del artículo 55, fracción IV, de la ley estatal, por lo que dicha secretaría no puede realizar retención alguna, ya que como está establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, la libre administración de la hacienda municipal corresponde al municipio mismo, es decir, el Estado no tiene injerencia en cuanto a la administración hacendaria; que por lo que respecta a que en el página oficial de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración, se publican mensualmente las estimaciones de las participaciones que reciben los ayuntamientos, en nada beneficia a lo solictado por el actor, ya que como anteriormente se dijo, es el Ayuntamiento el directamente encargado de elaboración del presupuesto de egresos con base en las participaciones que reciben, por lo que resulta improcedente la solicitud de la actora, reltiva a la retención de fondos peticionada a la secretaría de finanzas. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya desahogado la misma. En ese tenor, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria, ya que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la misma, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que si bien órgano jurisdiccional sobreseyó y negó el amparo peticionado, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, modificó tal determinación para conceder el amparo solicitado; por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. En apoyo a esta determinación, se invoca el criterio siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE.- Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva" Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio electrónico SIGNADO POR EL Subprocurador Fiscal, de la Secretaría de Secretaria de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; y en cuanto a su contenido, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de garantías, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con dicho oficio, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico, con el usuario "+++++". Notifíquese personalmente.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano